La Audiencia aplaza la decisión sobre los validez de los audios del 'caso Brugal' hasta la sentencia

ALICANTE. El tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante que juzga el supuesto amaño del Plan General de Alicante investigado en una de las ramas del caso Brugal ha admitido las pruebas testificales que habían planteado tanto la Fiscalía Anticorrupción como de las defensas al inicio de la vista oral. Eso sí, aplaza su pronunciamiento sobre la nulidad de las escuchas solicitado por las defensas de los nueve procesados, así como el conjunto de las cuestiones previas hasta el momento del dictado de la sentencia. 

¿La conclusión?: el proceso seguirá su curso a partir del 23 de septiembre con la declaración de los procesados, sin que se conozca si el tribunal ratifica o no la legalidad de los pinchazos telefónicos hasta el final del juicio. En parte, la misma decisión que adoptó el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia al juzgar la rama sobre el supuesto amaño en la adjudicación de la contrata de residuos, con la salvedad de que, en ese proceso, sí se dictó un primer auto en el que se admitía una parte de los audios y se excluía otra. Después, en la sentencia se acabó declarando la nulidad de todas las escuchas al considerar que se habían practicado vulnerando derechos de los acusados, sin la preceptiva autorización judicial.

Ahora, por lo que respecta a la causa del PGOU, el tribunal adopta una decisión intermedia entre las posiciones de las acusaciones y las defensas. Como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, admite que se vuelque el audio de las conversaciones telefónicas originales, pero limitándolas a las captadas desde los teléfonos del promotor Enrique Ortiz y de su esposa, que se recabarán de la Sección séptima, con sede en Elche, y que fue quién juzgó la rama de las basuras de Orihuela. También se admiten las periciales informáticas aportadas por las defensas, que habían puesto en duda la legalidad de las grabaciones al incidir en su supuesta manipulación. 

Y, por último, se ha desestimado la expulsión del proceso solicitada por la defensa de los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, también procesados, para la acusación popular, ejercida por Esquerra Unida, y para a la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Alicante. Ambas seguirán en el juicio.

En esta línea, el tribunal también acepta el conjunto de las testificales solicitadas por acusaciones y defensas. Todas, a excepción de la del funcionario adscrito al sistema Sitel (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones del Ministerio del Interior) solicitado por la Fiscalía. El auto reseña que su testimonio no resulta necesario. Igualmente, se rechaza como prueba documental los recortes de prensa aportados por el letrado que ejerce la acusación particular en representación del Ayuntamiento de Alicante.

La rama del PGOU de Alicante del caso Brugal juzga el presunto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal. La ex alcaldesa del PP de Alicante Sonia Castedo y su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi, por el supuesto trato de favor concedido al constructor y empresario Enrique Ortiz en la redacción del planeamiento de la ciudad, entre los años 2007 y 2010. Junto a ellos, también se sientan en el banquillo de los acusados el constructor ilicitano Ramón Salvador; los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.