¿40 años perdidos?

El 9 de octubre de 1977 el valencianismo vivía su día más histórico. Entre 500.000 y 800.000 personas, según a quién hagamos caso, inundaban las calles de València tras la pancarta de Tots units per l’Estatut, y daban inicio a la reivindicación del proceso autonómico en el País Valenciano. Cuando en nuestros días se plantea la posibilidad de una manifestación unitaria sobre la cuestión de la financiación y las inversiones —que, en fin, trata sobre la viabilidad de la propia autonomía— es fácil buscar en el espejo aquél referente, justo cuarenta años después. 

Con la distancia temporal que nos proporcionan cuatro décadas podríamos intentar dibujar aquél 9 d’Octubre como idílico, escenario de una reivindicación valencianista pacífica, transversal y sin fisuras, como vía para denunciar las desavenencias y la falta de consenso de hoy frente al de entonces, el momento mítico y fundacional. Nada más lejos de la realidad: basta con mirar las hemerotecas y descubrir la crónica de una jornada problemática, con actos simultáneos de signo contrario y enfrentamientos en las calles entre sindicalistas y miembros de comisiones falleras, partidos de la oposición recién legalizados y elementos del Régimen moribundo. Y aún así, se recuerda como un gran éxito: entonces, la ideología del consenso a cualquier precio no estaba aún de moda. 

Ya sea de forma explícita —como las broncas que vemos cíclicamente en les Corts o los ayuntamientos a propósito de las Señas de Identidad, el modelo lingüístico o la comarcalización— o soterrada —está pendiente de analizar qué amarga pesadilla freudiana se esconde tras las guerras civiles por la receta de la paella o los rituales falleros— la cuestión identitaria valenciana sigue siendo objeto de arduas discusiones treinta y cinco años de autogobierno después. Y acaba resultando paralizante para tomar decisiones: los modelos identitarios se cuelan en los debates legislativos y finalmente en cuestiones que debieran ser “de Estado” como la reivindicación de la financiación o las inversiones.

El artículo 2 de la Constitución Española distingue entre nacionalidades y regiones —aunque, a día de hoy, esta distinción tenga pocas consecuencias prácticas—, y según nuestro propio Estatuto estamos en la primera categoría. Aún así, hay algo que nos diferencia de Galicia, Catalunya, Andalucía o el País Vasco, entre otras: nuestros Estatutos —el de 1982 y el de 2006— no han sido nunca aprobados en referéndum, mientras que hay otros territorios donde esto ha ocurrido hasta dos veces. ¿Puede tener algo que ver en la baja valoración de las instituciones o la falta de consenso en elementos básicos como los símbolos, el nombre o la estructura territorial que ninguno de ellos haya sido sometido a votación popular directa? ¿Adolece la autonomía valenciana de cierto déficit de legitimidad?

Resulta que tenemos una reforma del Estatut pendiente desde 2011, aprobada en les Corts y esperando mejor vida en la sala de espera del Congreso de los Diputados, aplazado por PP y PSOE en múltiples ocasiones. Resulta curioso que aunque su contenido apenas tiene ya sentido —pide un mínimo de inversiones territorializadas del Estado, un tipo de disposición que según dictaminó el Tribunal Constitucional a propósito del Estatut de Catalunya no tiene valor vinculante para el Gobierno o las Cortes— sí tiene relevancia política su forma: debe ser forzosamente aprobada en referéndum por las valencianos y valencianos. El primer referéndum en cuatro décadas sería para exigir inversiones del Estado por parte de un territorio que está sistemáticamente a la cola en las mismas presupuesto tras presupuesto, gobierno tras gobierno. No parece que esto sea la prioridad de ninguno de los partidos valencianos ahora mismo.

Decía Jacques Rancière que nada une más a los viejos marxistas y los nuevos liberales que su rechazo común al fantasma del populismo. Y nada hoy en día se identifica tanto con el populismo —un término que no tiene un significado claro más allá de encarnar la política popular, de poco gusto para las élites— como la figura del referéndum. Un instrumento que en en otro tiempo sirvió para que los gobiernos reforzaran su legitimidad, y ahora, con precedentes como Gran Bretaña, Italia, Francia o los Países Bajos —y su sola mención en el caso de Catalunya— se asocia a riesgo e inestabilidad. A una inseguridad permanente ante la irrupción de las masas en la arena pública.

Este miedo a la izquierda valenciana le viene de lejos: se encuentra insegura con los procesos de movilización popular desde que la derecha blavera —el único movimiento de corte populista y de masas netamente valenciano del siglo XX— le robara la calle a finales de los 70. Donde “calle” significa el espíritu de la política plebeya, la religiosidad popular, las fiestas, los casinets, los mercados y tenderos y todos y cada uno de los elementos que el blasquismo, aunque fenómeno de origen municipal, había convertido en señas de identidad republicana hace un siglo. Al valencianismo progresista le ha costado cuatro décadas y toda una generación volver a sentirse cómodo para hablar a las clases medias y populares valencianas: y aún así no se atreve a convocar una movilización en solitario, haciendo uso de sus propias fuerzas.

Finalmente parece que tendremos una convocatoria de manifestación por la financiación que implícitamente convocará el gobierno con ayuda de sus sindicatos afines —tradición bien española, que se originó en la lucha antiterrorista y ahora usada para prácticamente todo lo que interese al gobierno de turno— y que no coincidirá con la Diada de los valencianos, el 9 d’Octubre, por el miedo de la clase dirigente valenciana a mezclarse —¡aunque sea con una semana de diferencia!— con la cuestión del referéndum catalán, ante el que tienen como poco un discurso ambiguo. ¿Se imaginan a los vascos, andaluces o gallegos aplazando una reivindicación en su día grande por temor al “qué dirán”?

