VALÈNCIA. La resaca electoral y el período veraniego empujan a considerar septiembre como el mes de ponerse manos a la obra tras la reciente formación gobierno. Una de las tareas a la que deberá dedicar sus esfuerzos el Ayuntamiento de València es la regulación del sharing, el sistema de alquiler de vehículos compartidos. Y uno de sus pilares son las tasas que el consistorio quiere implementar para gravar el uso de la vía pública que hacen las empresas operadoras para llevar a cabo esta actividad.
Cuando se empiecen a aplicar, el consistorio prevé recaudar anualmente un montante de 700.000 euros, una estimación “conservadora”, según fuentes municipales, que se ha realizado a nivel global, sin distinguir entre lo que supondrían los coches compartidos, las motos o los patinetes. La ordenanza fiscal que establece este impuesto ya está preparada. Sólo requiere ser aprobada.
Diseñada ya por la concejalía de Hacienda, dirigida por el edil Ramón Vilar, se pretendía aprobar en Junta de Gobierno en junio. Sin embargo, el responsable de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, prefirió suspender su aprobación con el propósito de revisarla antes junto con la concejalía de Seguridad Ciudadana para evitar problemas a posteriori. Así, tras el período estival, la idea es que se apruebe en la primera quincena de septiembre junto con las otras ordenanzas fiscales.
Así, se prevé que estas tasas se empiecen a aplicar en 2020 y la proyección de recaudación se incluiría en el capítulo de ingresos de los presupuestos de dicho ejercicio. Ahora bien, lo cierto es que no se podrá empezar a cobrar hasta que no exista una ordenanza sustantiva que regule la actividad en sí, y que depende de las concejalía de Espacio Público y Movilidad. Un aspecto importante para ello es conocer cuántos vehículos de cada tipo puede absorber la ciudad. Con todo, es complicado que dicha normativa esté lista antes de empezar el próximo año, por lo que la aplicación de las tasas puede quedar en el aire y acabar modificándose la recaudación final.
La ordenanza fiscal que se quiere aprobar establece una tasa anual de 60 euros por patinete eléctrico y monociclos o plataformas de poco tamaño, de 70 euros por vehículos similares de mayor tamaño, 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica. En cuanto a los turismos, la ordenanza fija que si los vehículos eléctricos están exentos de pagar la zona azul, deberán abonar 715 euros anuales por unidad; mientras que si deben pagarla, la tasa aumenta hasta los 1.028 euros por unidad.
Esta tasa no sólo afectará a aquellas empresas que tengan repartidos sus vehículos a lo ancho y largo de València, sino que también deberán abonarla aquellos establecimientos que se dediquen a alquilar este tipo de vehículos y los tengan situados frente a su fachada o en el entorno del local. Por otro lado, esta ordenanza no afectará a aquellas empresas que operen en la ciudad mediante una concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento de València, como por ejemplo Valenbisi. Por tanto, únicamente se aplicará a las empresas que ostenten una autorización del consistorio, que se considera obligatoria para empezar la actividad en las calles de la ciudad.
Por el momento, en la ciudad ya operan diversas empresas de sharing, tanto de motos eléctricas como de patinetes. De hecho, datos no oficiales cuentan por miles el número de vehículos compartidos que están repartidos por las calles de València, alcanzando los 4.000. Lo hacen pese a que no existe una regulación y aprovechando la falta de implantación del gravamen por el aprovechamiento económico del espacio público. Una situación que el Ayuntamiento quiere empezar a encauzar en los próximos meses.
