Los asesores Pedro de Gea, Lalo Díez, el alcalde Gabriel Echávarri y la asesora de prensa. Foto RAFA MOLINAALICANTE (EFE). La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores, Lalo Díaz y Pedro de Gea, "hicieron de su voluntad fuente de derecho" al fraccionar presuntamente contratos de la Concejalía de Comercio. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción pide que continúen procesados por los supuestos delitos de prevaricación y usurpación de funciones.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, responde así a los recursos presentados por los tres investigados contra el auto de apertura de procedimiento abreviado que dictó el pasado 7 de noviembre la juez María Luisa Carrascosa. Esa resolución les deja a un paso de una acusación formal y la apertura del juicio oral por los indicios que apuntan a que habrían fraccionado 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe de 144.160 euros.
Según el auto judicial, "dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público" y su presunto fraccionamiento convirtió la actuación del ayuntamiento en "arbitraria", ya que benefició a profesionales elegidos "por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia".
Echávarri -investigado en una segunda causa judicial por el despido de una funcionaria-, Díez y De Gea han recurrido esa resolución ante la Audiencia Provincial de Alicante y han pedido el sobreseimiento de la causa porque, a su juicio, los hechos no constituyen delito.
En su contestación a dichos recursos, a la que ha tenido la agencia Efe, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que sí hubo fraccionamiento de contratos y responsabiliza de ello, como máximo responsable de la Concejalía de Comercio, al alcalde Echávarri.
A juicio del fiscal, el que el regidor delegara en sus asesores "no excluye su participación en los hechos", pues él era quien "ostentaba la cartera de Comercio y despachaba todos los asuntos con los anteriores", por lo que su actuación resultó "crucial".
Los indicios acumulados contra el alcalde y los otros dos investigados, que el acusador detalla en sendos informes de unas treinta páginas cada uno, tienen, en opinión del fiscal Anticorrupción de Alicante, "la suficiente contundencia y envergadura" para sentarlos en el banquillo de los acusados.
En el caso del alcalde, Briones destaca la condición de abogado de Echávarri, que "afecta, de forma indudable, al grado de conocimiento de la ilicitud y posible relevancia penal del comportamiento que adoptaba". En definitiva, Anticorrupción aprecia una "omisión deliberada" por parte de los tres investigados de las normas de contratación, que "se tradujo en la sustracción a las reglas de la libre concurrencia y competencia".
El fiscal extiende esa actuación presuntamente irregular a las 25 facturas inicialmente investigadas por la juez (por un importe total de 190.000 euros) y asegura que "comportó un resultado materialmente injusto".
El escrito del acusador recoge que Echávarri y sus asesores "hicieron de su voluntad fuente del derecho y quebrantaron de forma flagrante las normas que rigen el procedimiento de contratación administrativa". "Contravinieron de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos, cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos", concluye. EFE
