Estos días se cumple un año del estallido de la pandemia. De la llegada de un virus causante de la peor emergencia sanitaria del último siglo y de la más grave y profunda crisis económica que se recuerda en tiempos de paz.
Un virus infravalorado, recordemos a Fernando Simón diciendo que “en España no hay virus ni transmisión comunitaria”. Un Gobierno imprudente, recordemos a la vicepresidenta Carmen Calvo diciendo a quienes dudábamos de si acudir o no las manifestaciones del Día de la Mujer “que nos va la vida en ello” (¡y tanto!). Un Gobierno impávido hasta la declaración del Estado de Alarma que nos encerró a todos en casa como única medida preventiva y para aplanar la curva. Un ministerio de Sanidad insolvente en la gestión sanitaria, que antepuso criterios ideológicos a los técnicos en la toma de decisiones, que, junto a la falta de liderazgo central y la descoordinación con las Comunidades Autónomas, han convertido a nuestro país en uno de los diez de todo el mundo con más víctimas mortales, personas con nombres y apellidos que siguen camufladas entre estadísticas y propaganda por la maquinaria de Moncloa.
Desde el punto de vista económico, aquel duro encierro de hace un año paralizó el consumo y toda actividad productiva durante meses, causando un daño severo a nuestro tejido productivo y a nuestro sector de servicios. Un profundo agujero del que no hemos salido, del que, por tanto, tampoco hemos salido más fuertes, ni mucho menos, ni del que España podrá salir por sus propios medios, sino con la inestimable ayuda de la Unión Europea, siempre que cumpla con unas mínimas condiciones y unos exigentes requisitos.
Un año después del estallido de la Covid-19 nuestro país supera los cuatro millones de parados, a los que debemos sumar los 900.000 trabajadores en ERTE y los 600.000 autónomos en cese de actividad. Cifras que nos deberían concienciar de la grave amenaza de una crisis social sin precedentes. Nuestra deuda pública sigue escalando posiciones hasta casi el 120 % del PIB y los negocios en concurso de acreedores indican el cataclismo en ciernes. El Banco de España avisa de que el 40 % de las empresas españolas están en grave situación financiera, incluyendo un 25 % al borde de la quiebra.
La sangría de la crisis no cesa y se ceba con las empresas pequeñas en aquellos sectores que más padecen las restricciones. Algo más de 101.000 empresas han desaparecido del tejido productivo español en estos últimos doce meses y nos han retraído a niveles de 2012 en el Registro de empresas que cotizan a la Seguridad Social. España ha destruido más tejido empresarial neto que en ningún país comparable y la sola excusa de que vivimos del turismo no es suficiente porque sólo tenemos que echar un vistazo a Portugal, Grecia e Italia para ver que otra solución es posible.
Ante lo que se preveía como una crisis corta seguida de una rápida recuperación, y con el fin de mitigar el impacto de la crisis sobre el tejido productivo, el Gobierno habilitó el plan de los ERTE y los créditos ICO. Sin embargo, el tiempo no ha cumplido las expectativas del Ejecutivo y, tras doce largos meses y tres olas del virus, estas medidas ya no son suficientes.
Quedan pendientes muchas, por no decir todas, las reformas que debieron emprenderse hace décadas, y por las que, cuando llegó la pandemia, los cimientos de nuestra economía no estaban todo lo asentados que debieran. Tras un año sin afrontar la realidad, y, en algunos casos, amenazando con ir en dirección contraria a lo recomendado y recomendable, podemos afirmar que ahora es más importante que nunca bajar impuestos o, al menos, no subirlos.
Por supuesto, tampoco podemos olvidar las ayudas directas a fondo perdido para autónomos y pymes de hasta un 75% de los ingresos, como se está haciendo en Europa y como hemos propuesto multitud de veces desde Cs, o de la imprescindible eliminación de trabas burocráticas que haga más fácil la vida a quienes peor lo están pasando.
En relación con lo anterior, y como complemento imprescindible, el Gobierno de España debería aplicarse en garantizar una seguridad jurídica que atraiga inversiones en lugar de espantarlas, así como en mantener a raya a todos sus socios antisistema.
Por último, y parece mentira tener que reafirmar lo obvio, todo pasa por la capacidad de emplear y emplear bien los fondos europeos a través de una agencia independiente que marque los objetivos y evalúe los proyectos con criterios técnicos, transparentes y medibles.
Gracias al ingente trabajo investigador de nuestros científicos, la recuperación sanitaria está ya en manos de la vacunación. Aprenderemos a convivir con el virus y la vida volverá a ganar la batalla. En cuanto a la recuperación económica, soy un poco más pesimista. Llevamos 12 meses de pandemia, y los que nos quedan, nos acercamos, si no hemos superado ya, las 100.000 víctimas del virus, y quién sabe cuánto tiempo se extenderá la crisis económica. Frente a todos estos datos, necesitamos un milagro. Sólo uno, pero suficiente para todos. Basta que este Gobierno que tan acostumbrados nos tiene al postureo, a la propaganda y, en general, a todo tipo de disparates, entre en razón. No es cosa menor.
Porque la mejor política social que existe es la que apoya al tejido productivo que crea riqueza y trabajo.
