ALICANTE. La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa) sigue quemando etapas hacia una salvación que cada día parece más cercana. Tras sacar adelante el convenio con los acreedores ordinarios (entre los que destaca la patronal autonómica, Cierval), aprobado ayer por el juez, ahora la organización que preside Francisco Gómez intenta llegar a un acuerdo 'amistoso' con la Generalitat para dar una salida al Centro de Oficios.
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) reclama a la patronal alicantina una deuda de 3,1 millones de euros por el crédito que le concedió en 2006 para levantar el edificio. El banco del Consell ya recurrió sin éxito el convenio de acreedores aprobado, que propone una quita del 95% y seis meses de plazo para pagar el resto, y podría volver a presentar alegaciones en el plazo de diez días que se abre una vez aprobado. Sin embargo, el IVF es un acreedor privilegiado que tiene a su favor la garantía hipotecaria que pesa sobre el edificio, tasado además en un valor superior a la deuda: 4,4 millones de euros.
El juez ya indicó, en el auto que rechazaba el recurso del IVF, que la solución al concurso pasaba "precisamente" por la venta del Centro de Oficios o, en su caso, la enajenación. Es decir, que el IVF ejecute la garantía. En teoría, Coepa debería intentar vender el edificio y, con los ingresos de la transacción, cancelar la deuda con el IVF. Pero fuentes de la patronal admiten que es casi imposible que eso suceda: el edificio está diseñado para ofrecer cursos de formación en prevención de riesgos laborales, y levantado sobre un solar de titularidad municipal cedido precisamente para dicho uso. Parece poco probable que un inversor privado quiera pagar 4,4 millones por el inmueble.
Pero en esa encrucijada puede estar también la solución. El IVF tendrá que quedarse el edificio (o el beneficio que por él se obtenga) tanto si Coepa se liquida como si supera el concurso. De modo que la patronal alicantina intenta cerrar un acuerdo amistoso que no implique ni lo uno ni lo otro: la cesión del edificio al Consell a cambio de cancelar la deuda, para que el Servef imparta la formación a la que estaba destinado el inmueble desde que se concibió. "Las competencias en la formación laboral son precisamente de la Generalitat", indican fuentes de la patronal, "de modo que son ellos los que pueden dotar de contenido el edificio".
Esta solución, que implicaría en el plano formal un acuerdo entre las dos partes sin llegar a ejecutar la garantía, ya se ha planteado en alguna ocasión en el despacho del conseller de Economía, Rafa Climent. La Abogacía de la Generalitat, en cambio, no lo tiene tan claro. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, advirtió hace solo unos días que, aunque acataba el dictamen del juez (que indicaba al IVF que se quedase el edificio para saldar su deuda), aún no estaba descartado que presentasen alegaciones en el periodo que se acaba de abrir.
El tercer actor en este acuerdo, el Servef (que es quien debería impartir la formación si se cerrase la transacción), podría suponer un freno al pacto. De hecho, acaba de denunciar a Coepa por un presunto desvío de subvenciones, porque a su juicio presentó facturas duplicadas para justificar la recepción de las ayudas públicas para levantar el Centro de Oficios, y solo ha justificado 4 de los 6 millones que recibió (entre subvenciones del Servef y el crédito del IVF).
El juez acaba de abrir diligencias y ha citado al representante legal de Coepa (Francisco Gómez) para enero. En la patronal insisten en que no se duplicaron facturas, sino que se presentaron las mismas en instancias distintas "para cosas diferentes", y que si el Servef ve un desfase de dos millones entre lo recibido y lo justificado es porque "solo ha analizado las facturas de un proveedor". El constructor y expresidente de Coepa Rafael Martínez Berna.
Al margen del acuerdo al que se llegue finalmente con el IVF, Coepa puede celebrar que este viernes salió adelante el convenio, aprobado por el 90,5% de los acreedores. El plan, como ha publicado Alicante Plaza, propone una quita del 95 por ciento de la deuda y seis meses para devolver el 5% restante. Ahora se abre un plazo de diez días para que los afectados lo impugnen. Si no hubiera alegaciones, el juez daría el visto bueno definitivo al plan, y Coepa dispondría de seis meses para pagar los 38.000 euros que quedarían de su deuda ordinaria. Si todo sale según lo previsto, Coepa convocará en seis meses (una vez puesta al día) la asamblea para elegir al nuevo presidente. Gómez, como avanzó este diario, ha confirmado que no se presentará.
El presidente de la patronal ha celebrado que, con este proceso, han conseguido cumplir uno de los objetivos principales del concurso, que no era otro que "salvar la responsabilidad" de los anteriores gestores administrativos de la patronal, ya que la sentencia del juez no habla en ningún caso de "negligencia", tal y como ha detallado.
En cuanto al Centro de Oficios, Gómez ha señalado que el IVF es el único que puede hacer efectivo el préstamo hipotecario y cobrar. "Consideramos que, para velar por el interés público, la mejor solución es que la Generalitat se hiciese cargo del centro y lo pusiera a trabajar a pleno rendimiento", ha opinado Gómez. Por lo que respecta al Ayuntamiento de Alicante, que ha reclamado derechos sobre ese centro por la cesión del suelo que realizó para su construcción, Gómez ha propuesto a las administraciones públicas municipales y autonómicas que "trabajen juntos".
En cuanto al futuro, Gómez ha considerado que "Coepa tiene viabilidad", aunque quizá no con la misma imagen ni el mismo nombre, pues está "quemada", según ha apuntado. Por otra parte, Gómez ha querido hacer un llamamiento a las otras patronales empresariales de Alicante, como Cepyme y Fempa, para que dejen apartadas sus diferencias y se integren en una sola y única asociación. "Al final debe imperar el sentido común; éste fue un problema de personas y lo lógico es tener una sola patronal fuerte", ha dicho.