Hoy es 15 de agosto
CASTELLÓ. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Unió de Llauradors han denunciado este martes diferentes problemas que acechan a la campaña de caquis, en pleno auge. Mientras AVA-Asaja centra sus críticas en la dificultad de luchar contra las plagas, la Unió censura los incumplimientos de algunos compradores de los contratos que habían firmado para hacerse con la fruta.
De esta manera, AVA-Asaja censura que la supresión decretada este año de la materia activa para insecticidas Metil Clorpirifos y la no disponibilidad de alternativas "suficientemente eficaces" eleva a "niveles récord" la incidencia de las plagas, fundamentalmente cotonets y moscas blancas en el cultivo del caqui. Según ha informado la organización en un comunicado, un estudio técnico revela que los productores valencianos de caqui sufrirán esta campaña unas pérdidas superiores a 24 millones de euros por la merma de cosecha a consecuencia de las plagas.
El volumen total de frutas desperdiciadas en campo alcanzará las 80.000 toneladas, lo que supone un incremento del 30% respecto al ejercicio pasado. A esas previsiones se suma la pérdida de empleo y el impacto económico derivados en los almacenes de confección, el transporte y los mercados de comercialización.
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha advertido de que la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el caqui "está poniendo contra las cuerdas la viabilidad presente y futura de un cultivo que en lo que llevamos de siglo XXI se ha erigido en un pilar de la agricultura valenciana". "Todo el sector hortofrutícola español había reclamado a las administraciones que no prohibieran el Metil Clorpirifos sin dotar antes a los agricultores de otros métodos de lucha igualmente eficaces. No hicieron caso y ahora, al igual que ha ocurrido con los cítricos y otras frutas, se ven las consecuencias en el caso del caqui: un aumento de tratamientos fitosanitarios que no han evitado frenar los ataques de plagas, un aumento del desperdicio alimentario, una pérdida de competitividad y una degradación medioambiental".
AVA-Asaja ha enviado un escrito a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, para solicitarle su "máxima implicación" a la hora de ponderar "a pie de campo y con carácter oficial" la magnitud de esta problemática; aprobar dentro de sus competencias y reclamar al Gobierno central tanto indemnizaciones como medidas fiscales, como el módulo cero para la declaración de la renta de 2020 así como trabajar "en aras de facilitar al sector una serie suficiente de productos fitosanitarios y biológicos que sean verdaderamente efectivos para combatir las plagas que diezman las producciones".
Por su parte, la Unió de Llauradors ha presentado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, las primeras denuncias en la campaña de comercialización del caqui a comercios que realizan la compra con contratos donde no figura el precio de la fruta. En la denuncia, la organización agraria solicita que se inicien los controles e inspecciones requeridos sobre los comercios denunciados para comprobar el cumplimiento de la existencia de contratos por escrito y del artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que establece las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Según afirma la Unió en otro comunicado, algunos operadores comerciales están comprando durante estos últimos días caquis a los agricultores sin establecer expresamente el precio de compraventa en el contrato y efectuando este tipo de transacciones bajo la fórmula conocida como "a comercializar", es decir, sin un precio pactado tal y como obliga la Ley de la Cadena Alimentaria. La Agencia de Información y Control Alimentarios, recuerda la organización agraria, ya abrió en la pasada campaña expedientes sancionadores a alguna empresa importante del sector que había modificado mediante adenda las condiciones inicialmente pactadas en el contrato con los productores de caqui.
La Unió aconseja a los diferentes operadores comerciales, tanto del caqui como de otros cultivos, que utilicen y cumplan los contratos que firman con los productores. Advierte además que se mantendrá "totalmente vigilante para denunciar ante la AICA cualquier vulneración de los mismos para defender los intereses de todas las personas agricultoras de la Comunitat Valenciana".