Tenemos lo que nos merecemos

En el mes de agosto de 1707, cuatro meses después de la Batalla de Almansa y dos meses después de que Felipe V aboliera los Fueros valencianos –también los aragoneses– mediante el Decreto de Nueva Planta, el Ayuntamiento de Valencia redactó un memorial para solicitar al Borbón la devolución de las leyes propias, al menos las que regían el derecho privado desde hacía más de cuatro siglos. Felipe V recibió el 4 de septiembre el memorial con las razones por las que resultaba contraproducente amén de innecesario despojar a los valencianos de las normas que regían su vida para implantar las de Castilla. Ocho días tardó el monarca en responder y lo hizo con la detención e ingreso en prisión de los dos promotores del memorial, el jurado Pedro Luis Blanquer y el letrado José Ortí. Blanquer y Ortí no eran sospechosos de ser maulets, sino todo lo contrario, eran significados botiflers, lo que da idea del malestar que causó la abolición.

Quizá Rajoy fue consciente de que éramos muchos, pero no todos. O de que éramos unos pocos y a la mayoría le daba lo mismo. En definitiva, fue consciente de que somos valencianos

Por causas que solo cabe atribuir a la idiosincrasia de los valencianos y no a la parte contraria, la historia de nuestras reivindicaciones ante ‘Madrid’ desde entonces, mandase un rey o un gobierno, fuese materia de las cortes generales o de los tribunales, es una sucesión de fracasos si se comparan los resultados con los de otros territorios que también se resistieron al centralismo a la francesa.

De los reinos de la Corona de Aragón que perdieron los fueros por ser austriacistas en lugar de borbónicos, todos recuperaron una parte de ellos excepto el de Valencia, y no porque no lo intentase una y otra vez, como recordaba Javier Palao en un artículo hace tres meses. Si a Aragón, Cataluña y el Reino de Mallorca se les devolvió y a Valencia no, es obvio que el problema no estaba tanto en la Corte como en casa.

La última desfeta se ha producido la segunda quincena de abril y se hará publica esta primera semana de mayo. Mientras los valencianos volvíamos a la guerra de banderas con motivo de la celebración del 25 d’Abril –un amigo americano me preguntó una vez por qué los españoles somos tan aficionados a conmemorar las derrotas–, mientras miles de personas salían a la calle y entraban en la plaza de toros para reivindicar "la llengua i la cultura", mientras los jacobinos de Ciudadanos se envolvían en la senyera, los doce miembros del Tribunal Constitucional –ninguno valenciano– decidían, ante la indiferencia general, fulminar la competencia para legislar en materia civil que Les Corts habían recuperado en 2006. Todo indica que volveremos a regirnos por las leyes de Castilla, eso sí, en valenciano.

Tan ocupados estábamos con el problema de la financiación autonómica o el corredor mediterráneo, banderas aparte, que descuidamos lo más urgente. Nadie se acordó el 25 d’Abril de que lo que estaba en peligro de extinción inminente era esto, y no la lengua, la cultura o el presupuesto de la Generalitat.

Uno se pregunta si Mariano Rajoy fue consciente de que muchos valencianos habían pedido a través de sus instituciones la retirada de los recursos de inconstitucionalidad. Quizá fue consciente de que éramos muchos, pero no todos. O de que éramos unos pocos y a la mayoría le daba lo mismo. En definitiva, quizá fue consciente de que somos valencianos.

La defensa del derecho civil era y es una cuestión política. El Constitucional tendrá muy bien argumentada su sentencia contra la competencia de Les Corts, pero argumentos jurídicos a favor había de sobra. Hay hasta libros. Debía negociarse políticamente, había que convencer al Gobierno de que la competencia de la que disfrutábamos los valencianos desde 2006 no socava la unidad de España por la sencilla razón de que otras seis comunidades autónomas tienen reconocido ese mismo derecho.

Lo pidieron Les Corts, más de 50 ayuntamientos y Ximo Puig por carta –tarde, el 21 de abril–; lo pidieron, aseguran, Isabel Bonig y el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. El autor de estas líneas preguntó por teléfono y por escrito el 6 de abril al Gobierno central si había alguna posibilidad de que el Ejecutivo de Rajoy retirase los recursos. Tras el acuse de recibo y después de insistir, la respuesta fue la siguiente: "Hemos dado curso debido a su solicitud al Departamento correspondiente y en cuanto tengamos una contestación nos pondremos en contacto con usted". Hasta hoy.

No nos engañemos, la meritoria campaña de la Associació de Juristes Valencians (AJV), de la que Valencia Plaza ha venido informando casi en solitario durante meses, no tuvo el respaldo suficiente, no hubo un clamor, no hubo unidad.  

DADA LA SENSIBILIDAD QUE DEMUESTRAN EN LA CAPITAL DE ESPAÑA HACIA LOS SENTIMIENTOS ALLENDE LA M-40, NO SERÍA DE EXTRAÑAR QUE EL FALLO LLEVASE FECHA DE 25 DE ABRIL, PARA ENGRANDECER LA 'FIESTA'

Esta primera sentencia del Constitucional y el probable fallo en el mismo sentido en las otras dos otras leyes recurridas por el Estado tendrá consecuencias para los valencianos. En la práctica, será molesto para quienes quieran separación de bienes tener que pasar por la notaría, quienes se hayan casado sin capitulaciones desde 2008 probablemente tengan que acudir también al notario para tener las cosas claras –a no ser que el TC despeje las dudas sobre las consecuencias de la sentencia-, se perderán algunas cláusulas de protección para menores y mayores en el seno del matrimonio y volveremos por la puerta de atrás a la regulación anterior de la custodia compartida, para alegría de Manolo Mata y de muchas mujeres que pedían la derogación de la ley valenciana.

Pero nada será tan grave como la pérdida del derecho a legislar que el Constitucional sí reconoce a otras seis comunidades, entre ellas las del resto de la antigua Corona de Aragón.

Esta semana se publicará la sentencia. Dada la sensibilidad que demuestran en la capital de España hacia los sentimientos allende la M-40, no sería de extrañar que llevase fecha de 25 de abril, para engrandecer la 'fiesta'.