VALÈNCIA. El Hotel SH Valencia Palace acogió el pasado viernes un desayuno informativo organizado por Valencia Plaza para abordar la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana que actualmente se tramita en Les Corts Valencianes. Una normativa para actualizar la actual, que data de 1988, y en la que los diferentes partidos han redactado distintas enmiendas dirigidas a aumentar la protección de los menores ante el auge de la ludopatía.
En el encuentro participaron los cuatro partidos mayoritarios de Les Corts Valencianes y la patronal, la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar), que denuncia que no se ha contado con la opinión del sector a la hora de presentar las enmiendas al proyecto normativo. Entre los asistentes se encontraba el director de explotación del Grupo Ensanche y miembro del Comité Ejecutivo de Andemar, Alexandre Mollá; el asesor jurídico del Grupo Videomani y miembro del Comité Ejecutivo de Andemar, Javier Vila-Cervantes; el director del Gabinete de Información y Reclamaciones AVACU, Julián Tío Barraca; el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada; la abogada especialista en derecho de Consumo de Tyrius, Beatriz Rodríguez Cano; el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia FEHV, Manuel Espinar. Por parte de los grupos parlamentarios, participaron el diputado del PPCV, Rubén Ibáñez; la parlamentaria de Ciudadanos, Ruth Merino; la diputada de Compromís, Graciela Ferrer; y el diputado del PSPV, José Muñoz.
El desayuno giró en torno a tres cuestiones principales: la primera, si el juego genera un problema de salud pública, donde patronal y partidos del Botànic II guardan dos posiciones totalmente antagónicas; la segunda, el impacto de la publicidad en los menores y en esta actividad; y la tercera, la distancia de 850 metros de cualquier salón de apuestas a los colegios y centros de salud que plantean PSPV, Compromís y Unides Podem en el Parlamento. Un asunto que, sin lugar a dudas, divide más las posiciones de Andemar y las formaciones.
Así, en lo que respecta al primer punto, el primero en intervenir fue Mollá, que aseguró que en absoluto existía un problema de salud pública con el juego y preguntó si el objetivo de esta normativa que se tramita en Les Corts es la regulación de un sector "que lleva en funcionamiento más de 40 años o prohibir una actividad empresarial que es lícita".
Un posicionamiento que rebatió Inglada, para quien "sí existe un problema salud pública" y las administraciones deberían "actuar para defender los intereses de la ciudadanía". "Más que ser alarmistas diciendo que es una pandemia, sí que tenemos que ser conscientes de que hay gente que va a tener que ser atendida", explicó, para más tarde añadir que, en cualquier caso, lo que más preocupa a los consumidores "es el juego online y la incidencia en menores y adolescentes porque afecta a sus hábitos de consumo y estilo de vida".
Junto a Inglada, Merino y Muñoz también consideran que existe un problema de salud pública generado por esta actividad empresarial. Sin embargo, el planteamiento de ambos es distinto. La diputada de Ciudadanos cree que es un tema "muy sensible" y, por tanto, los legisladores no deben dejarse llevar por las emociones, "sino por los datos" y tratar de llegar a un consenso con el sector para dar "respuesta a un problema que existe, pero quizá menos que otros problemas con los que la sociedad convive como la adicción a las drogas y el alcohol". "No aplicarles el mismo rasero sería hipócrita por nuestra parte, los reguladores", consideró.
Muñoz, por su parte, fue más tajante. Si bien advirtió a Mollá que la voluntad de los socialistas "no es prohibir, sino regular", sí subrayó que los representantes políticos deben poner medidas preventivas para evitar que los menores generen adicciones, ya que "España cuenta con la tasa más alta de ludópatas y menores de 14 años que ya apuestan". "La Conselleria de Sanidad y la Universitat de Valencia dicen que el grupo de ludópatas jóvenes crece un 14% anualmente, por lo que hay datos encima de la mesa que demuestran que la situación se ha sido agravando progresivamente. Es un tema social que podemos ver en los medios y en el ámbito autonómico debemos establecer una serie de restricciones, también por la incidencia que tienen en los barrios de rentas bajas", zanjó el parlamentario socialista.
