El chiringuito ilegal en L'Illa de Benidorm (FOTO: Distrito 46) BENIDORM. El 1 de enero de 2019 el Ministerio de Transición Ecológica firmaba una orden de derribo para el bar de la isla de Benidorm. Un año después, sigue sin tener ni una licencia en trámite para cumplir con esta solicitud. Este establecimiento con 60 años de historia, está enclavado en terreno protegido por su valor medioambiental, ya que forma parte del Parque Natural de Serra Gelada desde 2005. Sin embargo, este verano ha seguido abierto y ofreciendo comidas preparadas a aquellos clientes que han visitado este paraje natural, eso sí, en los barcos de la misma empresa que manejaría el restaurante.
La orden de derribo especificaba que se tenía que desalojar la zona de todas las estructuras: terrazas, escaleras, aljibes, jaulas para animales, “y demás instalaciones vinculadas con este establecimiento”, para lo cual el consistorio debe acordar previo desahucio de las personas físicas o jurídicas que actualmente siguen explotando este negocio. Para ello, daban un plazo de tres meses.
No obstante, la respuesta del Ayuntamiento fue la de proponer al servicio provincial de Costas, dependiente del mismo Ministerio, que se convierta en un centro de interpretación medioambiental. Proyecto que se llegó a elaborar por los técnicos municipales y que contemplaba además una zona de venta de comidas preparadas. La intención es que no se derribe la estructura por el posible daño que se le podría ocasionar a la fauna y flora de la zona con esa actuación.
Sin embargo, el Consistorio no tiene constancia de que haya aún ninguna decisión al respecto por parte de Costas. Algo que permite que el bar de la isla siga en pie y funcionando en verano. A pesar de que la orden dejaba abril de 2019 el último mes de vida del establecimiento. Por su parte, el Ministerio aseguró a este diario que les han pedido la documentación necesaria después de que hayan visto que la aportada por el municipio no era la adecuada, y que aún están a la espera de que se les haga llegar para poder valorar esta posibilidad.
Mientras tanto, las acciones, o la falta de ellas, en este caso está sirviendo a otros organismos para investigar este fenómeno, de los pocos que quedan en España desde la era franquista. Así, lo último que se ha conocido es que la Agencia Valenciana Antifraude actúa frente al controvertido bar de la isla de Benidorm y traslada a la Fiscalía las conclusiones sobre las irregularidades apreciadas en su funcionamiento.
En concreto, considera que al menos los dos últimos alcaldes del municipio, el socialista Agustín Navarro, y el popular Toni Pérez, no han intervenido a lo largo de sus años de mandato para tratar de atajar la situación de dicho negocio, pese a ser conocedores de que el establecimiento no dispone de los permisos requeridos para ejercer la actividad desde hace cerca de cincuenta años, al situarse sobre dominio público protegido.
