El 'caso micro' se enfanga: otro problema para Echávarri y para el PSPV

ALICANTE. El hallazgo de un dispositivo de grabación en el despacho ocupado por la actual edil de Urbanismo, la socialista Eva Montesinos, ha llegado al destino esperable después de que Guanyar y Compromís anunciasen el registro de sendas denuncias en la Policía Nacional y en Fiscalía para tratar de esclarecer los hechos. Como ha publicado este diario, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación para determinar si existe algún indicio de delito en torno a la instalación de ese aparato de registro y, en ese caso, a quién podría atribuírsele su supuesta autoría. Es decir, ya existe oficialmente un caso micro, todavía en fase de averiguaciones previas, lo que añade un nuevo problema político y de imagen pública para el alcalde, Gabriel Echávarri, y para el partido al que pertenece, el PSPV-PSOE, al margen de las dos causas en las que el primer edil se encuentra inmerso en calidad de investigado (la figura que sustituye a la antigua imputación): el supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el caso Comercio y el presunto cese irregular de una trabajadora interina, cuñada del portavoz municipal del PP, en el llamado caso despido.

Por lo pronto, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ya ha tenido que responder ante los medios de comunicación en dos ocasiones sobre la nueva controversia municipal. La primera vez fue el mismo lunes, cuando dijo que el Ayuntamiento de Alicante debía ofrecer las explicaciones pertinentes, y la segunda, este miércoles, cuando optó por desvincularse del asunto al no ser una cuestión que le competa ni como presidente de la Generalitat ni como líder de los socialistas valencianos. En cualquier caso, dos manifestaciones sobre otro asunto polémico en una misma semana, siete días después de haber eludido una respuesta sobre la posibilidad de que Echávarri pueda repetir como candidato a la Alcaldía en 2019, podría considerarse un trance incómodo, no deseado para ningún dirigente de ningún partido. Menos si se tiene en cuenta las reacciones, las críticas y los ataques que se vienen desencadenando por parte del resto de fuerzas políticas. 

Hasta el momento, el PSPV ha arropado al primer edil incluso después de que se produjese su doble imputación al considerar que las investigaciones que le afectan derivan de cuestiones administrativas como las que se producen en otros ayuntamientos sin que nadie exija dimisiones ni renuncias. Y, en principio, ese respaldo no variará a no ser que exista un auto firme que confirme que el alcalde vaya a juicio. En pleno proceso de ruptura del tripartito, la cúpula del PSPV defendió que, si se produjese ese supuesto, sería el propio Echávarri el que sabría lo que tendría que hacer. Como ha contado este diario, se espera que la Audiencia Provincial pueda tomar una decisión sobre el posible procesamiento del alcalde por el presunto fraccionamiento de los contratos de la Concejalía de Comercio entre finales de marzo y principios de abril.      

¿Qué puede pasar ahora con la investigación abierta sobre el caso micro? Probablemente nada. Primero porque parece no haber nada demostrable. Segundo porque tampoco parece concurrir una supuesta ilegalidad. Y tercero porque no se antoja fácil atribuirla a nadie con absoluta seguridad. ¿Quién pudo colocar el dispositivo? ¿Fue el anterior ocupante del despacho, Miguel Ángel Pavón?, ¿alguno de sus colaboradores?, ¿estaba colocado desde la etapa de su antecesora, Marta García-Romeu o incluso desde la época en la que el armario formaba parte del mobiliario de la Cámara de Comercio?, ¿o fue la actual usuaria de las dependencias, Eva Montesinos?   

Al detalle. En estas nuevas diligencias, sencillamente podría descartarse la comisión de delito si la tesis que viene defendiendo el equipo de Gobierno es cierta y el micro en cuestión es sólo un aparato de autoescucha, capaz de registrar conversaciones propias pero no de difundirlas a través de una señal wifi. Como ha subrayado el propio Echávarri al ofrecer explicaciones sobre el hallazgo, grabarse a uno mismo en una conversación en la que se participa no es ilegal. Menos todavía si esa grabación no se difunde. Y eso, que se sepa, no ha ocurrido.

Otra cosa es que, en esas mismas averiguaciones, pueda considerarse que se hayan podido practicar grabaciones sin consentimiento de ninguno de los participantes en una o varias conversaciones, como defiende que puede haber ocurrido el portavoz municipal de Guanyar y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, en el escrito de denuncia que presentó el lunes en la Comisaría de la Policía Nacional. En ella, Pavón (que ocupó el despacho que ahora utiliza Montesinos) niega tener conocimiento de la existencia de ese dispositivo y se considera una afectado de un posible delito de grabaciones ilegales.

No obstante, también existe un tercer escenario posible. En ese proceso de averiguación, Fiscalía podría tener en cuenta que se pudo haber vulnerado el procedimiento de cautela necesario para no alterar evidencias (pruebas) de la comisión de un posible delito en la medida en que se retiró el dispositivo del lugar en el que se encontraba (pegado a un armario) sin la intervención de la Policía Nacional. Es lo que se recoge en el artículo 451.2 del Código Penal como un delito de encubrimiento.   

Hasta cabría una cuarta opción: que se concluyese que en realidad nunca hubo tal colocación de ningún dispositivo con fin de grabar nada. En ese supuesto, Pavón podría considerar lo que ya anticipó este miércoles: que todo habría sido "un burdo y sucio montaje que alguien ha llevado a cabo para que se me acuse falsamente de algo que yo no he hecho". En ese supuesto, el líder de Guanyar estaría en su derecho de iniciar acciones legales por una denuncia falsa.

