VALÈNCIA. Las encomiendas de Medio Ambiente a la empresa pública Tragsa se ajustan a la legalidad. Así lo defiende la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, investigada por la Fiscalía de Valencia junto a su número dos en Agricultura por supuestos delitos de prevaricación y malversación en la contratación de la firma dependiente del Ministerio de Medio Ambiente frente a Vaersa, dependiente de la Generalitat.
Cebrián, cuya gestión se ha visto alterada en los últimos meses por esta investigación a raíz de la denuncia de un sindicato o por las no siempre fáciles relaciones con el sector de la Conselleria afín a Els Verds, argumenta que las adjudicaciones se siguen realizando como siempre se han hecho en Medio Ambiente, sin perjuicio de que la norma pueda cambiar en el futuro.
En esta entrevista, Cebrián repasa algunos de los temas más controvertidos que afectan a su departamento como el plan de envases retornables SDDR, la relación con las organizaciones agrarias o la carencia de medios a los que se enfrenta su Conselleria. Sobre el primero de esos asuntos, en el que Medio Ambiente ya tuvo que dar un volantazo ante el fuerte rechazo empresarial al plan, Cebrián insiste en anteponer el diálogo a los plazos y garantiza que no habrá SDDR si no es con la "complicidad" de quienes tienen que aplicarlo.
-¿Por qué se encomendaron los trabajos a Tragsa en vez de a Vaersa cuando la segunda firma ofrecía la opción más barata?
"Hay razones que permiten encomendar a Tragsa sin perjuicio de que esas labores las pueda también hacer Vaersa"
-Tanto Tragsa como Vaersa son medio propio, de modo que tienen una relación instrumental con el adjudicador, no una relación contractual como cuando se trata de licitaciones. Esta vía, la de las encomiendas, funciona de otra manera. En concreto, las que son objeto de la denuncia se realizan por criterios técnicos: por razón de especialidad, por la experiencia en la materia, por la disponibilidad en los medios técnicos, por la especialización del personal técnico que lleva a cabo esas tareas... Los tres expedientes tenían que ver con cuestiones de sanidad animal, sanidad vegetal y uno de ellos para los que Tragsa tiene una designación estatal y Europea como organismo de control biológico. Hay razones que permiten que la administración encomiende o continúe encomendando a Tragsa sin perjuicio de que esas labores las pudiera también hacer Vaersa. No se trata de una cuestión de competencia entre ambas empresas, de que esta Conselleria elija una u otra. Se están haciendo las encomiendas prácticamente como se venían haciendo hasta ahora.
-La Fiscalía, en el caso de la investigación de Imelsa, por ejemplo, sí considera que que las encomiendas de gestión están sujetas a la ley de contratación pública, y que por ello se debe elegir la opción más económica...
-Que yo sepa, hasta ahora la Fiscalía no se ha pronunciado sobre esta cuestión... Lógicamente, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sí que tiene un apartado en el que trata las empresas públicas y el tema de las encomiendas de gestión. Lógicamente lo tiene. Pero al mismo tiempo marca la diferencia en esa cuestión, en que la fórmula es diferente en el caso de la encomienda. Nosotros no decimos que no estén sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público. La cuestión es ver en qué circunstancias se realiza, atender bien a las circunstancias. Si el Estado modifica esto en el futuro, lo veremos. Pero lo que se hace hasta ahora es lo que figura en la normativa.
-¿Si se trata de algo tan claro qué sentido tiene la investigación de la Fiscalía?
-Por lo que tengo entendido es el procedimiento que sigue la Fiscalía cuando recibe una denuncia. Son diligencias de investigación, una solicitud de información. Nosotros hemos enviado toda la información y estamos a la espera.
-¿Está tranquila entonces ante la denuncia?
-Sí, estoy totalmente tranquila.
-¿Ha hablado de este tema con el presidente de la Generalitat?
