La Directiva 2008/98/CE sobre residuos obliga a los Estados miembros a que en el año 2020 el nivel de valorización y reutilización de los residuos derivados de la construcción y demolición alcance un mínimo del 70 % del peso total de este tipo de residuos que se haya generado. Teniendo en cuenta que, según las últimas estadísticas, este nivel se situaría en España sobre el 35 % es necesario preguntarnos si estamos preparados para alcanzar dicho reto en un plazo tan corto de tiempo. La meta parece lejana salvo que se adopten con urgencia medidas que sirvan para aunar esfuerzos en este sentido.
Como posible camino a seguir para conseguir tal objetivo la Comisión Europea acaba de presentar el nuevo Protocolo de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición de la Unión Europea, con el que espera ahorrar cerca de 7.500 millones de euros mediante la aplicación de una eficiente política de gestión de residuos derivados de la construcción.
Por otro lado, teniendo en cuenta que en España se vienen generando una media de 36 millones de toneladas al año de este tipo de residuos y que se considera que aproximadamente un 90 % de los materiales de un edificio son reciclables, existen razones para albergar esperanzas de que otro futuro en materia de gestión de residuos derivados de la construcción es plausible en nuestro país.
El punto de partida no puede ser otro que reforzar la concienciación de todos los sectores de la población en materia de gestión de residuos y, en especial, potenciar la formación técnica del personal de obra en materia de prevención, valorización y reutilización de los residuos derivados de la construcción.
Sin embargo, esto parece que podría no ser suficiente. Sería conveniente reflexionar sobre la necesidad de garantizar que los estudios de gestión de residuos que vienen obligados a realizar los titulares de las licencias urbanísticas sean eficaces y reflejen la realidad de la obra en producción y gestión de residuos, imponiendo para ello la obligación a los Ayuntamientos de que soliciten la fianza o garantía que les permite la ley para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha licencia.
Además, será necesario acompañar estas medidas de una política eficaz en materia de prevención de residuos, teniendo en cuenta que no hay mejor residuo que el que no se genera. En este sentido, un pilar fundamental puede venir marcado por la implantación de una adecuada política fiscal que incluya tasas por vertidos –en aplicación del principio de “quien contamina paga” y exigido por la propia Comisión Europea a los Estados Miembros- para desincentivar de esta manera la retirada a vertederos y fomentar el reciclaje de los residuos de la construcción y demolición. Igualmente, dicha política fiscal puede ser acompañada por medidas como la introducción de tasas por generación y de beneficios fiscales por menor producción.
Ahora bien, si queremos que realmente el reciclaje de estos residuos se convierta en una práctica generalizada en España resultaría necesaria una importante modificación de la legislación sectorial que permitiera el uso generalizado de este material reciclado en la construcción. Y es que resulta paradójico que, a pesar de la existencia de múltiples estudios que avalan la posibilidad de la integración con plenas garantías de materiales reciclados en la construcción, son muy escasas las excepciones que la legislación permite utilizar en la práctica en nuestro país.
Igualmente, y teniendo en cuenta la importancia de la obra pública en España, resultaría conveniente fomentar la inclusión de cláusulas ambientales en la adjudicación de los contratos públicos de manera que se incentive a que las empresas lleven a cabo políticas eficaces en prevención y gestión de residuos.
En fin, el año 2020 queda muy cerca en el tiempo, pero muy lejos en relación con el nivel de reciclado de residuos derivados de la construcción exigido a España. Sería, por lo tanto, deseable que todos los sectores empezasen a trabajar cuanto antes en poner las bases adecuadas en la prevención de estos residuos y promoción de su reciclaje, de manera que, quizás, ese objetivo que hoy parece inalcanzable, comience a revelarse como factible.
Marcos González Calvo es abogado de Cuatrecasas