El Consell impugnará las ZGAT de Valencia y Alicante para forzar un pacto con todo el comercio

ALICANTE. La Conselleria de Economía despliega toda la artillería de su estrategia legal, política y administrativa para forzar un pacto sobre las aperturas en domingo con todos los operadores comerciales asentados en la Comunitat. Un pacto sujeto, eso sí, a posibles asimetrías, producto de los consensos territoriales particulares que puedan alcanzarse fundamentalmente en los casos de las ciudades de Valencia y Alicante. 

Por partes. El primer paso de esa estrategia se formalizará entre el miércoles y el jueves. Se trata de la aprobación del expediente de lesividad sobre la declaración de las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) aprobadas por el Consell del PP para la ciudad de Valencia en enero de 2013. Es un paso administrativo previo -que se debía aprobar antes de que transcurriesen cuatro años de aquella decisión- para que la propia conselleria pueda solicitar su anulación en el juzgado, de acuerdo con el procedimiento que se dejaba abierto en el último informe emitido por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la materia. 

En ese expediente de lesividad se recogen los argumentos que figurarán en el contencioso posterior: la declaración de esas zonas de libertad horaria fue irregular porque no se concedió el pertinente trámite de audiencia a todos los operadores del sector, lo que, a la postre provocó una situación discriminatoria para los excluidos. Economía dispone de un plazo de dos meses para presentar ese contencioso, a contar desde que se apruebe ese expediente de lesividad.

Esa misma sucesión de actos (expediente de lesividad y contencioso) se reproducirá en el caso de la única zona ZGAT aprobada para la ciudad de Alicante a finales de enero de 2013: un acuerdo por el que se ampliaba la libertad horaria, que entonces era sólo estacional y limitada a la fachada marítima, hasta el Centro tradicional y Maisonnave.

Los dos contenciosos permitirán que el Consell llegue con una posición de fuerza a la reunión de la comisión mixta creada en el seno del Observatorio del Comercio, que se anunció en noviembre, con la que se aspira a consensuar una regulación definitiva sobre el conflicto de las aperturas en domingo. La cita no tiene todavía fecha cerrada. Se convocará la semana que viene, pero el propósito es que se celebre a finales de enero. En ella, se espera un diálogo constructivo entre sus 15 miembros en el que probablemente todos tengan que ceder. Eso sí, será un diálogo constructivo al que el Consell llegará con las espaldas cubiertas y un discurso que se cree bien hilado: mejor un mal acuerdo que un mal pleito. El planteamiento es sencillo: si en ese foro se llega a un pacto admitido por todos, el Consell retiraría esos contenciosos.

Entre los 15 miembros de esa comisión, al margen de la Generalitat, figuran los ayuntamientos de Valencia y Alicante, la Asociación de Centros comerciales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Anged, las Cámaras de Comercio, las asociaciones de consumidores, Asucova, Covaco, Unión Gremial y Cecova. Se trata de protagonistas con intereses a veces encontrados pero en Economía no se descarta un posible entendimiento.

Si el intento fracasa, siempre continuará viva la vía de los tribunales que se abre ahora con los dos contenciosos paralelos para Valencia y Alicante. ¿Qué efectos pueden tener? Si el Consell cae derrotado con una sentencia desestimatoria, se mantendría el mapa comercial actual. Si gana, al menos en Valencia implicaría partir de cero para la definición de una o varias ZGAT. El Ayuntamiento propondría su ámbito temporal y territorial, después de haber dado audiencia a todos los interesados, y el Consell dispondría. 

El caso Alicante

En Alicante la situación es algo distinta. A priori, una victoria del Consell no tendría que implicar que se partiera de cero, ya que existe el compromiso manifestado personalmente por el titular de Economía, Rafa Climent, de que se respetará el régimen de aperturas en festivo aprobado por el Ayuntamiento, una vez votado por el consejo local de comercio (circunstancia que funcionaría como trámite de audiencia) y ratificado en la Junta de Gobierno, en noviembre. Así lo reiteró este martes el propio alcalde, Gabriel Echávarri, en defensa del principio de autonomía municipal. Ese régimen permite la libre apertura en domingo a los comercios del Centro tradicional, incluido Maisonnave, que se comprometan a ampliar plantillas y a limitar a sólo once los festivos que deben trabajar sus empleados al cabo de un año.

Compromís ya ha registrado una PNL en el Congreso y presentará enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para tumbar la obligación legal de que las dos capitales tengan al menos una ZGAT

No obstante, según fuentes de Economía, esa sentencia favorable sí podría funcionar como una tabla de salvación para evitar la liberalización de horarios en toda la ciudad de Alicante en el caso de que, antes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratifique el derecho de Plaza Mar, Gran Vía y Puerta de Alicante a ser incluidos en la zona ZGAT que se aprobó en 2013, como ya establece la sentencia de primera instancia, en la que se anula el rechazo a su petición de adhesión a esa ZGAT que el tripartito y C's votaron en 2015. En ese supuesto, en consecuencia, habría que volver a negociar un acuerdo con todos, "incluidos esos tres centros comerciales que ahora siguen excluidos", según subrayaron fuentes de Economía. Hasta ahora, los tres centros comerciales ya han solicitado la ejecución provisional de la sentencia. Echávarri se lamentó este miércoles por ello: "Han preferido sentar a Alicante en el banquillo a dialogar"; "Anteponen sus cuentas de resultados a las condiciones laborales de sus trabajadores"; "Nos tendrán enfrente", dijo 

Los otros pasos

El escenario impugnación-negociación se completará con otras dos iniciativas para acabar tumbando la actual delimitación de las ZGAT. La primera, ya materializada, es el registro -a través de los diputados de Compromís, el partido que controla Economía- de una Proposición No de Ley en el Congreso para anular la modificación legal aprobada por el Gobierno central en 2012 que imponía necesariamente a las ciudades de más de 100.000 habitantes la declaración de al menos una ZGAT. Según fuentes de Economía, aún no hay fecha para el debate de esa propuesta. 

La segunda consistirá en la presentación de una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 -todavía sin calendario de tramitación- para eliminar también esa imperativo legal. ¿Por qué se elige esa fórmula? Porque fue el camino que el PP siguió para aprobar ese cambio sobre la Ley del Comercio de 2004.