Como poco, las informaciones que vienen conociéndose hasta ahora, a partir de las explicaciones públicas facilitadas por el equipo de Gobierno, plantean varias incógnitas y muchas dudas. La primera es la circunstancia que, según se ha explicado hasta ahora, motivó que se activase una búsqueda de posibles dispositivos ocultos. Según explicó Montesinos el lunes, notó dificultades para hablar con el móvil, una especie de interferencias. Entonces se realizó un barrido y se encontró el polémico micro: un aparato de autoescucha, dijo, alimentado por una pila del tipo AAA, como se mostró ante las cámaras. La cuestión es que, acto seguido, se explicó que el aparato encontrado no era capaz de emitir ninguna señal al exterior por lo que no se había cometido ningún espionaje. ¿De dónde procedían entonces esas interferencias si el aparato no emitía señal? ¿Puede una pila provocar interferencias?

La segunda cuestión tiene que ver con la contratación de una empresa especializada en seguridad para llevar a cabo el barrido. El lunes se dijo que la búsqueda del dispositivo había corrido a cargo del jefe de Seguridad de Alcaldía, asesorado por un técnico de una empresa del sector, y que fue el jefe de Seguridad el que emitió un informe en el que se reflejaba el hallazgo. No se habló de que se hubiese contratado a nadie. Sin embargo, el alcalde explicó este miércoles que sí se había contratado a una empresa, que existía una factura y que se aportaría a los grupos políticos que lo solicitasen.

La tercera es quién decidió que el dispositivo no podía emitir señales al exterior (es decir, que nadie había podido espiar a la edil de Urbanismo) y por qué se procedió a retirar el aparato sin que actuase la Policía. Echávarri explicó este miércoles que había sido el jefe de Seguridad de Alcaldía el que había advertido que el aparato era sólo de autoescucha, que por eso se retiró y que, después, así lo corroboraron un alto cargo de la Policía Nacional y un responsable de la Unidad Tecnológica. El alcalde añadió que él no vio el dispositivo hasta el día siguiente de que se detectase y se retirase, por lo que él no pudo decidir que se llamase a la Policía para que interviniese.

La consecuencia de esa decisión la subrayó el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, el mismo lunes: "Al haber manipulado el dispositivo y de haber alterado su colocación sin haber solicitado que actuase la Policía Nacional, ni el PSOE puede demostrar ahora que ese aparato no fuera suyo". "Este minigobierno son tan pocos, tan torpes y hacen las cosas tan mal que no han tenido ni la más elemental de las precauciones de ver una serie policíaca antes de actuar", apostilló.

La cuarta es que, el lunes, se dijo que no se había dado difusión al hallazgo del micro hasta ahora para no perjudicar a la imagen de Alicante y evitar que se generase un circo. También se negó que se quisiese responsabilizar a nadie ni hacer conjeturas sobre la colocación. Sin embargo, Montesinos dijo que la pila estaba activa y que no podía haber durado ni cuatro años ni dos años y medio. Y Echávarri abundó en ese dato con fines descriptivos ("sólo era una manera de describir objetivamente lo que se encontró") tanto el martes como el miércoles, lo que, en último término, ha alimentado la polémica, ya que esas explicaciones han venido provocando sucesivas reacciones del portavoz de Guanyar sobre supuestas alusiones e insinuaciones respecto a su posible autoría.

La quinta cuestión es quién resulta beneficiado de que el hallazgo se haya difundido. Tras negar que tuviese nada que ver con el micro, Pavón sostuvo el lunes que la información sobre la detección del aparato pudo servir como una especie de cortina de humo para que pasase inadvertida cualquier otra cuestión que afectase al alcalde y que el objetivo, además, era desprestigiarle y sembrar dudas sobre él. Hasta ahora no ha trascendido ninguna información que pueda afectar de forma negativa al alcalde que se hubiese querido tapar, al margen del citado silencio de Puig sobre las opciones de Echávarri de repetir candidatura. Eso sí, el episodio sí ha generado dudas: pero no sólo sobre Pavón, sino también sobre el proceder del propio PSOE.

Sea como fuere, lo que no es discutible es que el asunto ha distanciado y enfrentado todavía más a PSOE y Guanyar y a sus líderes. Y eso puede afectar al futuro de la gobernabilidad de la ciudad, en el caso de que la Audiencia Provincial confirme el procesamiento de Echávarri y de que la cúpula del PSPV decida pedir su renuncia para dar paso a la elección de un nuevo alcalde. Como ya ha contado Alicante Plaza, fuentes municipales sostienen que en ese supuesto, Echávarri puede alegar que no se cuenta con el voto de los 15 concejales que resultan necesarios para investir a su sustituto y que su dimisión conlleva entregar la Alcaldía al PP como lista más votada. Primero, según esa hipótesis, Echávarri podría argüir que el PSOE no puede pactar con Guanyar cuando su gestión podría estar bajo sospecha a raíz de este episodio. Y segundo, porque no está claro que Guanyar esté dispuesto a volver a dar sus cinco votos al PSOE para elegir a otro alcalde: ¿se puede confiar en un partido y en unos representantes que también podrían estar bajo sospecha a raíz de este episodio?, ¿podría Guanyar respaldar a Montesinos (número 2 de la lista del PSOE) como nueva alcaldesa después de los últimos acontecimientos?