Las afirmaciones de Muñoz, no obstante, se toparon pronto con la defensa del sector que realizó Vila-Cervantes. "En primer lugar, las restricciones y prohibiciones yo creo que no educan. En segundo, un estudio realizado por el Centro Reina Sofía con un muestreo de 35.000 personas dice que no hay relación directa entre jugar más o menos y la clase social del jugador. No veo la relación entre barrios de renta baja y el juego. En la Comunitat Valenciana tenemos jóvenes de 14 años a 18 años, un porcentaje de 55,3% han probado el alcohol; a los 14 años el 1,3% de los niños ha probado cocaína en polvo. Me gustaría saber qué medidas se están tomando con estos problemas y me llama la atención que se compare el juego con la droga. No existe una problemática de salud pública" manifestó el miembro del Comité Ejecutivo de Andemar.
A lo que la diputada de Compromís, Graciela Ferrer, preguntó si consideraba que debía existir un problema con cifras más elevadas para legislar sobre esta cuestión. "Sí existe un problema de salud pública", contempló. Rubén Ibáñez, en el lado opuesto, creyó que una cosa "es la estadística y datos reales y otra la percepción que se tiene sobre el juego y las apuestas". Para el parlamentario, lo más "grave" es que se "sesgara el trámite": "El proyecto de ley que conlleva una connotación económica no cuenta con fase de participación ciudadana y no se ha contado con el sector, pero aparte del sesgo hay una incertidumbre tremenda porque el Botànic ha anunciado lo que quiere hacer pero las enmiendas no se materializarán hasta el día de la comisión porque llegaron a un acuerdo después de registrarlas", criticó el popular.
Con estos mimbres, de hecho, Espinar criticó que no se les haya permitido realizar ningún tipo de alegación a la ley o participar en la comisión del Juego. "Convivimos con máquinas tipo b durante 40 años y ha habido 0 incidencias. El 60% del sector hostelero tiene máquinas. Ahora la transparencia democrática brilla por su ausencia y nos sentimos en un grado de indefensión altísimo", censuró.
Tío Barraca, por su parte, advirtió que el perfil de persona jugadora ha cambiado en pocos años. "La edad media ha decrecido mucho, y según la Unidad de Investigaciones Sociológicas de la UV, el 16% de los menores de entre 15 y 18 años mantiene un juego de riesgo y el 2% padece ya un trastorno. Al sector tenemos que pedirle un mayor control; y a la administración un mayor control en publicidad y más inspecciones porque el riesgo 0 no existe. Queremos un consumidor responsable y para eso tenemos que formarle", manifestó.
Una postura compartida con Rodríguez Cano, que reflexionó que los distintos agentes implicados deberían "aunar posiciones para llegar a una norma que modifique la anterior para adaptarse a las nuevas formas de juego que han surgido". "No hay medio tecnológico que permita control de menores", lamentó en referencia a los móviles, a través de los cuales los jóvenes pueden realizar apuestas -en su mayoría, por incidencia de la publicidad, deportivas-. "Hay que trabajar sobre dos ejes: publicidad, especialmente la online dirigida a menores y adolescentes; y campañas de formación dirigidas a adolescentes y preadolescentes, que sirvan para minimizar el impacto del juego sobre este público", subrayó.
Al respecto, Merino celebró que ahora se quiera regular los anuncios de apuestas a nivel nacional, pero consideró que ningún partido es "experto" para establecer una distancia concreta que deban respetar los salones de juego tanto de nueva apertura como los que ya operan.
En este sentido, Mollá celebró que el ministro Alberto Garzón quiera regular los anuncios de apuestas a nivel nacional: "Es algo que pide el sector desde el año 2012 y que no ha hecho ningún Gobierno". "Estamos de acuerdo con las distancias entre salas de apuestas, colegios y centros sanitarios. De hecho, no creemos que sea necesaria la apertura de más salones porque la situación actual es adecuada. Pero es cierto que en las enmiendas se habla de distancias de 850 metros. Esa distancia supondría el fin del juego presencial. En un máximo de 10 años desapareceríamos. No habrá ninguna máquina en todo el área metropolitana. Obliga al cierre absoluto de todo", sostuvo. "¿Han hecho ustedes un estudio previo para ver cómo afectaría en Valencia, por ejemplo? Porque nosotros sí lo hemos hecho", advirtió a la vez que sacaba un mapa en el que se plasmaba el radio de 850 metros en cada centro escolar o centro sanitario de la ciudad del Turia.
