Compromís borra de su moción la retirada de sueldo de ediles procesados para sumar a PP y Cs

ALICANTE. Compromís modula y suaviza su propuesta sobre la retirada de sueldos de concejales imputados y procesados en aras del consenso. Según ha podido constatar Alicante Plaza, los nacionalistas están dispuestos a eliminar de su moción la referencia expresa a una situación de procesamiento por cuestiones relacionadas con sus decisión en la gestión pública. Todo con el fin de que, cuando se produzca el debate de la propuesta en el próximo pleno, se consiga aunar posiciones, sumar voluntades y favorecer la reflexión sobre uno de los puntos recogidos en el pacto de gobierno suscrito tras las municipales de 2015. Es decir, que se promueva una reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) en el que se fomente la participación ciudadana, se limite el exceso de competencias que ahora se conceden a la Alcaldía y, sobre todo, se cumpla con la exigencia ética de que se retiren las retribuciones a los concejales imputados por delitos de corrupción.

El propio portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha confirmado la introducción de ese gesto en busca de un acercamiento político con el conjunto de los grupos municipales. De hecho, ha insistido en que, en el otoño de 2016, el PSOE también estaba de acuerdo en la reforma del reglamento y que incluso  Para evitar interpretaciones, ha explicado que su iniciativa no se dirige a título personal "ni contra el alcalde, ni contra nadie". "Nosotros pensamos que Gabriel Echávarri debe volver a su actividad privada como abogado porque debe dimitir por los motivos que ya hemos explicado, no porque se le retire el sueldo se vea obligado a ello", ha abundado, en alusión al rechazo o las reticencias que la iniciativa ha generado en otros dos partidos de la oposición, el PP y Ciudadanos (Cs). Como ha informado este diario, Guanyar sí apoyaría la iniciativa. Es más, ha presentado una propuesta en la misma dirección y todo apunta a que las dos mociones podrían llegar a fusionarse.

En esta línea, ha incidido en que "Compromís no quiere que ese debate sobre la situación del alcalde hegemonice el debate sobre el fondo del asunto; lo que queremos es que se dé cumplimiento a una necesidad ética". O lo que es lo mismo, que la prioridad es que se cree la comisión que plantea la moción para que se produzca esa reforma del ROP con esa medida específica frente a los ediles inmersos en causas judiciales vinculadas a los delitos de corrupción, que la propuesta no llega a delimitar. Según Compromís, esa cuestión debe quedar precisada durante los trabajos de la comisión.   

Como viene informando este diario, el gran debate que podría plantearse entonces es si se considera que la prevaricación debe computarse como un delito vinculado a la corrupción y si, en último término, esa hipotética modificación del reglamento afectaría al primer edil, imputado por prevaricación por los llamados caso Comercio y caso despido. La segunda gran incógnita es qué eficacia puede llegar a tener esa posible modificación del reglamento, ya que al menos la capacidad para plantear el reparto de sueldos públicos es una competencia reservada a la Alcaldía, pese a que, después, sea el conjunto de la corporación quien deba votarla en el pleno.