BENIDORM. Benidorm no tiene un polígono industrial en funcionamiento. Aunque su afamado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sí que lo dibujó sobre el mapa. Pero más de 30 años después, no se ha podido desarrollar tras numerosos palos en la rueda. El último, esta semana. El pleno del Ayuntamiento aprobaba retirar la condición de agente urbanizador a Terra Village Land después de comprobar que la obra para terminarlo superaba más del 50% el incremento del precio inicial. Como consecuencia, los propietarios de los terrenos ven como sus expectativas en la zona se retrasan, una vez más.
Hace más de dos décadas desde que se adjudicó la condición de agente urbanizador, por lo que la historia de este Plan Parcial 3/1 'Industrial' es una maraña de trámites que han llegado hasta la situación de hoy en día: buscar a un responsable que termine la urbanización con unas cargas de 30 millones de euros.
Fue en 2002 cuando la obra pasó a manos de Terra Village Land, que había sido creada dos meses antes por los conocidos empresarios Enrique Ortiz y Enrique Ballester. Venía de una cesión porque en un primer momento se había adjudicado a Benipoli SA. El convenio urbanístico firmado cinco meses después, septiembre de 2002, registraba unas cargas de urbanización de 16.693.226,03 euros. Las obras no comenzaron hasta cinco años después. Y aquí vino uno de los contratiempos primordiales: la Junta de Gobierno Local y una resolución de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento paralizaron los trabajos cuando apenas llevaban el 65% ejecutado.
Según se explicó en aquel momento, Fomento solo autorizaba el acceso al polígono dese la CV-70, negando la entrada exclusivamente por la carretera N-332. El Ayuntamiento elaboró una alternativa que finalmente en 2011 encontró el visto bueno de Madrid. Para ello, se construiría una nueva rotonda que también permitiera enlazar con la zona de Levante de Benidorm.
Mientras tanto, el que más interés y prisa mostró por desbloquear el desarrollo urbanístico del polígono industrial fue Unibail Rodamco (ahora Unibail-Rodamco-Westfield). La empresa es propietaria de un terreno en la zona para la construcción del primer centro comercial de la ciudad. Confiando en su proyecto, en 2015 el Consistorio y la mercantil firmaron un convenio por el cual la segunda se comprometía a pagar tres millones de euros de la rotonda del vial Discotecas. En aquel entonces se estimaba en un coste de 4,8 millones de euros. Sin embargo, el proyecto -ahora unido al vial y otra rotonda- asciende a 18 millones de euros.
Este enlace sí que está en construcción y se espera que termine a lo largo de 2025. Según recogen los medios en sus publicaciones de hace diez años, el Ministerio de Fomento del gobierno de Mariano Rajoy no quiso asumir el coste, siendo alcalde el socialista Agustín Navarro. Con la llegada del popular Toni Pérez tampoco cambió el posicionamiento, como no lo hizo el gobierno de Pedro Sánchez. El resultado es sabido por todos: el Ayuntamiento sufraga la obra asumiendo un nuevo préstamo para la ciudad.
Y por raro que parezca, aquí no terminan los problemas. Aunque se está construyendo el vial, todavía hay más exigencias a las que hacer frente. Desde hace un tiempo, la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, se ha referido en los plenos a una nueva actuación en otro de los accesos, el ubicado junto a la avenida Beniardá. La construcción de un nuevo acceso sur que podría costar tres millones de euros a los benidormenses y sería condición indispensable -otra más- para que se pueda dar luz verde al polígono.
Tal y como ha ido relatando este diario, el Ayuntamiento, a través de los técnicos municipales, tenían un tira y afloja con el urbanizador. Uno de los más claros fue en marzo de 2023, cuando desde Urbanismo señalaban que se le había dado varios plazos "improrrogables" para que cumpliera con la subsanación de deficiencias. Se remontaban así a abril de 2015, cuando se informa desfavorable el proyecto de urbanización y se le remiten "varios requerimientos", sin éxito. Más de cinco años después, febrero de 2021, se le vuelve a dar un nuevo plazo que no cumplen.
El plazo dado terminaba con la aprobación definitiva de la modificación número 1 del PP 3/1 Industrial. Esta llega en agosto de ese mismo año. Le volvieron a dar un plazo de 15 días, apercibiéndole de que "en caso de desatender el requerimiento esta administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria, además de la imposición de las penalidades legalmente previstas, o el inicio del procedimiento de resolución contractual de la condición de agente urbanizador".
Vencido el tiempo de más, Terra Village Land solicitó "extemporáneamente la ampliación del plazo de otros tres meses", que transcurrido, incumple, según constata el técnico. Ante lo cual, se siguen sucediendo una serie de plazos "improrrogables". Uno de ellos el 25 de abril de 2022, cuando pide una nueva ampliación del plazo, que cumple "parcialmente", según el técnico: presenta el proyecto modificado número 1 de urbanización. Se le vuelve a dar más tiempo en diciembre para presentar el de terminación, que entrega en enero. Esta relación continua con numerosos trámites entre los que se encuentra la retasación, presentada este verano.
Una situación que contrasta con la mantenida en los juzgados. Tal y como informó en su día este diario, la empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra los acuerdos aprobados en la Junta de Gobierno Local (JGL) y la desestimación de sus alegaciones por parte del Ayuntamiento.
Mayo de 2024. Este era el mes en el que el gobierno local tenía puestas sus esperanzas a pesar de todo el historial. Así se manifestaron en febrero cuando explicaron a la ciudadanía a través de un comunicado que la JGL había aprobado el texto refundido del proyecto modificado de urbanización y del proyecto de terminación de las obras de urbanización. Esperaban que en el plazo de tres meses presentaran la documentación necesaria para retomar las obras que se paralizaron en 2010 por parte del Ministerio. Este acuerdo fue el que luego recurrió la urbanizadora.
Una posición a priori optimista que se ha dado de frente con la realidad. El pleno aprobaba este viernes retirarle la condición de agente urbanizador. Y a la espera de hacer cuentas para la liquidación de las obras realizadas y del programa, el Ayuntamiento resuelve la situación declarando que no existe responsabilidad del urbanizador y no hay causa de resolución culpable porque las "cargas no son imputables a Terra Village", según los informes técnicos.
En este sentido, la edil de Urbanismo explicaba que se debía a las nuevas exigencias, el incremento de los costes y cargas de urbanización por encima del 50% del precio inicial.
Una sucesión de problemas que han dado alas a Finestrat. Su bulevar comercial creció con su primer centro comercial y Carrefour -primero como Continente-. En los últimos años su influencia ha ido creciendo de manera exponencial. Las marcas de materiales de construcción, concesionarios de coche o restauración han apostado por el polígono mientras el de Benidorm se quedaba atrás, entre otros, por las exigencias en materia de accesos. Una situación que no ha paralizado el desarrollo de Finestrat y que debido a su despliegue comercial, en los últimos años la hora punta ya refleja sus primeros atascos de entrada y salida.