"Los grupos parlamentarios no tenemos que ofertar una distancia sin estudio previo porque además se puede generar inseguridad jurídica. De hecho, las distancias son anecdóticas cuando desde el móvil se va a seguir jugando. Lo que hace falta es más consenso y diálogo", apoyó Ibáñez. Un argumento, el de la posibilidad de que los jóvenes apuesten a través de sus smartphones, en el que también coincidió Inglada. "Nos preocupan los problemas que la digitalización de la propia sociedad puede conllevar", sostuvo.
Muñoz coincidió con Mollá en la necesidad de que se regule la publicidad del juego porque implícitamente "se asocia los valores del deporte con las apuestas deportivas y muchos jóvenes no saben distinguir al final si es positivo o negativo". Sin embargo, volvió a discrepar con él; esta vez en las distancias. "Somos una de las comunidades autónomas que tiene más salas de apuestas por ciudadanos y la administración debe equilibrar los intereses de un sector con los de la ciudadanía, de ahí que se haya propuesto que sean 850 metros, porque actualmente las salas de apuestas gozan de un statu quo", afirmó el diputado, que no obstante sorteó contestar a la pregunta sobre si previamente el Gobierno ha realizado une estudio previo sobre cuántas salas se verían afectadas. No en vano, la ley afectará también a los salones que ya se encuentran operativos y si incumplen la normativa una vez caduquen sus licencias deberán traspasar el local, lo que puede dar lugar a numerosos recursos contra la administración por responsabilidad patrimonial.
"Si mantienen las 850 metros no hace falta que den más autorizaciones. ¿Y qué hay del juego público? No hace falta distinguir entre juego privado y público porque el juego es juego, pero el 94,1%, por ejemplo, de entre 15 y 64 años jugó alguna vez a la primitiva el año pasado. Y, por otra parte, si tienen la intención de regular para que en 10 años no queden máquinas tipo b lo que se van a encontrar es que va a haber una proliferación del juego ilegal", rebatió Mollá. "¿A qué distancias ponemos los rascas de fútbol? ¿O del programa El Hormiguero?", apostilló Vila-Cervantes. "El último informe del juego de la Comunidad Valenciana de 2018 elaborado por el Gobierno no solo determina que existe juego ilegal, sino que desde hace 3 años se ha incrementado a pesar de estar regulado. Desde el punto de vista jurídico, regular es establecer límites, pero lo que plantean no es regular, sino prohibir", expuso el también asesor del Grupo Videomani.
Por su parte, Rodríguez Cano consideró que establecer una distancia mínima "está bien, pero ¿qué sentido tiene cuando enfrente de un centro escolar hay publicidad de un famoso al que siguen adolescentes que publicita e incita a las apuestas como algo placentero y sin riesgo?". Argumento que valió a Ferrer para explicar que por ello los partidos del Botànic II proponen en una de sus enmiendas prohibir la publicidad estática en la vía pública, así como en los medios de comunicación de titularidad pública.
"No quiero generar alarma, pero me cuesta mucho no sentirme alarmado cuando veo que se van a cerrar todos los salones. Y tampoco se podrán reubicar porque no existe espacio que cumpla las características que los partidos plantean en la ley", reprobó Mollá, que cuesitonó, por otra parte "la visibilidad que se le da a la ONCE, que está exenta de impuestos". Un argumento que replicó Muñoz al alegar que tiene una "vertiente social por el destino que le da a lo recaudado". No obstante, añadió que el procedimiento "legislativo sigue abierto; el juego es legal y queremos que la ley genere el mayor consenso para que sea eficiente".
"Estamos todos de acuerdo en que hay que prevenir, formar, proteger a los colectivos vulnerables y reforzar controles. La planificación está bien siempre y cuando se respeten las inversiones realizadas. Que haya un decrecimiento natural, pero no impuesto. No se pueden aplicar estas medidas con retroactividad, genera inseguridad jurídica. El Tribunal Constitucional dice que la retroactividad impropia no es absoluta, hay que justificarla. Pero en cualquier caso, tenemos la mano tendida para llegar a soluciones consensuadas", zanjó Vila-Cervantes.
