Marcos Benavent, a las puertas de los juzgados. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La jueza encargada del conocido como caso Erial ha rechazado las últimas peticiones de la defensa del exministro Eduardo Zaplana. Una de las más importantes era la solicitud de que volviera a declarar el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, uno de los principales implicados en el caso Taula, posterior colaborador con la justicia, y protagonista también de esta investigación por una documentación que resultó clave.
La causa indaga las presuntas mordidas desde la Generalitat realizadas, supuestamente, a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que, posteriormente, salieron fuera de España con el objetivo de acabar retornándolas. En el sumario que trascendió en su momento, constaba como origen de las indagaciones una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado de Benavent durante un registro en 2015 en el marco del caso Taula.
La sorpresa llegó cuando los papeles correspondían a otras operaciones totalmente diferentes y que eran indiciariamente delictivas. Los agentes tomaron entonces declaración al exgerente de Imelsa, quien explicó, de acuerdo con el informe que elaboraron, que la documentación se la entregó sobre el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, "un miembro destacado de la mezquita de Valencia y muy conocido dentro de la comunidad árabe" que, además, presumía de tener vínculos con el CNI.
A continuación acudieron a hablar con él. Al inicio se resistió, indicaban, pero finalmente le contó a la Guardia Civil, según consta en el sumario, que, efectivamente, entregó unos papeles a Marcos Benavent que encontró diez años atrás (es decir, sobre en 2007) en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler. Una casa cuyo dueño era un notario y estaba situada en la plaza Legión Española de València. Sobre quién era el dueño de los papeles, dijo que no eran del notario, que eran de "otro", y que los encontró "dentro de un sobre". Los agentes averiguaron entonces que se trataba de la época "inmediatamente posterior a la transmisión de la vivienda realizada por Eduardo Zaplana y su mujer Rosa Barceló".
Esta rocambolesca historia, sin embargo, no resulta creíble para el exministro y trata de desmontarla. Motivo por el que pidió que Benavent volviera a comparecer ante el juzgado de Instrucción número 8 para preguntarle sobre del origen de los papeles. Ahora, la magistrada ha decidido rechazarlo.
Lo mismo ha ocurrido con otras solicitudes, como las comparecencias de los funcionarios que participaron en las adjudicaciones de las ITV privatizadas o la inhabilitación como perito del caso del director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. La entidad ha elaborado dos relevantes informes a petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación de las ITV y los Parques Eólicos que han sido incorporados a la investigación. Pero la defensa del exministro aportó publicaciones en sus perfiles de redes sociales en las que vertía opiniones negativas sobre Zaplana. Algo que, en su opinión, demostraba su parcialidad y suponía que la Agencia no fuera el organismo idóneo para elaborar periciales objetivas. La jueza, por contra, no considera necesaria la inhabilitación.
