El Consell invertirá más de 200 millones de euros para mejorar y construir nuevas sedes judiciales

VALÈNCIA. (EFE/VP). La Generalitat Valenciana invertirá más de 200 millones de euros en la construcción y rehabilitación integral de sedes judiciales, así como en medidas de eficiencia energética y en la mejora de la seguridad y el mantenimiento de los edificios de la administración de Justicia con el objetivo de "dignificarlos" y adecuarlos al "siglo XXI".

De este modo, este plan de inversiones, para el periodo 2017-2021, prevé la construcción de once nuevos inmuebles; la rehabilitación integral de seis sedes, entre las que se encuentra el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) y catorce actuaciones para mejorar la eficiencia energética y las climatización.

Así lo ha dado a conocer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha presentado este plan de cuatro años que lleva por lema 'La nueva cara de la Justicia', acompañada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la presidenta del TSJCV; Pilar de la Oliva, así como diferentes personalidades de la administración de la justicia y partidos políticos.

"Queremos aportar una nueva imagen de los edificios judiciales para una Justicia del siglo XXI. Edificios modernos, eficientes y sostenibles, en los que los profesionales trabajen de una forma más cómoda y digna", ha reivindicado la consellera.

En concreto, el plan recoge la construcción de nuevos inmuebles, entre los que destaca una inversión de 53,3 millones de euros para la nueva Ciudad de la Justicia en Alicante, que cuenta con una previsión de inicio de las obras en septiembre de 2019 y una finalización para principios de 2022.

Asimismo, contempla nuevas sedes en diferentes localidades de la Comunitat: 2,5 millones para nuevos juzgados en la Vila Joiosa; 14 millones en Alzira; 750.000 euros en Mislata; 17 millones para el nuevo juzgado en Llíria y otros 17 millones en Torrent.

De igual modo, recoge una inversión de 17,5 millones para inmuebles en Gandia, 1,5 millones en Orihuela; 616.000 euros para la nueva Fiscalía en Gandia; 600.000 para la construcción de nueva sede en Sueca y también prevé construir en Xàtiva, aunque sin detallar asignación presupuestaria.

Por otro lado, se acometerá la reforma integral de diferentes sedes judiciales: la del TSJCV que cuenta con un presupuesto de 25,2 millones y un plazo estimado de ejecución de obra de cinco años; 24,5 millones para los juzgados de Benalúa en Alicante; un millón de euros para los inmuebles en Nules; 1,6 millones en Vinaròs y 1,1 millones en Torrevieja.

Además, se realizarán actuaciones de eficiencia energética y mejora de la climatización en el TSJCV; la Ciudad de la Justicia de valència y en los edificios de la Administración de Justicia de Benidorm, Novelda, Elda, Villena, Paterna. Alicante, Castellón, Segorbe; Elche, Sagunto, Quart de Poblet y Vinaròs.

Mantenimiento y protección

Con el fin de conseguir una gestión más eficaz, se creará una unidad administrativa encargada exclusivamente de la supervisión y seguimiento de las contratas de mantenimiento y se incrementará el presupuesto hasta los 9 millones para este fin.

También, se creará un nuevo sistema centralizado de protección y seguridad de las instalaciones judiciales a través de la actualización y ejecución de los planes de emergencia de todas las sedes judiciales; de la evaluación y mejora de los sistemas de seguridad y protección contra incendios y de la creación de un centro de control integrado para todos los juzgados.

Bravo ha subrayado que el objetivo es conseguir unos nuevos edificios judiciales "eficientes, accesibles y sostenibles" que garanticen "seguridad e higiene" y que sean "de calidad" para generar "confianza" y lograr "una Justicia del siglo XXI". "Es un plan que mira al futuro, al ciudadano y a los operadores jurídicos", ha reivindicado Bravo.

En este sentido, ha destacado que se trata de un proyecto "integral, realista, de presente y de futuro y que garantiza las condiciones de los trabajadores de forma digna". "Esto no es un Power Point, sino un plan real y tangible que dota al sistema judicial de herramientas para prestar un servicio de calidad y que garantiza condiciones de igualdad".

Por su parte, Puig ha indicado que tras "demasiados años de abdicación", la Generalitat "sitúa la justicia en la agenda política dotándola de recursos y adaptándola a una sociedad compleja" en donde "debilitar la justicia sería dar alas a la incertidumbre en los sistemas democráticos", ha apuntado.

Una justicia "más débil", ha señalado Puig, supone "más desprotección y un escenario de mayor inseguridad que acaba erosionando la convivencia y las oportunidades de futuro". Por tanto, ha enfatizado que cuando "se recortan servicios públicos fundamentales", lo que se hace es "trasladar temporalmente la pobreza" y, por eso, ha considerado que el camino es "reparación, reconstrucción y renacimiento".