Hoy es 4 de octubre
VALÈNCIA (EP). El 73% de las entidades locales de la Comunitat Valenciana rindió la cuenta general del ejercicio 2022 dentro del plazo legal, porcentaje inferior al de la cuenta general de 2021 (78%). Hasta la fecha de agregación de las cuentas (31 de diciembre de 2023) este número ascendió al 96% del total, un punto por debajo del porcentaje de rendición de 2021, según el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes.
A 31 de diciembre de 2023, 25 entidades locales no habían presentado la cuenta general de 2022, de las que 13 correspondían a municipios. Con posterioridad, hasta el 30 de abril de 2024, presentaron la cuenta 12 entidades.
Ante estas cifras, Sindicatura recuerda que la falta de presentación de las cuentas es "un incumplimiento muy grave de una obligación esencial de quien gestiona fondos públicos".
En un comunicado, el órgano fiscalizado defiende su actitud proactiva para la obtención de las cuentas, efectuando los recordatorios y requerimientos habituales. "El número de entidades que no cumplen la obligación de remitir las cuentas se mantiene en niveles bajos, aunque se debe aspirar a que se reduzcan a cero. A ello puede contribuir, tal como menciona el informe, la imposibilidad de percibir subvenciones de la Generalitat en el caso de no estar al día en la rendición de cuentas a la Sindicatura", expone.
En cuanto a las obligaciones derivadas de la ejecución del ciclo presupuestario, el informe pone de manifiesto un "relevante" incumplimiento de los plazos, ya que la gran mayoría de las entidades locales no aprobaron su presupuesto dentro del plazo legal (69%). También se vulneraron los plazos de aprobación de la liquidación del presupuesto (28%) y de la cuenta general (32%).
Según Sindicatura, las incidencias presupuestarias más frecuentes en 2022 fueron la existencia de un remanente de tesorería para gastos generales negativo, un resultado presupuestario ajustado negativo y la falta de estimación del importe de dudoso cobro en la determinación del remanente de tesorería.
Por otro lado, el resultado presupuestario agregado del ejercicio 2022 fue positivo en todos los tipos de entidad, al igual que ocurrió en el periodo 2018-2021. En conjunto, el resultado presupuestario ajustado experimentó una mejora del 10,7% respecto a 2021.
El remanente de tesorería, en términos globales, se incrementó en un 4%, siguiendo la tendencia positiva de los últimos años. El 55,2% de las entidades analizadas mejoró el remanente en 2022, mientras el endeudamiento aumentó un 7,2% cambiando la tendencia del ejercicio anterior.
La cuenta 413 (acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto), en términos homogéneos, se incrementó un 26% en 2022 para el conjunto de entidades locales. La variación fue distinta por tipo de entidad, destacando por su importancia cuantitativa el aumento producido en los municipios, provincias y consorcios.
Desde Sindicatura destacan las medidas extraordinarias de financiación aprobadas en los últimos ejercicios para la reducción de este tipo de gastos, al obligar a las entidades locales a destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior.
Por último, se reiteran las recomendaciones de ejercicios anteriores: la necesidad del cumplimiento del ciclo presupuestario, la potenciación del control interno y la adopción de medidas para subsanar las anomalías que se ponen de manifiesto.
A juicio de Sindicatura, se debería revisar la estructura del sector público local empresarial de modo que la creación y actuación de estas entidades responda, de manera efectiva, a razones de mejora de la gestión pública, eficiencia y sostenibilidad financiera. También se incide en la existencia de unos controles eficaces de ciberseguridad como un elemento esencial para la prestación de servicios públicos en una administración tecnológicamente avanzada.
Como novedad, a partir de 2022 se requiere la formación de cuentas anuales consolidadas, de acuerdo con los criterios definidos en la Orden HAC/836/2021, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el sector público local.