Figuración de la vista aérea del PAIVALÈNCIA. "El Ayuntamiento, por sí mismo, tiene la potestad de hacerlo", aseguran en la plataforma Cuidem Benimaclet, que se concentró en la mañana de este martes en la Plaza del Ayuntamiento para clamar contra el proyecto de urbanización presentado por Metrovacesa para el PAI de Benimaclet. Se refieren los miembros de Cuidem Benimaclet a que el consistorio todavía está a tiempo de paralizar las más de 1.300 viviendas -1.345 concretamente- que la promotora quiere construir en la zona.
Por ello, Cuidem Benimaclet presentó en el consistorio 1.345 solicitudes a la Alcaldía para la desclasificación del suelo urbanizable del PAI con el objetivo de reconvertirlo a suelo no urbanizable. 1.345 solicitudes, cada una suscrita por una persona diferente. Una cifra simbólica, "pero tenemos muchas más", dicen. De hecho, el proceso de recogida de firmas todavía no ha finalizado. Las solicitudes presentadas, todas ellas con el mismo texto, rezan que la urbanización de la zona es "injustificada", por lo que, aprovechando la "desproporcionada antigüedad" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -redactado en 1988-, se pide su revisión para convertir en suelo no urbanizable el PAI. Y lo hacen con múltiples argumentos.
En primer lugar, aseguran que con esta revisión "no cabría indemnización a ningún agente urbanizador", Metrovacesa, dado que "los terrenos del sector se encuentran en el mismo estado que en 1992, año en el que se inició el proceso urbanístico primitivo por la vía de la expropiación". Asimismo, según la plataforma, la desclasificación sería legítima a partir de la potestad de la administración local de actuar de forma discrecional en casos como el de Benimaclet para salvaguardar el interés general, "potestad que se fortalece todavía más en materia urbanística".
Arguyen también que existe un "vacío de poder" porque el agente urbanizador está resuelto "y el Programa de Gestión está caducado", y se remiten a diversas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que, según subrayan, avala "que esta herramienta es legal y viable, con los supuestos de hoy en día en Benimaclet". Hacen referencia, además, a otros casos similares ocurridos en Calvià, Palma de Mallorca y Dènia. Tampoco tendría que atender la administración a la Responsabilidad Patrimonial, explican, porque "estas personas han accedido de manera libre", "participaron de una inversión económica" en un proceso "que podía revertir beneficios o pérdidas".
Por otro lado, las solicitudes piden que el antiguo urbanizador devuelva los avales de los propietarios para evitar un enriquecimiento injusto, devolución fruto de un planeamiento "no ejecutado" y que por tanto, siempre según alega Cuidem Benimaclet, no necesitaba de dichos avales. Pero va más allá la plataforma al pedir que se confisque la garantía depositada por Urbem SA para solucionar "las afecciones provocadas al patrimonio municipal y a la red viaria" por el momento, como la degradación "forzada" de caminos históricos. Y tras enmendar estas cuestiones, se devolvería el resto de la garantía a la promotora.
"Con la estimación de esta solicitud -concluye- se pondría punto final a 30 años de evolución nefasta para el Ayuntamiento, para el vecindario y para la propia estructura del barrio de Benimaclet", porque la zona sería un "corredor de amortiguación natural".
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Cuidem Benimaclet resaltó que "es una falacia que València necesite nuevas viviendas" porque "desde 2009, la ciudad pierde población". En ese sentido, aclaran que el PGOU está pensado para un crecimiento de hasta el millón de habitantes, que no ha acabado produciéndose. También sale al paso para decir, basándose en información de la empresa municipal Aumsa, "Benimaclet pasaría a tener una densidad poblacional insostenible en el caso de que se ejecutara el PAI", con aproximadamente 2.000 vecinos más.
Por ello, alertan de que se colapsarían los equipamientos y servicios públicos existentes al barrio, "que ya están un poco saturados". Sobre esto, quieren evitar malentendidos, por lo que aclaran que los nuevos equipamientos serán construidos por la administración municipal "cuando estime oportuno y especialmente cuando disponga de los fondos necesarios", y no la promotora.
La exigencia de la plataforma choca frontalmente con las posturas que mantiene el PSPV, que dirige el área de Urbanismo mediante el edil Vicent Sarrià, y con el mismo alcalde, Joan Ribó, que no pide frenar el proyecto sino reducir la edificabilidad.
El procedimiento que ha de seguir el proyecto presentado por Metrovacesa pasará ahora por la elaboración de los informes municipales preceptivos, para su posterior aprobación y salida a exposición pública, cuando se podrán presentar las alegaciones correspondientes. Pero ahora, el alcalde del 'cap i casal' tiene sobre su escritorio más de un millar de solicitudes que piden lo mismo: frenar este PAI.