Y después está el propio contenido de la reivindicación de “una financiación justa”. Se ve que alguien cree seriamente que exhibir músculo reivindicativo en València o una fiesta con canapés para empresarios en Madrid tendrá algún tipo de efecto sobre las decisiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o el Congreso de los Diputados. Órganos en los que los representantes valencianos —y los del resto de territorios del Mediterráneo— están en minoría estructural ante los representantes de la llamada “España Vacía” y el paraíso fiscal madrileño, que no sólo salen ganando con el actual modelo sino que quieren más dinero a cuenta del envejecimiento o la despoblación. Se piensa seriamente que tras decidir apostar en —y por tanto legitimar— una mesa a la que se sabe que se juega con las cartas marcadas el croupier y el resto de jugadores van a apiadarse y recapacitar ante una propuesta técnica elaborada por técnicos impecables. Así vamos al matadero: con una sonrisa y un clavel. 

Me atrevo a pronosticar que cuando por fin haya una reforma de la financiación autonómica —y de momento no apostaría un euro porque el Gobierno de Rajoy suelte la soga del FLA que con tanto brío está blandiendo en Catalunya antes de las elecciones de 2019— el País Valenciano seguirá estando a la cola en inversiones y en financiación por habitante. Seguirá a la cabeza en deuda y seguirá aguantando que los responsables de este desastre llamen les llamen malgastadores sentados sobre los ruinosos túneles de la M30 y las autopistas radiales. Y nadie por aquí se atreverá llamar a la bicha expolio colonial, que es como se debería llamar al caso único en Europa de un territorio pobre pagando la fiesta a los ricos mientras éstos vuelcan sobre ellos en los medios todos los tópicos dirigidos en otros tiempos a los judíos. Nadie se atreverá a alzar la voz, porque hay más miedo de parecer catalanes ante los amigos madrileños que ambición real de acabar pareciéndose a los vascos y navarros, esto es: a gestionar los propios recursos en un estado de bienestar de modestos estándares centroeuropeos. 

Sea para gestionar los propios impuestos y establecer prioridades de ingresos y gastos; para negociar las competencias de una manera bilateral y no al albur de la ocurrencia vía decreto-ley del Gobierno madrileño de turno o simplemente para desarrollar el derecho civil propio contemplado en el Estatut hace falta una reforma de la Constitución. Y no una especialmente ambiciosa: basta con dejar claro en una Disposición Adicional Primera (bis) que de ahora en adelante se entenderá que los Decretos de Nueva Planta nunca existieron y los Derechos Históricos del resto de territorios forales siguen en vigor y se actualizarán exactamente de la misma forma que el Tribunal Constitucional ha entendido que se actualizan y gestionan los ya vigentes en Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa. No necesitamos inventar la rueda para esto. Y —recordémoslo— las Cortes Valencianas disponen de la competencia para instar una reforma constitucional de estas características. Es cuestión de voluntad política. 

Compromís y Podem(os) concurrieron a las elecciones estatales con la promesa de instar los cambios constitucionales necesarios para hacer posible el desarrollo del derecho civil foral; el PP planteó lo mismo en su último congreso estatal, y el PSPV de Ximo Puig se comprometió a instar los cambios constitucionales que hagan posible el federalismo asimétrico. Compromís plantea un “concierto económico responsable”. Si no hay intención ninguna de revisar el régimen constitucional de los conciertos y derechos forales vasconavarros ¿nos podrían explicar por qué los valencianos y el resto de territorios de la Corona de Aragón no podemos gozar de los mismos derechos? ¿Qué justifica exactamente esta diferencia de trato más allá del “justo derecho de conquista”?

Si queremos vivir en un Estado justo y disfrutar de una autonomía plena, hay como mínimo que intentar forzar esos mimbres.

La reforma pendiente del Estatut y una posible consulta a las valencianas y valencianos sobre un proyecto de reforma constitucional son las mejores armas con las que cuentan las Corts y el Consell para la presión política: preguntar al propio pueblo valenciano qué opina del autogobierno y de la exclusión a la que el Gobierno de España lo somete. Hay que dar(nos) la oportunidad de que el camino que se iniciara en octubre de 1977 se complete una generación después, y esto sólo es posible si se consensúa y se vota una propuesta, si decidimos entre todos qué queremos ser de mayores.

Visto lo visto, es dudoso —y poco deseable— que algo así emprenda desde los gobiernos y los partidos políticos. Un discurso y una práctica ganadora tiene que venir de la sociedad civil, de múltiples entidades quizá discrepantes en lo ideológico pero que compartan objetivos estratégicos básicos. Para ganar esta batalla hay que explicar lo que nos pasa en cada pueblo y barrio, en cada bar, casinet i casal. Aparecer en los medios, hablar en la hoja parroquial y dirigirse a los Youtubers, en el campo, en la fábrica, en la rave y en la chocolatada. Perder el miedo al “qué dirán”, a ser acusados de rojos, blaveros o populistas por pisar la calle, y afrontar las contradicciones —y conflictos— inherentes a dialogar con el vecino. Este es el espíritu de octubre del 77.

¿Se imaginan que cada vez que Montoro o alguno de los ministros lenguaraces de Rajoy pisaran el territorio valenciano les recibieran cientos y miles de ciudadanos con pitos, dolçaines o trompetas? ¿No estaría el “problema valenciano” en todos los informativos? Yo sí me lo imagino, y creo que no soy el único que tiene ganas que estos 40 años de travesía del desierto se plasmen, si no en la Tierra Prometida, si en algo positivo. Ya tardamos.