Los ediles de Estadística y Memoria Histórica, Daniel Simón y María José Espuch, en acto de colocación de la primera placa tras la revisión del callejero. Foto: AP ALICANTE. El ajuste del callejero de Alicante a la Ley de Memoria Histórica -o mejor dicho, la forma en la que se ha llevado a cabo por lo que respecta a la sustitución de los rótulos en la vía pública- vuelve a agravar la brecha abierta en seno del tripartito de Alicante hasta el punto de llegar a amenazar su estabilidad. El motivo de fricción que ha desatado la última crisis lo dio a conocer el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, al mediodía del lunes durante una comparecencia pública organizada con motivo de los actos de reivindicación sobre la igualdad de la mujer trabajadora: la firma de un decreto por el que se pretende acordar la restitución inmediata de los rótulos con referencias franquistas retirados de la vía pública en diciembre, tras completar el proceso administrativo de revisión y adaptación del callejero a la Ley de Memoria Histórica.
Echávarri, que dijo haber comunicado su intención la semana pasada a los ediles de Estadística y de Memoria Histórica (Daniel Simón, de Guanyar, y María José Espuch, de Compromís), justificó la decisión al sostener que existía un auto judicial que lo ordenaba (en respuesta al contencioso presentado por el PP contra la corrección del proceso de revisión del callejero), y que ya habían transcurrido dos meses desde que se había dictado, por lo que cabía la posibilidad de que el Ayuntamiento y sus máximos responsables incurriesen en un supuesto de desobediencia.
Ese decreto -que según el primer edil se firmará en los próximos días- colocaría a la Concejalía de Estadística (competente sobre la nomenclatura de vías) en la tesitura de tener que reponer las placas antiguas, con la -como poco- incomodidad ideológica y estética que esa decisión puede conllevar para cualquiera de las tres formaciones de corte progresista que han impulsado el cambio justo en sentido contrario.
Sin embargo, fuentes de Guanyar -que dirige el departamento de Estadística- avanzaron este lunes que el grupo político no está dispuesto a ejecutar esa orden de restitución de los rótulos franquistas salvo que exista una orden judicial expresa en la que se fije un plazo concreto. Y no por plantear "ningún pulso ni nada parecido", sino porque se considera que existen "diferentes vías jurídicas a explorar, antes de proceder al cambio de placas".
Según las mismas fuentes, así lo señalaría un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales -que el alcalde no llegó a mencionar este lunes- en el que se analiza la cuestión y en el que se contemplan hasta tres escenarios posibles. En ninguno de ellos, siempre según las mismas fuentes, se establece que se esté en riesgo de incurrir en desobediencia hasta que no se fije un plazo cierto en el que se deba ejecutar esa reposición de placas.
La línea por la que aboga la agrupación electoral que lidera EU es la que contempla aguardar hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resuelva sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento contra el auto por el que se acuerda la suspensión cautelar de los cambios en el callejero y se ordena la reposición de los rótulos. Guanyar considera que se trata de la posición más coherente, ya que, si se ordena la recolocación de las placas sin pronunciamiento expreso, se está renunciando de facto a ese recurso. Así que se mantiene que, en todo caso, debería ser Alcaldía quien diese directamente la orden práctica de restituir las placas, si así se considera.
Si el juzgado fija una fecha concreta, Guanyar ejecutará el mandato y Estadística dará órdenes para que se restituyan los rótulos "de forma inmediata"
¿Qué ocurre si el juzgado acepta el último escrito presentado por el PP en el que pide que se fije una fecha concreta para la reposición de placas? Las fuentes de Guanyar consultadas apuntaron que, en ese caso, esa hipotética orden se cumplirá de inmediato, de forma escrupulosa. De hecho, según portavoces de Guanyar, se trata de otro de los supuestos recogidos en el informe de los servicios jurídicos municipales. No obstante, insisten en que hasta ahora no existe ninguna fecha real, ya que el auto se limita a señalar que se produzca la restitución "a la mayor brevedad posible".
En esta línea, insistieron en que hasta ahora se ha estado revisando el estado de las placas retiradas para saber si podían recuperarse o si había que encargar otras nuevas, con qué coste y si había que valorar posibles perjuicios posteriores en el caso de que el TSJ acabe revocando la decisión judicial de reposición. Por ello, explicaron que "no tiene sentido que nos adelantemos y que coloquemos unos nombres que la Ley de Memoria Histórica dice que hay que retirar si no estamos obligados a ello y si todavía puede que el TSJ falle a favor del Ayuntamiento".
Por lo pronto, el PP reaccionó este lunes al anuncio del decreto formulado por Echávarri al asegurar que el primer edil "le ha puesto la escalera a Natxo Bellido para que coloque las placas", en referencia a las críticas lanzadas por el líder de Compromís y portavoz del tripartito sobre el "empeño" del portavoz popular, Luis Barcala, en su reposición.
