"A mí 10 millones me parecen insuficientes para las necesidades de un área Metropolitana como la de València. Pero si la alternativa es cero, es obvio que 10 siempre serán bienvenidos". Esto lo dijo María Pérez Herrero, directora gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) en plena discusión sobre la enmienda de Ciudadanos que palía el escandaloso 'olvido' del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Ahora viene lo difícil, gastar los 10 millones en los siete meses que le quedan al año, que en realidad son 20 millones porque la Generalitat y el Ayuntamiento de València tienen que poner otros 10. (Sobre este punto, un inciso, porque tanto María Pérez como Manolo Mata, y puede que alguien más, se han quejado de que a Madrid y Barcelona no se les obliga a poner dinero autonómico y local equivalente a la aportación del Estado y a València sí. Falso. Si se leen la enmienda, verán que a Madrid y Barcelona no solo se les obliga, sino que se les advierte de que no recibirán el dinero mientras no entreguen el certificado de que la comunidad autónoma y el ayuntamiento han hecho su aportación, y que en caso de que esta no alcance la cifra del presupuesto aprobado por el Estado, se les reducirá la subvención).
El organismo metropolitano que preside la consellera María José Salvador tiene que gastarse antes de fin de año esos 10+10 millones en mejorar el transporte de València y 60 municipios, no vaya a ser que, habiendo montado la que hemos montado para que nos dieran los 38 millones que por población nos tocan, luego no seamos capaces de liquidar ni 10. (Por cierto, los 38 millones de aportación estatal no están en el presupuesto 2018 de la ATMV, quizás porque con 1.300 millones ficticios del presupuesto de la Generalitat ya era suficiente).
María Pérez y sus tres empleados de la ATMV, que pronto serán siete, tienen esa misión que no es fácil. No es fácil agotar el presupuesto, pueden preguntar en la propia Generalitat. O a los vecinos del Cabanyal que se preguntan cuándo van a ver algún resultado de los 15 millones que Bruselas aprobó en octubre de 2016 para el barrio, como cuenta Carlos Aimeur en su reportaje de hoy. A À Punt, por poner un ejemplo, le dieron 26 millones el primer año y se gastó uno, le dieron 55 millones el segundo y tampoco se los gastó, como no se va a gastar, porque sería preocupante dado que la plantilla no está al 100%, los 55 que le dimos los valencianos este año.
No es fácil arrancar con una nueva empresa, la maquinaria administrativa es lenta y cualquier decisión de calado está sometida a expedientes. El otro día confesaba un conseller que, después de no poder agotar –ni de lejos– su presupuesto durante los primeros años de gobierno, ya ha aprendido que el proceso administrativo para convocar subvenciones, becas o concursos lo tiene que iniciar en el primer trimestre porque si lo hace más tarde corre el peligro de que se acabe el año sin haberlo adjudicado. Algún compañero de Consell aún no ha llegado a esa conclusión, por desgracia.
María Pérez tiene la dificultad añadida de que su trabajo es poner de acuerdo a distintas administraciones con gobernantes de diferentes partidos que cuando se reúnen con ella están pensando si estar ahí sentados les reportará algún voto, que queda un año. La ATMV no tiene ni página web. En la entrevista que le hizo Dani Valero, la directora gerente explicaba que con esos 10 millones el primer objetivo será mejorar la frecuencia de paso, aunque advertía del problema del calendario: "Hay que ver si en este plazo que tenemos daría tiempo a disponer del personal suficiente para reducir las frecuencias de paso". Muy de acuerdo con esa prioridad, sobre todo en el metro de València, al que uno ya solo recurre cuando tiene tiempo y un libro.
No me resisto a dedicar un último párrafo a un habitual de este Billete, Cristóbal Montoro, que el otro día nos la volvió a jugar. Tras lograr Ciudadanos la enmienda de 10 millones –gran demostración de poder valenciano en Madrid de Fernando Giner, despreciado por quienes no han conseguido nada–, Isabel Bonig corrió a la capital a apuntarse algún tanto que no la dejase en el ridículo de haberse conformado con los cero euros iniciales. Lo que obtuvo fue un vago compromiso que boicotea la reivindicación de 38 millones que sigue vigente para 2019. El ministro trilero accedió a contemplar la posibilidad de promover un incremento máximo de 10 millones en 2019 y otros 10 en 2020, siempre que antes se evalúe "el impacto" de la aportación del año anterior. Papel mojado.