-Sí, porque además son varios los departamentos de la Generalitat que contratan con Tragsa, bien en la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, en Presidencia, en Hacienda también... Es un sistema que lleva muchos años. Otra cosa es que haya voluntad de revisar el modelo para avanzar hacia un mayor control.
-Ya han pasado cuatro meses desde la constitución de la mesa de diálogo con la patronal para la implantación del SDDR, ¿en qué se ha avanzado?
-Han sido unas reuniones muy constructivas, se ha hecho un gran trabajo de intercambio de información y también sobre el terreno con visitas a plantas. Esta mesa técnica tiene otra reunión prevista en un par de semanas y en paralelo yo me he reunido esta semana con la patronal CEV para tratar tanto el plan de envases como, en general, la propuesta para el Plan Integral de Residuos (PIR). Continuamos trabajando e integrando las distintas visiones para poner en marcha un sistema que será un cambio fundamental en varios aspectos y por ello necesita recoger todos los puntos de vista y ver cómo se adecua todo ello.
Aparte nos queda otra fase en esas mesas de trabajo, que aún tenemos que perfilar si se hará de forma separada o conjuntamente, con las asociaciones de consumidores y usuarios. Aunque en el procedimiento previo se les consultó y forma parte del primer bloque de documentación que se llevó al Capma (Consejo Asesor de Medio Ambiente), queremos que también estén en estas mesas porque es el lugar en el que se van perfilando muchos detalles, que es lo que nos habían solicitado y vamos a darles respuestas.
"Los plazos del SDDR dependen de cómo vaya toda la propuesta, que ha de ser consensuada. Tenemos que primar siempre el diálogo"
-Cuando se inició la negociación se habló de un plazo previsto hasta antes de verano. Si ahora se incorpora a los consumidores los plazos se van a alargar...
-Claro, los plazos dependen de cómo vaya toda la propuesta, que ha de ser consensuada. Tenemos que primar siempre el diálogo y la participación de todos los agentes que potencialmente tendrán que participar en el sistema. Y por supuesto, los consumidores lo son. Los plazos los podemos ir gestionando, pero se trata de ir incorporando todas esas sensibilidades diferentes.
-Al principio el SDDR era un tema irrenunciable para la Conselleria, en concreto para la Secretaría Autonómica, pero luego pasó a ser una opción más entre varias, ¿en qué punto está ahora? ¿se decanta más hacia otra posibilidad o ha vuelto a ser irrenunciable como se dijo al principio?
-Lo que es irrenunciable es buscar soluciones a un problema general de residuos que tenemos en la Comunitat. Es irrenunciable buscar vías específicas para situaciones específicas, como es la cuestión de los envases de bebidas. Por eso el gran trabajo que se ha hecho y el impulso que se le dio en los meses previos a llevar la propuesta al Capma era la primera fase. Hay un consenso muy importante y objetivos comunes con los empresarios y toda la sociedad en que tenemos un problema importante con los residuos, en particular con los envases. Por eso esta búsqueda de soluciones. Pero también es irrenunciable una política general de residuos, que estaba muy abandonada en este país, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras, como desde el punto de vista del funcionamiento de los consorcios o la innovación necesarios. Esta es una innovación, como también lo es la separación de residuos orgánicos por la vía del biocompostaje.
Todo eso es lo que estamos llevando adelante; seguimos trabajando y perfilando la propuesta para ver cómo se puede hacer que sea asumida por la sociedad. Estamos buscando complicidades para que el sistema funcione. No se trata de imponer una forma de hacer las cosas, sino que esa forma de hacer las cosas sea articulada de manera conjunta porque es la clave para que funcione.
¿La complicidad de quién?
-De quienes son clave en su aplicación porque este es un sistema paralelo a los actuales sistemas de gestión. Es otro sistema de gestión y los dos tienen que ser complementarios. En estos sistemas de gestión hay muchos agentes: desde los consumidores, que a la vez son contribuyentes y piden eficiencia en el uso de las tasas que pagan, hasta las empresas que tienen que distribuir el producto o las que tendrán que encargarse de la logística. Este es un sistema de ciclo que hay que organizar muy bien y por eso es necesario que haya esa complicidad con todos los que seremos agentes de ese ciclo.
