Zaplana apunta a Belhot como el beneficiario de las transferencias de dinero desde el extranjero

VALÈNCIA. Los últimos escritos que la defensa del exministro Eduardo Zaplana ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia han servido no solo para atacar a la jueza y al fiscal del caso Erial, sino para apuntar una vez más a una de las piezas clave de la instrucción: el abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado por los investigadores como su testaferro. 

Éste ha tenido un papel fundamental por tratarse de uno de los testimonios más importantes para Anticorrupción. Confesó que le llegó a gestionar a Zaplana alrededor de ocho millones de euros de las sociedades pantalla del supuesto entramado creado para desviar dinero de presuntas mordidas desde la Generalitat realizadas a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que, posteriormente, salieron fuera de España con el objetivo de acabar retornándolas.  

A lo largo de lo que denominó como siete años de colaboración, el abogado aseguró que el montante que le fue entregando al exministro –especialmente durante 2016 y 2017– ascendió a los 2,3 millones. Otros 6,6 millones fueron recuperados por el juzgado mediante transferencias de Belhot, quien pasó de figurar como imputado en la causa a ser testigo. 

Zaplana negó desde el primer momento que ese dinero fuera suyo dado que ninguna de las empresas ni de las cuentas en el extranjero están a su nombre. Algo que ha reiterado ahora en un recurso de apelación en el que pide amparo a la Audiencia Provincial ante la negativa de la jueza a aceptar la práctica de todas las diligencias solicitadas por él. Entre ellas, que comparecieran los funcionarios que participaron en las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos. 

Reitera que el dinero no es suyo  

"Evidentemente, cabe la posibilidad –de ahí el interés de esta parte– de que los funcionarios y miembros de las mesas y comisiones de estudio (no cargos de designación política) declaren que los procedimientos de adjudicación de las ITVs o la selección de los proyectos del Parque Eólico respondieron a criterios técnicos y objetivos. Puede que los beneficiarios de las transferencias emitidas desde las cuentas en el extranjero no tengan la más mínima conexión con don Eduardo Zaplana y que, sin embargo, sí que la tengan con algún exinvestigado", explica el recurso, en referencia, esto último, a Belhot. 

De acuerdo con la defensa del exministro, todas las transferencias de esas cuentas tienen que ver con el abogado uruguayo, a cuyo nombre están junto al de algún miembro de su familia. Además, argumenta que cómo van a ser del exjefe del Consell cuando pagan los gastos del Belhot. 

El recurso critica igualmente la "verdad de artificio" o "verdad fabricada" por parte de la jueza y la Fiscalía en la construcción del relato sobre las acusaciones que pesan sobre Zaplana, e incluso tilda su actuación como "obsesión". 

"Puede ocurrir que la historia confeccionada en 2016 en torno al llamado caso Erial se muestre totalmente desvirtuada por la práctica de las diligencias interesadas. Por eso no pueden practicarse las testificales propuestas por la defensa. Por eso se nos remite al juicio para su práctica, de forma que la verdad creada en 2016 dure al menos mientras esté abierta la instrucción. Por eso hay que mantener la competencia para la instrucción de unos hechos que en ningún caso acaecieron en el partido judicial de Valencia. Por eso no puede someterse a contradicción la declaración de Fernando Belhot, o la de Marcos Benavent o la de Imad al Naddaf Yalouk. Por eso no se quiere conocer lo que peritos oficiales han dictaminado sobre los proyectos de los parques eólicos. ¿Tanto miedo existe al resultado de dichas diligencias? ¿Por qué la práctica de esas pruebas no intranquiliza en absoluto a don Eduardo Zaplana y sí parecen hacerlo con el Ministerio Fiscal y el juzgado? ¿Qué precepto legal, doctrina jurisprudencial o legal permiten al fiscal convertirse en un valladar infranqueable para el ejercicio del derecho de defensa?", expresa el escrito.