Hoy es 15 de agosto
ALICANTE. El PSOE echa el resto para arropar a su alcaldesa accidental y despejar el camino hacia su investidura, en el momento en el que se formalice la dimisión del todavía alcalde, Gabriel Echávarri, prevista para el próximo lunes 9 de abril. La directriz política coordinada entre la cúpula regional del PSPV y la nueva ejecutiva local del partido que dirige Miguel Millana es la de proteger a Eva Montesinos frente a los ataques que puedan producirse desde los bancos de la oposición. Entre ellos, el registrado en los últimos tres días, en los que el PP ha exigido explicaciones a cuenta de la investigación sobre la presunta financiación irregular de las campañas de PSPV y Bloc de 2007 a 2011 y la participación de José Ramón Tiller (actual adjunto a la gerencia de la empresa pública mixta de la Diputación de Valencia Egevasa, y exempleado de la empresa Crespo Gomar; al parecer, uno de los vértices de la trama) en el periodo electoral de 2015, cuando Montesinos ejerció como responsable de Movilización.
Esa estrategia se puso en escena este mismo martes en una comparecencia pública en la que, en presencia de Montesinos, el edil de Contratación y Recursos Humanos, Carlos Giménez, asumió toda la responsabilidad como coordinador del desarrollo de esa campaña, en funciones de secretario de Organización local (dejó de desempeñar ese papel hace dos semanas, en la última asamblea local). Giménez admitió que Tiller -"que es militante del partido", dijo- había colaborado en la campaña de manera altruista para prestar asesoramiento técnico a los integrantes de la candidatura. Pero nada más. "Nos ayudó a que tuviéramos algún tipo de pose, porque tenía bastante experiencia en ese tema", ha subrayado, a la vez que ha reconocido alguna colaboración más en otros actos de campaña sobre "algún aspecto técnico".
El edil insistió en que solo colaboró con el PSOE local en esa campaña y negó cualquier relación previa con Tiller. Toda la campaña "se realizó desde Alicante" con el trabajo del comité electoral y de "muchos colaboradores, tanto compañeros como gente que quería" que el PSPV-PSOE volviera a gobernar la ciudad. De ahí que anunciase acciones legales contra los ediles del PP o de cualquier otro partido que se dedique a "difamar".
En esta línea, la propia Montesinos volvió a insistir en que, por la información que se conoce hasta el momento, la investigación abierta en cuatro juzgados distintos en relación a los hechos denunciados por el PP no abarca a la campaña electoral de 2015. "Lo único que busca el PP es poner el foco en mí por ser la nueva candidata a la alcaldía", recalcó. "Están muy nerviosos, porque no quieren que el PSOE siga gobernando en esta ciudad y lo único que quieren es salpicarme, embarrar la investidura y conseguir ellos la alcaldía", dijo. Así, insistió en que ella "no tenía ningún poder de decisión" durante la campaña de 2015, por lo que ha aseguró que "nunca van a encontrar nada" que la relacione con "ninguna" presunta "financiación ilegal".
La comparecencia conjunta de Montesinos y Giménez para descargar presión sobre la candidata a la investidura no fue un hecho aislado. Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que a lo largo de la mañana del martes se produjo un encuentro entre ambos y el nuevo secretario general, Miguel Millana, para perfilar esa estrategia. Y que, además, durante la jornada del domingo, el propio líder del PSPV, Ximo Puig, mantuvo una conversación telefónica con Montesinos en la que le volvió a trasladar todo su respaldo y le animó a seguir trabajando en la búsqueda de los 15 votos que resultan necesarios para garantizar su elección desde la tranquilidad.
Los contactos en busca de los 15 votos se iniciarán a finales de esta semana con Guanyar y Compromís; las citas con Cs y los no adscritos, tras la dimisión de Echávarri
Montesinos confirmó este martes que esa búsqueda se retomaría a finales de esta semana con dos primeras citas con los exsocios de gobierno del PSOE: Guanyar y Compromís. Fuentes municipales indicaron que se tratará de reuniones para solicitar su respaldo en el pleno de investidura, sin plantear ninguna negociación sobre posibles contraprestaciones o compromisos políticos y sin abordar un posible regreso al equipo de Gobierno. Como viene informando Alicante Plaza, en todo caso, esa posibilidad se abordaría a posteriori. Las mismas fuentes precisaron que esas dos primeras citas posiblemente no pasen de ser un mero formalismo, puesto que las dos formaciones ya han manifestado su intención de dar su voto a un candidato del PSOE para cerrar el paso a un hipotético regreso del PP al poder. Ahora bien, lo cierto es que la posición de Guanyar y de Compromís queda supeditada al debate de sus respectivas asambleas y, al menos en el caso de Guanyar, ya se ha manifestado que la candidatura de Montesinos se aceptaría como mal menor, no porque se considerase que pueda ser la mejor candidata posible.
El turno de los encuentros con Ciudadanos (Cs) y los dos ediles no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, llegará la próxima semana, puesto que en los tres casos se ha manifestado que no habrá ningún posible acuerdo hasta que se produzca la renuncia efectiva de Echávarri. Su dimisión abrirá un plazo máximo de diez días para que se convoque el pleno de investidura y otro de diez días más para su celebración. Fuentes socialistas precisaron que lo lógico es que se agoten ambos plazos para contar con plenas garantías de que, antes, pueda producirse la toma de posesión de Miguel Castelló: el número 7 de la candidatura del PSOE que ocuparía la vacante de Echávarri.
Mientras, el primer edil -ahora apartado de la actividad pública- se centra en su defensa frente a las dos causas en las que se encuentra expuesto a juicio: los llamados caso Comercio y caso despido. Sobre el primero, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 dio plazo el pasado miércoles a las acusaciones (el PP y la Fiscalía Anticorrupción) para que formulen sus escritos de calificación sobre el supuesto fraccionamiento de contratos. Sobre el segundo, la representación legal de Echávarri registró, también el pasado miércoles, su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial frente al auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. La tesis de su recurso sigue siendo que el cese de la trabajadora interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, fue legal, como se reflejaría en los informes técnicos. Así, no podría considerarse que hubiese existido prevaricación. Además, en el recurso se sostiene que la decisión no fue arbitraria, en la medida en que de los 47 interinos contratados en el Ayuntamiento sin cargo a plaza, sólo la trabajadora despedida y otros dos empleados estaban desempeñando funciones o puestos distintos a los que motivó su contratación.