Hoy es 14 de agosto
La Sareb cierra un principio de acuerdo con las sociedades del constructor para recuperar la mayor parte de la deuda posible después de que el grupo haya aportado nuevas garantías: varias decenas de fincas urbanizables con expectativas de desarrollo o de venta en el mercado inmobiliario repartidas por toda la provincia de Alicante
ALICANTE. El empresario Enrique Ortiz gana dos años de plazo para tratar de reflotar su imperio empresarial, cimentado al calor del ladrillo y de las concesiones públicas. Dos años en los que tendrá que afanarse en rentabilizar los activos con expectativas lucrativas que aún conserva para poder saldar su abultada deuda con su principal acreedor: la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
La entidad que dirige Jaime Echegoyen, más conocida como banco malo, acaba de alcanzar un principio de acuerdo por la refinanciación de los créditos que mantiene con las empresas del conocido promotor que suman un importe global de 800 millones de euros (en algunos de los cuales podrían haber comenzado a producirse vencimientos e impagos). En virtud de ese pacto, cerrado esta misma semana, se concede a Ortiz dos años de carencia para la devolución de los préstamos (activos tóxicos heredados por Sareb tras el proceso de rescate de la banca) después de que Ortiz haya aportado garantías adicionales para darles cobertura. Según fuentes oficiales consultadas por Alicante Plaza, se trata de varias decenas de fincas urbanizables repartidas en diversos emplazamientos de la provincia con expectativas ciertas de desarrollo o posibilidades reales de venta en el mercado inmobiliario.
Hasta ahora, parte de esos créditos a empresas de Ortiz, como los concedidos a Urbanika -la matriz de Alicante Avanza- estaban avalados precisamente con suelo del sector de Rabasa, situado fundamentalmente en el entorno de las lagunas de ese paraje. Esa gran bolsa de terrenos se había incluido en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) impulsada por Alicante Avanza en la que se preveía la instalación de una tienda de Ikea y un macrocentro comercial anexo. Sin embargo, esa sociedad controlada por Ortiz decidió desistir de su proyecto a finales del pasado septiembre, después de que la Conselleria de Medio Ambiente le hubiese exigido ciertas correcciones, y hoy esos terrenos continúan teniendo la calificación de rústicos, pero ya sin ninguna expectativa de poder ser recalificados. Al menos a corto plazo.
La Sareb opta por reestructurar el préstamo para ganar opciones de recuperación de la deuda tras calibrar, además, que la ejecución de los avales podría poner en riesgo unos 3.000 puestos de trabajo asociados al grupo
El banco malo tenía a su alcance la posibilidad de ejecutar esos préstamos y quedarse con los bienes con los que se habían avalado. Entre ellos, las parcelas de Rabasa. Sin embargo, la ejecución habría servido para recuperar un porcentaje ínfimo del valor de los créditos. De ahí que la Sareb (una empresa privada controlada al 45% por el Frob y creada para sanear el sector financiero español) se haya aferrado a su mandato principal -la recuperación de la deuda- para optar por otra fórmula mejor encaminada en su consecución: la reestructuración de los créditos.
Todo, además, tras evaluar dos factores cruciales. El primero, las repercusiones que una ejecución podría conllevar para la parte social de las empresas de Ortiz, de las que se evalúa que podrían depender unos 3.000 empleados. Según las fuentes consultadas, la incautación de los avales podría llegar a hacer peligrar la continuidad de esos puestos de trabajo. Y el segundo, la constatación de que las sociedades del grupo siguen teniendo solvencia para poder responder frente a la mayor parte de la deuda. Según las mismas fuentes, se habría calibrado que Ortiz aún tiene activos con valor comercial a los que podría encontrar una mejor salida, mediante su venta o una gestión productiva y que, además, maneja diversas concesiones. De ahí que se haya considerado que no resulta aconsejable estrangular al grupo, sino darle oxígeno para que pueda afianzar su solvencia, sin urgencias.
El entramado de empresas de Ortiz también mantiene posiciones pendientes con otras entidades como el Banco Sabadell. De hecho, representantes de su grupo de sociedades se desplazaron la semana pasada hasta la sede central del banco para tratar de cerrar un acuerdo de refinanciación similar, como publicó el diario Información. En principio, la negociación sigue en proceso sin que se haya alcanzado ningún pacto definitivo. Tampoco se han retirado la docena de demandas que la entidad ha interpuesto en diversos juzgados de Alicante por el impago de los créditos de las sociedades de Ortiz. Al menos una de esas demandas llegó a provocar el embargo de los pagos que el Ayuntamiento de Alicante debía efectuar a Ortiz e Hijos por el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales. Alrededor de una semana después de ese acuerdo, el juzgado lo levantó tras aceptar el recurso de Ortiz.
En su conjunto, el Sabadell tiene préstamos por 140 millones: más de 65 de ellos corresponden a créditos concedidos a Urbanika; alrededor de 5 se suscribieron con Valle Condomina; 15 con Viviendas del Mediterráneo-ORVI; 35 con Vistahermosa y más de 45 con el propio Enrique Ortiz a título personal. De los 65 millones en préstamos con Urbanika, sólo 14 están avalados con suelo del sector de Rabasa.
Los créditos suscritos por las empresas del grupo con Sareb y Sabadell suman, en consecuencia, unos 940 millones. Las obras de ampliación del aeropuerto de El Altet, con la construcción de una segunda terminal inaugurada en 2011, supusieron una inversión de 628,67 millones, según información oficial del Ministerio de Fomento.