Ramón Vilar. Foto: EVA MÁÑEZEl edil socialista plantea librar de la subida del tributo a los establecimientos de menos de 350.000 euros de valor catastral y establecer subvenciones para locales culturales e históricos
VALENCIA. El Concejal de Hacienda, Ramón Vilar, se puso este lunes manos a la obra para sofocar el incendio del IBI al pequeño comercio. El fuego se propagó el pasado viernes cuando el alcalde de Valencia, Joan Ribó, contrario a rebajarle el tributo a este colectivo, aseguró que el grueso de los afectados son "medianas y grandes empresas" que facturan más de un millón de euros. Sus palabras fueron duramente criticadas por la patronal del sector Cecoval, que recuerda que hasta los 2,5 millones de facturación las firmas son consideradas microempresas. La subida se aplica desde este año y es de hasta el 40% del recibo, según la confederación.
Vilar, preguntado al respecto, mantiene que la solución ideal sigue pasando por "un acuerdo". Hoy por hoy, con Ribó enrocado en no rebajar un solo euro el tributo a los pequeños establecimientos, se antoja complicado hallar un punto de encuentro entre las reivindicaciones de la patronal y la postura del alcalde. Pero el concejal socialista considera que "sigue siendo posible".
En este sentido, Vilar plantea librar de la subida del tributo a los establecimientos que tengan un valor catastral inferior a los 350.000. El actualidad el umbral se encuentra en los 250.000. "Podrían ser 350.000, 375.000... como máximo 450.000", agrega el concejal. En paralelo, el edil socialista propone aliviar la situación del sector con subvenciones específicas para comercios tradicionales e históricos y actividades culturales.
El planteamiento, sin embargo, se queda lejos de la reivindicación de Cecoval. La Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano, que subraya que "la subida del 40% del IBI afecta al 4,5% de los locales comerciales y la inmensa mayoría de éstos son pymes", propone librar de este incremento a los comercios con un valor catastral inferior al millón de euros. "Supondría un 'respiro' para 1.266 microempresas y pymes valencianas", aseguran.
"Este hecho supondría un impacto ínfimo de alrededor del 0,19% para las arcas del presupuesto municipal, que se vería con creces compensado con una aplicación de políticas que luchen contra la economía sumergida como es el caso de la venta ilegal", afirman.
