CASTELLÓ. El Gobierno espera obtener 217,5 millones de euros por la concesión durante cinco años de las nueve áreas de servicio de la autopista AP-7 que liberalizará el próximo 1 de enero, cuyo tramo abarca de Tarragona a Alicante. De las nueve áreas de servicio, siete se encuentran en territorio de la Comunitat Valenciana: Benicarló, la Ribera, la Plana, Sagunt, la Safor, San Antonio y la Marina.
Para ser concretos, los 217,5 millones de euros es el máximo que Fomento estima que podría obtener por la concesión de estas zonas de descanso en carretera y se corresponde al valor de negocio que la ingeniería dependiente del Ministerio, Ineco, ha calculado que generarán las siete áreas de servicio citadas y las de l'Hospitalet y Baix Ebre, en Tarragona, durante los próximos 5 años. Pero esta cifra de licitación del contrato variará, seguro, a la baja.
De hecho, las compañías que quieran optar a su gestión deberán restar a este montante los costes de gestión de cada área para ofertar el canon definitivo a Fomento. Tanto es así que, tras evaluar los ingresos por diferentes vías (suministro de combustible, restauración y ventas de productos, principalmente) y las prognosis de tráfico para los próximos cinco años, Ineco ha estimado unos cánones de concesión mínimos mucho más bajos. En total, suman 14,2 millones de euros, lo que supone una diferencia enorme con el volumen de ingresos estimado, que además es una cifra relativamente baja.
No en vano, para el cálculo de los ingresos, Ineco ha estimado un aumento del tráfico del 1,44% anual, mucho menor al que seguro se producirá tras la liberalización de la autopista. Este es "un punto de vista conservador", tal y como reconoce la propia ingeniería en el estudio de viabilidad que acompaña a la licitación. Pero lo establece así porque no hay "un estudio de tráfico que cuantifique" el aumento de la circulación que se va a producir con la eliminación de los peajes. Todo un recado al Ministerio.
Como ejemplo, en el área de la Ribera de Cabanes Ineco espera pasar de los 5,9 millones de vehículos de 2017 a 6,3 en 2023; en Sagunt de 5,2 a 5,6; y en la Marina de 8,6 a 9,2 millones. Aumentos rácanos en los seis años de diferencia. Y en todos estos casos el incremento de vehículos pesados es mínimo.
En su estimación de gastos que se van a producir tras la liberalización, Ineco también afirma que los usuarios de autopistas son más propensos a realizar gastos que aquellos que circulan por autovías sin peaje, lo que induce a los técnicos a prever un "menor ingreso por vehículo". Pero lo que no citan los autores del estudio en este capítulo es que no habrá una carretera de pago alternativa a partir del 1 de enero y todos los conductores que circulen por la zona para desplazamientos largos optarán, prácticamente en su totalidad, por esta autopista liberalizada.
Con ello, el volumen de negocio de las áreas de servicio será, con total seguridad, sensiblemente mayor que los 217,55 millones previstos para los próximos cinco años. Máxime con el más que previsible incremento de vehículos pesados, que ya se está percibiendo, por ejemplo, en el norte de la provincia de Castellón con el cierre de la N-340 y la bonificación de la AP-7.
El concurso por el que se licitan las áreas de servicio se produce "por la reversión" de la carretera al Estado, tal y como se cita en el informe de viabilidad, de forma que las concesiones de la actual gestora de la carretera, Aumar, no son válidas para el futuro.
Pero la cercanía de la liberalización del próximo 1 de enero obligará a Fomento a dejar que las firmas que gestionan las áreas de servicio en la actualidad continúen durante varios meses con la liberalización ya materializada. Y es que el plazo de obtención de los pliegos para presentar las ofertas (cada área sale a concurso de forma individual) finaliza el 14 de febrero próximo y las ofertas técnicas, las últimas, no se abrirán hasta el día 24 de ese mismo mes. Tras la elaboración y análisis del posterior informe de valoración, la adjudicación de las nueve áreas no se producirá hasta bien entrada la primavera.