Miguel Peralta, en su etapa como conseller de Justicia. Foto: APALICANTE. El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante ha condenado a la sociedad matriz del grupo Santa Ana, Consorcio de Promoción y Vivienda de Alicante S.L. (Coprovi), y a varias de sus sociedades dependientes incluida la Villa Universitaria (Consorcio Empresarial San Vicente Sur S.A.) a pagar casi 45.000 euros al exconseller Miguel Peralta, por los servicios prestados como abogado al grupo empresarial en los últimos años.
Según un auto al que ha tenido acceso Alicante Plaza, el juzgado de lo Social número 2 ha condenado a una veintena de mercantiles vinculadas al propietario de Santa Ana, el expresidente del Alicante C.F. Juan Antonio Iniesta, a indemnizar de forma solidaria al exconseller con 40.875,43 euros, "más un 10% en concepto de interés por mora". En total, 44.962 euros. Asimismo, el auto señala al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) como "responsable legal subsidiario". Asimismo, señala tal condición para los administradores de las mercantiles que en estos momentos se encuentran en concurso, incluida la Villa Universitaria.
Contra la sentencia cabe recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según se indica en el propio auto, pero el juez advierte de que si es una de las empresas condenadas la que recurre, está obligada a presentar ante el juzgado "resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones" del órgano judicial.
Peralta se inició en la política como concejal en el Ayuntamiento de Alcoy, en 1995. En 2000 se convirtió en alcalde al romperse el pacto de izquierdas (que mantenía al PSOE en la Alcaldía) tras la retirada de Josep Sanus, y se mantuvo en el cargo hasta 2003, cuando tras ganar las elecciones el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, lo nombró conseller de Industria. Peralta, próximo a Zaplana y al expresidente del PP de Alicante Joaquín Ripoll, repitió en el Ejecutivo autonómico en el primer mandato de Francisco Camps, en esta ocasión con la cartera de Justicia. También paso por el Congreso de los Diputados durante una legislatura, antes de retirarse de la política desencantado con sus excompañeros, y centrarse en el ejercicio de la abogacía.
Según ha podido contrastar este diario en fuentes conocedoras del proceso, el exconseller de Justicia trabajó como abogado para el dueño de Santa Ana una vez desvinculado de la política. Cuando las empresas de Iniesta entraron en barrena por la crisis del ladrillo, Peralta comenzó a reclamar al empresario el pago de sus servicios, sin éxito. Como tantos otros acreedores, el político y abogado alcoyano ha tenido que recurrir a los juzgados de lo Social para poder cobrar la cantidad adeudada, que superaba los 40.000 euros. Está por ver, en cualquier caso, si Peralta logra finalmente cobrar la cantidad establecida por el juzgado, dado que la mayoría de mercantiles demandadas, y la propia matriz, están en concurso de acreedores, cuando no inmersas en un proceso de liquidación.
Así, tal como adelantó este diario el pasado 26 de enero, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha puesto en marcha el proceso de liquidación de la matriz del grupo Santa Ana, Coprovi, a la espera de aprobar el plan de liquidación propuesto para su filial, Consorcio Empresarial San Vicente Sur S.A. (de la que Coprovi posee el 50% del capital), pendiente de que se abra la subasta para intentar salvar su principal activo, la Villa Universitaria de San Vicente del Raspeig.
En cuanto a Coprovi, los administradores concursales (un abogado, un economista y una constructora acreedora de la firma) han propuesto al juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante proceder a la subasta de los bienes inmuebles de la mercantil para hacer frente a las reclamaciones económicas. La deuda que se calcula para la cabecera del grupo Santa Ana es de unos 54 millones de euros, aunque si se tiene en cuenta a todo el grupo la cifra se dispara por encima de los 100 millones. Los principales acreedores, además de otras empresas, son los bancos (especialmente la Sareb y el Banco Sabadell).
Entre los interesados en hacerse con la residencia de estudiantes y hotel se cuentan un grupo especializado en gestionar este tipo de complejos y un fondo de capital riesgo, pero ninguno parece dispuesto a ofrecer los 18 millones que piden los bancos