-La semana pasada el secretario autonómico, Julià Álvaro, presentó una propuesta junto a Equo en el Congreso para extender el SDDR a todo el país, ¿qué opina?
-Creo que el debate sobre estas cuestiones es muy necesario y si es a escala nacional siempre es positivo que se hable de nuevas formas de gestión de residuos. En ese sentido es positivo porque, cuanto más hablemos de toda la problemática de residuos en estos términos, mejor. Hasta hace un par de años hablar de residuos en este país era hablar de corrupción y líos, por eso creo que es positivo el debate que se ha abierto en la Comunitat porque los consumidores se plantean dudas y preguntas sobre el funcionamiento del sistema. Ese debate es bienvenido.
-¿Pero en general o centrado en el SDDR?
-También en el SDDR, pero no exclusivamente.
-¿Qué problemas ocasiona a esta conselleria la falta de recursos de financiación y en materia de personal?
-Es algo que decimos desde el principio, porque encontramos que esta conselleria, como el resto de la Generalitat, está infradotada de medios económicos y de personal. Estamos peleando desde el principio para lograr más puestos, por lo menos de interinos. Las plazas que contempla la nueva Ley de Función Pública también es muy necesaria para que podamos seguir prestando un buen servicio a los ciudadanos y evitar las demoras que se están produciendo.
-¿Cuáles son los problemas concretos en el día a día?
-Yo diría que la falta de funcionarios, que son quienes realizan los trabajos técnicos y sacan el trabajo adelante y desbloquean las tareas pendientes, los que rebajan las pilas de expedientes. Todo eso se está haciendo porque hay un compromiso y ganas de ofrecer un buen servicio. También nos hemos encontrado con una gran desorganización de medios informáticos, que son fundamentales para aspectos como la solicitud de ayudas. La estructura informática base era muy precaria, y más si se compara con otras autonomías. Esto está suponiendo muchos problemas.
-¿Se han perdido recursos por la ausencia de funcionarios?
-Con el anterior Gobierno, sí que hubo una descertificación de fondos europeos. Ahora estamos haciendo todo lo posible para que esto no ocurra.
-¿Tienen cifrado qué medios necesita exactamente la conselleria?
-Más presupuesto, eso desde luego. Nos hace falta para desarrollar otros trabajos como nuevas líneas en Medio Natural, en Gestión Forestal Sostenible... Estimaciones sí que tenemos, pero si somos realistas son inabordables con las restricciones que tenemos, tanto a nivel de financiación como normativo, por las tasas de reposición impuestas por Madrid.
-¿Cómo va a quedar Vaersa en el nuevo dibujo del sector público? En la actualidad tiene una situación especial, con mucho trabajo dual, con bolsas por las encomiendas de gestión... El TSJ se pronunció específicamente sobre el caso de Vaersa cuando obligó a publicar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)...
"No queremos tomar una decisión todavía sobre el nuevo modelo para Vaersa hasta que no se culmine la nueva Ley del Sector Público"
-La cuestión de la RPT es importante, porque simplifica la situación respecto a cómo nos la hemos encontrado. Vaersa, con una plantilla tan enorme de alrededor de 1.400 trabajadores o más en los picos de encomiendas, era una empresa que no tenía masa salarial aprobada y cuya última RPT era de 2006... Esto es lo primero que, con mucho esfuerzo, hemos tratado de reorganizar. El esfuerzo por implantar buenas prácticas de gestión, de transparencia o de gestión del personal ha sido una labor fundamental, también de negociación con los sindicatos. Ha habido momentos en las últimas fases de la RPT que teníamos reuniones semanales. El esfuerzo por llegar a una RPT consensuada ha sido enorme. Ya hemos cumplido con el plazo que marcó el TSJ, y está publicada.
