Serra Gelada en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha elaborado una tasación de los terrenos que tiene en Serra Gelada el empresario local Quico Murcia Puchades, quien fuera en su momento presidente de Feprova. Lo hace después de que el promotor presentara una denuncia contra el Consistorio por no haber cumplido con el convenio suscrito desde 2003 por estas parcelas, que tenían que transformarse en unidades de aprovechamiento en otro plan urbanístico, ya que se transformaron en parque natural y por tanto, sin desarrollo posible.
Como ya adelantara Alicante Plaza, Murcia Puchades reclama 283 millones de euros por este suelo, después de que no hayan ejecutado el acuerdo y se haya agotado el plazo para renovarlo. Sin embargo, el Consistorio lo tasa en 636.116,27 euros.
El informe, al que ha tenido acceso este diario, indica que este terreno es rural, acogiéndose al Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 y el reglamento de Valoraciones 1492/2011. El resultado de lo que vale esos 121.992,50 metros cuadrados lo obtienen de la consideración de que se trata de explotación agropecuaria, en su mayoría improductiva (116.537,08 metros cuadrados) y el resto, regadío sin explotación y con derechos de agua legales.
En su momento, el acuerdo implicaba que el Ayuntamiento daba parte de su 10% del suelo que le corresponde en el PP Armanello, ahora bautizado como Ensanche Levante. Sin embargo, contaban con cinco años desde la fecha del convenio, que efectivamente no se han cumplido, y ha llevado al empresario a personarse en los juzgados para reclamar la compensación.
Como se recordará, el acuerdo se firmó de manera inicial con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue renovado siete años después con Agustín Navarro al frente de la corporación, aunque no fue ratificado por pleno. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005.
Pero este convenio ya nació con las dudas de la legalidad de la misma. Sobre todo, por no estar claro quién es el que tiene que indemnizar a los dueños, si el Ayuntamiento o la Generalitat. En el convenio, el primero se atribuía esa responsabilidad porque dos años antes había suspendido las licencias de construcción en la zona con el objetivo de proteger ese suelo. Con ello, las empresas cedían el terreno al Consistorio a cambio de unas 160.000 unidades de aprovechamiento, pero nunca se llegó a registrar la escritura con este cambio.
No obstante, en el momento de mayor apogeo del debate llegaron a sospechar que la indemnización la tenía que asumir la Generalitat ya que había sido la que había protegido el terreno. Es por esto que llegaron a poner una cláusula nueva en 2010, que eximía a Benidorm del pago en caso de que la Conselleria de Medio Ambiente protegiera el terreno. Como así terminó haciendo en 2012, momento en el que resolvió que no era urbano.
