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posicionamiento del equipo de gobierno ante la orden de paralización

Callosa de Segura alegará ante el TSJ para continuar con la retirada de la Cruz de los Caídos

29/01/2018 - 

CALLOSA (EFE).  El Ayuntamiento de Callosa de Segura, dirigido por el PSPV-PSOE, Izquierda Unida y Somos Callosa, estudia presentar alegaciones contra la orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ordena paralizar la retirada de la cruz franquista de los caídos, que ya fue desmontada la pasada madrugada.

 Fuentes municipales han informado a Efe de que el consistorio analiza la posibilidad de presentar esas alegaciones en las próximas horas, toda vez que el plazo para hacerlo expira a las 15 horas de este martes. El auto de paralización del TSJCV, al que ha tenido acceso Efe, ha sido notificado a las partes interesadas después de que esta mañana, sobre las 6.15 horas, se retirara la cruz con un fuerte dispositivo policial, que se ha saldado con dos detenciones por resistencia a abandonar el lugar y también por lanzar petardos a los guardias civiles.

La cruz, donde figuran inscritos los nombres de los callosinos del bando franquista que murieron durante la Guerra Civil española, fue retirada en un camión con una grúa. Los trabajos, no obstante, aún no habían concluido cuando se conoció la orden del alto tribunal ya que queda pendiente la retirada del pedestal, de mármol blanco al igual que la cruz.



La decisión del TSJCV accede a la petición que le había formulado la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, representada en los tribunales por la Asociación Española de Abogados Cristianos, frente "a la actuación administrativa por vía de hechos" del consistorio de Callosa de Segura, que a su vez se sustentaba en un acuerdo plenario. Los recurrentes pretenden que la cruz de los caídos sea restituida en su lugar original, junto a la iglesia arciprestal de San Martín, en la plaza de España.

 El equipo de gobierno municipal ha convocado para este martes, a las 11.30 horas una rueda de prensa para valorar la resolución judicial, que es firme y no admite recurso. El gobierno local acordó en 2016 la retirada de este monumento para cumplir con la Ley de Memoria Histórica que prohíbe símbolos franquistas en lugares públicos. 


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