Más allá de esto, en efecto: es importante decidir el futuro modelo de gestión. Hemos estado debatiéndolo con la dirección de la empresa. Lo que ocurre es que no queremos tomar todavía una decisión porque al mismo tiempo está en preparación una Ley del Sector Público de la Generalitat. Es algo que debe tratarse desde un nivel más amplio, aunque, por supuesto, nosotros tendremos nuestra propuesta.
-¿Qué fórmula ven con mejores ojos?
-Estamos viendo las diferentes opciones, todavía no hay una decidida. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No queremos adelantarnos a la definición del sector público que tiene que hacer Hacienda. Sí creemos que hace falta un mayor control por parte de las consellerias en las empresas y que haya una mayor agilidad en la contratación. Hay muchos factores a considerar, entre ellos cómo se hará la transición. No conviene adelantar ni el modelo, ni las formas, ni los tiempos. Es un asunto complejo. No es una transición sencilla.
–Su departamento ha cifrado en más de 1,6 millones de euros el coste de limpiar los montes tras el temporal del invierno para prevenir incendios, ¿se han contratado ya los trabajos? ¿quién los va a ejecutar?
–Se ha aprobado destinar 1,5 millones para reparaciones y reposiciones de infraestructuras de prevención de incendios y 4 millones para la limpieza de montes con cargo al Fondo de Contingencia. Eso se suma a las actuaciones que hemos hecho ya con nuestros propios recursos. Los ejecutamos nosotros, con asistencias técnicas de Tragsa o Vaersa. Este es uno de los casos en los que está muy claro el uso de los medios propios de las empresas públicas porque existe esa rapidez en la contratación.
-Las organizaciones agrarias están siendo bastante críticas con la gestión de la Conselleria, de la que han dicho que está llena de “iluminados”, ¿qué tiene que decir a esas críticas?
"¿Iluminados? Está creciendo la demanda de producción ecológica y como administración le teníamos que dar respuesta"
-Son bienvenidas porque son la voz del sector y nos transmiten la voz del sector. Todo eso lo recibimos y tenemos buen contacto directo con las más representativas. Estamos llevando adelante varias líneas de una nueva política agraria valenciana que hacía falta. La Ley de Estructuras de la Producción es una apuesta valiente e innovadora ante las deficiencias estructurales que tenemos como productores: explotaciones objetivamente pequeñas, con una propiedad a menudo dispersa, y un grado de envejecimiento de la población agraria muy elevado. Muchos agricultores jóvenes tienen problemas para incorporarse a la actividad. En conjunto son una serie de rasgos estructurales que necesitábamos abordar. Eso lo hemos complementado con el primer plan valenciano de fomento de la producción ecológica porque estábamos estancados. Más que una forma de producción sostenible, es una forma de llegar al consumidor, que cada vez es más consciente de cómo se ha producido ese producto. Hemos relanzado líneas en el Ivia –Instituto Valenciano de Investigación Agraria– y por supuesto tiene una demanda muy importante, sobre todo en países del norte de Europa. Incluso en España está creciendo la demanda de producción ecológica y como administración le teníamos que dar respuesta. Todo ello se complementa con el trabajo en sanidad animal y vegetal y la prevención contra plagas. Es un trabajo de fondo muy importante.
En cuanto a la reforma de la PAC para el periodo post 2020 ya hemos tenido varias reuniones en el ministerio reivindicando un reconocimiento importante a la agricultura valenciana. Todo esto son líneas de trabajo importantes que estamos llevando adelante junto al sector, como por ejemplo la propuesta que llevamos al Ministerio con las líneas fundamentales para la negociación de la PAC.
También hemos dado un impulso a la investigación en materia agroalimentaria con la recuperación de una unidad del Ivia de transferencia de tecnología que hemos traído a la Conselleria porque habíamos detectado distancia entre lo que necesitan los sectores y lo que la investigación estaba haciendo. Queremos que el trabajo de investigación conozca mejor cuáles son las necesidades del sector y potencie el trabajo formativo en materias como cultivos emergentes o protección contra plagas.
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