La directora general del Ivace, Júlia Company, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Dos empleados de la escuela de negocios alicantina Fundesem Business School mantuvieron hace unos días una reunión con la directora general del Ivace, Júlia Company, para abordar la posibilidad de que la escuela de negocios solicitase un concurso de acreedores como medida de protección ante la reclamación de 1,1 millones de euros por parte del organismo dependiente de la Conselleria de Economía, al cual Fundesem adeuda varias anualidades por el alquiler de su sede. La reunión, confirmada oficialmente este miércoles por fuentes del Ivace, se produjo a solicitud de los empleados.
Las fuentes consultadas señalan que los dos empleados pidieron mantener una reunión con la directora del Ivace en la que "se intercambió la información que es pública". En este sentido, tal como ha venido contando Alicante Plaza, la dirección de la escuela de negocios trasladó a varios empleados la opción del concurso de acreedores para evitar una liquidación traumática en caso de que haya sentencia favorable al Consell, lo que desató las alarmas entre una plantilla que en algunos casos acumula meses de atrasos en los pagos. De ahí que dos representantes de la plantilla solicitasen esta reunión con Company.
El Ivace, en cualquier caso, no quiere convertirse en el 'enterrador' de Fundesem, aunque la Abogacía de la Generalitat haya interpuesto la reclamación judicial en defensa de los intereses de la Administración autonómica. En los últimos meses (el contrato en vigor venció en febrero de 2017, cuando se presentó la reclamación judicial) ambas partes han mantenido contactos para renegociar el pago de la deuda, y estos cristalizaron en una propuesta de refinanciación que, como ha contado este diario, se aprobó por parte del patronato de Fundesem el pasado lunes. No obstante, las mismas fuentes señalan que "hasta el momento no se ha recibido en el Ivace comunicado alguno de Fundesem sobre la propuesta de liquidación de la deuda pendiente, ni del borrador de contrato de arrendamiento remitido".
Tal como desveló este diario hace una semana, la propuesta de liquidación de la deuda implica el pago de dos anualidades al contado (es decir, unos 300.000 euros), y presentar un aval por el 20% restante. De esta manera, los 800.000 euros pendientes se redistribuirían en los próximos diez años, una vez prorrogado el contrato de alquiler. Al mismo tiempo, el importe de la anualidad se vería reducido de los 150.000 euros anuales que se pagaban en 2017 a unos 95.000 euros. En teoría, el pago de la anualidad debe producirse de una vez, a 60 días a partir del 30 de junio.
El patronato de Fundesem aprobó el lunes la propuesta, pero aún no ha informado al Ivace de su aceptación, según estas fuentes. No obstante, el calendario corre en contra de la escuela de negocios, porque la Abogacía no retirará la reclamación de cantidad en tanto no se firme el nuevo alquiler, lo que implica el pago previo de los citados 300.000 euros. Como ha contado Alicante Plaza, el vicespresidente ejecutivo de la fundación, Manuel Rosique, intenta captar una inyección de fondos adicional por parte de empresas e instituciones de la provincia, para poder afrontar el pago de la deuda con el Ivace y los gastos de funcionamiento de la escuela. La actividad y la facturación de Fundesem, según fuentes de la escuela, han aumentado en los últimos años, pero la 'herencia' del agujero contable que provocó la crisis económica de 2008 aún no se ha superado.
Mientras, el último decano de la institución, José Santacruz, dimitió de su cargo en diciembre con un enigmático correo electrónico en el que informaba a los empleados de que no tenía responsabilidad alguna en la "política económica y de recursos humanos" de la escuela, y en las últimas semanas se han producido más salidas. Algunos empleados, como ha contado este diario, se han mostrado dipuestos a organizarse (la forma jurídica está por ver) si finalmente se produce un desenlace fatal y la fundación que gestiona la escuela de negocios desde 1980 se ve obligada a ir a liquidación.
