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conselleria le dijo que no era su competencia

Conselleria frenó a Benidorm su intento de cerrar el restaurante de la "isla pirata" por carecer de licencia

23/11/2017 - 

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm lo tiene claro: no han dado ningún tipo de licencia municipal para que el restaurante que opera en la isla de Benidorm esté abierto y ofreciendo comidas cada día. Así consta en un informe al que ha tenido acceso Alicante Plaza y por el cual, la concejal de Urbanismo y Contratación, Lourdes Caselles, firmó en septiembre de 2016 un documento en el que solicitaba sancionar a los explotadora de este establecimiento, e incluso clausurarlo si fuera el caso.

Pero todo ello se quedó en agua de borrajas. Según explicaron fuentes municipales, Conselleria emitió un informe al Ayuntamiento en el que le decían que no tenía competencias sobre la isla de Benidorm y en eso se escudan para no haber ejecutado este expediente. Como consecuencia, el restaurante ha seguido abierto durante todo este año sin ningún tipo de problema y facturando por su negocio: el del restaurante y el de los viajes al propio bar situado en la isla, que a la vez está en un parque natural protegido.

Según ha sabido este diario, durante las comisiones informativas de este lunes se le preguntó a la propia edil de Urbanismo por la situación de la empresa en el parque natural. En ese momento, Caselles tiró balones fuera y dijo que es Costas la competente en este asunto.

La titularidad de los terrenos en los que está el restaurante son confusos. O eso quieren hacer creer. Históricamente, la isla fue "ocupada" por el tío del que fuera el alcalde socialista, Agustín Navarro, ya que en época franquista, allá por los años 50, si se quedaba alguien viviendo en la isla, acabaría siendo término municipal. Es más, lo llegaron a introducir en el patrimonio de la localidad y en 1959 el pleno autorizó la construcción de la caseta.

No obstante, la ley española dice que todo islote de estas características pertenece al Estado español. Pero como se decía, el empeño por que fuera de la administración local llegó incluso a facturar a José Cervera, dueños de las mercantiles explotadoras, un canon de 850.000 pesetas en 1984. Según dice el recibí al que ha tenido acceso este diario, lo hacía en relación al precio por la ocupación de la vía pública "o terrenos de uso público correspondiente a bar sito en la isla de Benidorm".

A esto además se le suma las numerosas actuaciones que se han realizado en la isla por parte de la administración local. Entre otras cosas, la instalación de un grupo electrógeno para dar luz a la casita ubicada para el guardián, que se remonta a 1961, según ha podido comprobar este diario.

Pero no es la única vez que el empresario se enfrentaría a una sanción. Según la documentación que tiene le Ayuntamiento relativa a la isla de Benidorm. En 1990 Costas incoó un expediente sancionador contra el empresario, José Cervera, que se resolvió con una sanción económica "que fue satisfecha por el infractor", según reza un escrito del jefe del servicio provincial de Costas en Alicante, fechado en 2004. 

En este texto mencionado, afirma que no se le llegó a ordenar que se retirara el pantalán porque se les informó que se había eliminado "desconociendo este Servicio, que se hubiera vuelto a instalar". Por ello, hace 13 años volvieron a pedirle al ayuntamiento los nombres de las personas y mercantiles que hay detrás de esta explotación para "recuperar" los terrenos "de dominio público marítimo terrestre, ocupados indebidamente". Días más tarde, se les informó que eran Excursiones Marítimas, Cerbuques SL y José Cervera.

A todo esto, el 26 de octubre de 2005, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el deslinde que incluye en el dominio público marítimo terrestre la totalidad de la isla de Benidorm, en el término municipal de Benidorm.

A día de hoy, la isla de Benidorm está en el punto de mira por varios motivos. Por un lado, por la denuncia en Fiscalía por parte de la asociación Costa Blanca Marine, que ha destapado todo este entramado después de años en silencio. Un proceso judicial que aún está abierto.

Por otro lado, y con visos de ver la luz en los próximos días, el expediente de la Conselleria de Medio Ambiente por el cual tomarán medidas después de comprobar las posibles consecuencias para el territorio que tiene estas actividades comerciales en el entorno de la isla.

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