La abogada Almudena Muñoz dirigió Casa Mediterráneo entre 2012 y 2015. Foto: CASA MEDITERRÁNEOALICANTE. Una falta absoluta de control y de la más mínima observancia de las obligaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, en la Ley de Transparencia y en los propios estatutos del Consorcio. Así pueden resumirse las conclusiones del Tribunal de Cuentas en el demoledor informe de fiscalización de Casa Mediterráneo relativo a los ejercicios 2014 y 2015, cuando al frente de la entidad se encontraba la abogada Almudena Muñoz. Una mujer considerada de la confianza del exministro de Exteriores José Manuel García Margallo, a la que el Gobierno situó al frente de Casa Mediterráneo para ajustar drásticamente los costes de funcionamiento del consorcio.
Las conclusiones del informe de fiscalización, que llama la atención sobre el hecho de que la información remitida por Casa Mediterráneo "no expresa la imagen fiel" de la entidad fiscalizada, son una retahíla de incumplimientos, vulneraciones de normativas estatales e incluso posibles irregularidades en la contratación. Así, el Tribunal de Cuentas alerta sobre la falta de control en el empleo de los fondos públicos, la escasa información facilitada para hacer su trabajo, los contratos firmados en contra de los Presupuestos Generales, el posible fraccionamiento de contratos en las obras de la sede (la antigua Estación de Benalúa), el incumplimiento de los estatutos del consorcio y, para rematar, la sanción a Almudena Muñoz por una "infracción grave", consistente en "la no declaración de actividades y de bienes, tras el apercibimiento para ello".
El órgano fiscalizador señala que la tesorería de Casa Mediterráneo presenta "elevados saldos" en los años inspeccionados, producto del exceso de aportaciones de las administaciones consorciadas en relación con la ejecución de los gastos. Sin embargo, advierte de que dos de las tres entidades financieras con las que operaba el consorcio no han remitido información, lo que genera una incertidumbre especialmente significativa porque "hasta finales de 2015, la única firma autorizada en todos los bancos era la de la directora general, representando un riesgo de control interno". En cuanto a los ingresos, el Tribunal señala que "únicamente las aportaciones del Estado se han ingresado regularmente", mientras no sucedía lo mismo con la Generalitat y los Ayuntamientos. El modelo de financiación se caracteriza por su "ambigüedad", lo que "no es apto para fundamentar el funcionamiento normal de cualquier entidad".
Asimismo, el informe advierte de que el consorcio "carece de planificación estratégica", algo imprescindible para justificar su necesidad para el interés público. Al mismo tiempo, sus actividades "se realizan sin planificación formal", una circunstancia que impide al órgano fiscalizador "realizar una valoración objetiva del resultado" de estas actividades, así como "de la adecuación de las mismas a los fines del consorcio y de los objetivos que deberían haberse establecido".
Las deficiencias más graves detectadas en el informe de fiscalización, con todo, se refieren a la forma de contratación empleada por Casa Mediterráneo durante la etapa de Almudena Muñoz como directora general: tanto en el apartado de personal como en el de servicios por cuenta de terceros. Así, el informe señala que en 2014 se acordaron tres bajas de personal, dos de ellas por motivos económicos, pero que sin embargo "se formalizaron dos nuevas altas". Algo que "constituye un incumplimiento de la prohibición de contratar nuevo personal establecida en los PGE para 2012 y siguientes". Es decir, Muñoz ignoró las restricciones a la contratación de empleados públicos establecidas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un momento de duros ajustes.
Por otro lado, los contratos de alta dirección de la directora general y de la secretaria general del consorcio se formalizaron "con un retraso de seis y nueve meses, respectivamente, desde el inicio de sus prestaciones". Es decir, que las dos funcionarias estuvieron "percibiendo retribuciones y gestionando fondos públicos sin respaldo contractual" durante ese periodo de tiempo.
La estación de Benalúa, rehabilitada para ser sede de Casa Mediterráneo. Foto: CASA MEDITERRÁNEOAún hay más. Las obras de la estación de Benalúa para convertirla en la sede de Casa Mediterráneo, el principal gasto acometido por la institución en esos años (3,7 millones de euros hasta 2015) están también, según el informe de fiscalización, plagadas de posibles irregularidades. Para empezar, "la tramitación de las obras con diferentes contratos que han podido incurrir en un fraccionamiento del objeto", a juicio del Tribunal de Cuentas. En este sentido, conviene recordar que la directora que empezó el proyecto fue la predecesora de Muñoz, Yolanda Parrado (nombrada por el PSOE), y que se vio obligada a cambiar el proyecto inicial (de hecho, el cerramiento de la sede se supone provisional) al llegar la crisis y cortar el Gobierno la financiación.
No es la única posible irregularidad que detecta el Tribunal de Cuentas en las obras de la sede: según el informe, se habilitaron espacios temporales en el edificio, "de pública concurrencia", sin las oportunas licencias municipales. Y la ejecución de las obras de cerramiento fueron realizadas por Tragsa "mediante encomienda de gestión, sin que conste acuerdo del consejo rector ni motivación y justificación suficiente para la elección de este sistema". Como se ha dicho, la forma de terminar el proyecto de forma provisional para no dejar la rehabilitación de la sede a medias fue autorizada por el Ministerio con Parrado aún como directora general.
Otras incidencias que detecta el Tribunal de Cuentas son el incumplimiento de la Ley de Transparencia en cuanto a las obligaciones de publicidad en la página web del organismo, "con omisiones importantes", si bien tras la fiscalización "se han subasanado gran parte". Asimismo, el órgano fiscalizador destaca la sanción impuesta a la directora general, por resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 31 de mayo, por una "infracción grave" del código de buen gobierno: "la no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, tras ser apercibida para ello".
Almudena Muñoz fue nombrada para el cargo por expreso deseo de García-Margallo el 30 de marzo de 2012, y lo abandonó voluntariamente el 30 de marzo de 2015, justo tres años después. La abogada, experta en derecho fiscal, justificó su marcha en que el trabajo para el que la habían contratado (ajustar los gastos de Casa Mediterráneo en plena crisis) había "terminado". Tomó su relevo el diplomático Miguel Oliveros, quien fue relevado por el ex embajador en El Congo Francisco Javier Hergueta el pasado septiembre, un nombramiento adelantado en exclusiva por este diario.
