ALICANTE (EFE). (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de apertura de juicio oral por la supuesta trama de corrupción vinculada al PGOU de Alicante porque discrepa de la exclusión de uno de los delitos, aprovechamiento de información privilegiada, atribuido al empresario Enrique Ortiz, según han informado este viernes a Efe fuentes jurídicas.
El titular del juzgado de Instrucción 5 de la ciudad, Manrique Tejada, acordó la pasada semana llevar a juicio al promotor, los exalcaldes alicantinos Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y otros seis procesados por esta pieza derivada del 'caso Brugal'.
Los políticos se enfrentan a posibles condenas de diez años de prisión como sospechosos de cohecho, tráfico de influencia y revelación de información privilegiada, mientras que Ortiz se enfrenta a peticiones de penas que suman entre ocho y doce años de cárcel.
El juez Tejada ha excluido expresamente del objeto del juicio, que deberá celebrarse en la Audiencia de Alicante, el delito de aprovechamiento de información privilegiada por el que estaba investigado el empresario, tal y como había hecho unos meses antes al procesarle.
No obstante, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular, y Esquerra Unida (EU), que está personada como acusación popular, sí lo han incluido esa infracción penal en sus respectivos informes y piden cárcel por ella.
El fiscal Felipe Briones ha recurrido ahora el auto de apertura de juicio oral al discrepar de la eliminación de este delito, que él entiende cometido en grado de tentativa.
Por su parte, EU ha hecho lo propio, ya que considera que Ortiz sí se benefició con la información confidencial supuestamente recibida por parte de los exalcaldes y el delito, a juicio de esta parte, llegó a consumarse.
Al menos una de las defensas, la del hermano de Castedo, José Luis Castedo, y su socio en el bufete de abogados Salvetti, Javier Gutiérrez, también han recurrido el auto, según las fuentes consultadas.
En este caso, sin embargo, la apelación está relacionada con la fianza civil de 1.339.249 euros a la que tendrán que hacer frente de forma conjunta y solidaria los nueve encausados antes de la celebración de la vista oral.
Esa cantidad corresponde a la que gastó el Ayuntamiento de la ciudad en los trabajos del nuevo Plan General, al que renunció el sucesor de Castedo en la Alcaldía, Miguel Valor, también del PP, tras la dimisión de ésta, en diciembre de 2014.
