El 'cabecilla' de iDental, Antonio García Pellicer, a prisión tras ser entregado por Reino Unido

MADRID. (EFE/EP).- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado el ingreso en prisión para un fundador de iDental, Antonio Javier García Pellicer, por su supuesta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores con la aparente intención de reflotar empresas.  Según han informado a Efe fuentes jurídicas, García Pellicer, que fue arrestado recientemente en Reino Unido, fue entregado a España por ese país el pasado viernes y el lunes compareció ante De la Mata, que le envió a prisión. 

De la Mata ya había enviado a la cárcel el pasado 18 de enero a otros dos fundadores de la red de clínicas odontológicas, José María Garrido y Vicente Castañer Blasco, implicados en ese mismo fraude.

Los tres fueron detenidos, junto con otras diez personas, en una operación de la Policía Nacional desarrollada a mediados de enero en Madrid, A Coruña, Alicante, Murcia, Granada y Girona.

Al empresario José Llorente Díaz, otro de los detenidos en la operación, el juez le impuso una fianza de 20.000 euros para eludir la prisión y el resto quedó en libertad con medidas cautelares como comparecencias en el juzgado y prohibición de salir de España.  Entre los que quedaron en libertad con medidas figura Jorge Puga, exdirector de riesgos de Bankia, que precisamente le ha denunciado por estafa tras detectar que concedió de manera irregular cerca de 46 millones de euros al fondo de inversión Weston Hill, el mismo que posteriormente adquirió las clínicas iDental.

Según han informado en fuentes jurídicas a Europa Press, García Pellicer, acusado de entre otros, delitos de administración fraudulenta por la gestión de la red de clínicas junto a su socio Vicente Castañer Blasco, declaró ante el juez que la 'culpa' de la caída en desgracia de iDental fue la pérdida de confianza de los inversores por la mala fama de este tipo de asistencia 'low cost' tras el escándalo de VitalDent.

En concreto, sostuvo ante el juez que esa pérdida de confianza derivó en una merma en la financiación de entre tres y cuatro millones de euros al mes, situación que se volvió drástica cuando otra entidad les retiró el millón y medio de euros al mes con que les venía financiando. Fue así como se habrían visto abocados a recurrir al fondo inversor Weston Hill para vender la compañía, según su visión de los hechos.

Sin embargo, la investigación le sitúa como uno de los responsables de un agujero que acabó hundiendo a la compañía, porque promovieron una política de aperturas sin control que generó un agujero insalvable hasta que en octubre de 2017 vendieron iDental al fondo Weston Hill, cuyos socios están ya en prisión provisional por la misma causa.

Si los primeros están investigados por administración fraudulenta y delitos contra la Hacienda Pública --por impago de impuestos--, en el caso de los segundos la investigación apunta incluso a un posible delito de organización criminal ya que el modus operandi que utilizaron en iDental sería similar al que aplicaron con Institutos Odontológicos, una cadena que ya controlaban y para cuya supuesta expansión habrían estafado a un fondo estadounidense, Ares, 35 millones de euros

Pelotazo de 100 millones de euros

Los investigadores sospechan que los socios de Weston Hill Luis Sans y José María Garrido, ambos ya en prisión provisional, tenían la idea de fusionar Institutos Odontológicos con iDental y vender el resultado a un fondo mejicano con el que habrían dado un 'pelotazo' de 100 millones de euros. El dinero, de acuerdo a las mismas fuentes, les habría servido para saldar la deuda con Ares o para volver a repetir el mismo tipo de operación con otra empresa distinta.

Así, la investigación apunta que los socios de Weston Hill, que presuntamente se dedicaba a reflotar empresas en crisis, habrían estado buscando su propio enriquecimiento a través de los fondos desembolsados por terceros inversores nacionales y extranjeros en las mercantiles en las que ellos entraban, un capital que atraían a sabiendas de la inviabilidad económica de esas inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes.

El juez investiga en concreto si esta estructura societaria incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

En la ecuación entra una tercera persona, el ex director del departamento de Riesgos de Bankia en la zona Norte, Jorge Puga, en libertad con medidas cautelares. Fue demandado por la entidad en el año 2017 debido a los créditos sin control que habría estado concediendo a este grupo empresarial y que ascenderían a 46 millones de euros.

 De acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press, en la investigación constan préstamos de hasta tres veces el valor del bien que se iba a financiar y que en algunos casos, ni siquiera llegaba a adquirirse. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se afana por encontrar el destino final de todo ese dinero, ya que la investigación sólo ha aflorado hasta el momento algo más de un millón y medio de euros y varios inmuebles, pero la cantidad defraudada superaría los 60 millones.

Los afectados finales, además de la Hacienda Pública y la entidad financiera, son los pacientes. En enero de 2018 constaban más de 8.500 denuncias en Consumo por las prácticas de iDental, aunque las fuentes jurídicas consultadas calculan que en la actualidad podrían superar con creces esta cifra. Al cierre del año pasado el juez De La Mata había abierto ya 1.500 piezas separadas en la causa, una por paciente identificado. La instrucción apunta que iDental engañaba a sus clientes haciéndoles contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales con supuestos descuentos de hasta el 80%, a costa de inflar el presupuesto y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y políticas muy agresivas de marketing.

De este modo, tratamientos que debían ejecutarse en cuestión de meses, se prolongaban hasta dos años, plazo durante el que las clínicas se garantizaban que la entidad financiera que respondía por el tratamiento del paciente seguía pagando las cuotas. Con algunos clientes no llegaron a completar la asistencia contratada. A otros la mala práxis en las clínicas les ocasionó lesiones e incluso contagios.

 De momento, el juez ha remitido un exhorto a todos los afectados ya identificados en el que les indica cómo proceder para ser valorados por un médico forense y adjuntar el expediente a la causa. Además, ha ordenado a las entidades financieras con las que contrataron el pago a plazos de los tratamientos que suspendan el cobro de las cuotas pendientes --las clínicas han cerrado pero hay pacientes que siguen pagando al banco--, busque alternativas como ofrecer servicios en otras clínicas y borre a los afectados por el impago de estos préstamos de las listas de morosos.