ALICANTE/LLIBER. Un problema inesperado para el PP de Alicante: su alcalde modelo, pues así está considerado José Juan Reus, primer edil de Llíber, dentro de la organización popular, se sentará en el banquillo de los acusados, junto a otros 12 procesados, por un supuesto de delito continuado contra la ordenación de territorio. El problema sería menor si no fuera porque el actual alcalde de Calp, diputado nacional y presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha elegido su candidatura, la de Reus, para optar a otro mandato a la corporación provincial. De momento, la dirección provincial del PP le ha abierto un expediente informativo; si se consuma la apertura del juicio oral, le abrirá otro disciplinario y si finalmente es condenado, será expulsado de la formación, además de una posible condena por inahbilitación, que le obligaría a dejar el cargo. La acusación particular pide una condena de un año y seis meses de prisión, inhabilitación especial para cargo público por nueve años, además de una multa de 4.000 euros. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Alicante.
Reus está acusado, junto a otros dos ex alcaldes y varios ex ediles de este municipio de la Marina Alta, de conceder licencias a un grupo de empresarios sin los pertinentes informes favorables y además en terreno rústico, y además hacerlo con la apariencia de que se trataba de reformas de viviendas. En concreto, se le acusa falsedad documental, cohecho, negociaciones prohibidas y estafa agravada, de acuerdo con la decisión adoptada el pasado 25 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que es quien ha instruido la causa, que se remonta al periodo entre 1999 y 2003, cuando Reus era concejal. En ese periodo, se concedieron 292 licencias para viviendas unifamiliares en terreno no urbanizable.
Además del actual alcalde, se ha abierto juicio oral otros al ex aparejador del ayuntamiento, a los ex alcaldes Juan Bautista Reus y José Más Avellá y a los ex concejales, a los que se les exige una fianza de 18 millones de euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse en la causa. A los empresarios que se beneficiarion de esas licencias, todos ellos, de nacionalidad extranjera, se les reclama una fianza de 1,5 millones de euros.
La acusación ha sido ejercida por el colectivo Abusos Urbanísticos Llíber No, representada por el abogado y ex Síndic de Greuges Bernardo del Rossal. En su escrito de acusación, según ha desvelado Radio Alicante, sostiene que "las licencias que aprobó el pleno de Llíber no se correspondian con el objetivo real; además, no tenían la superficie mínima para construir en suelo no urbanizable, ni contaban con autorización de la Conselleria. Como consecuencia, los afectados desembolsaron "grandes cantidades de dinero a cambio de, en el mejor de los casos, viviendas sin las condiciones mínimas para ser habitadas". Ese mismo escrito de Rossal recalca que los afectados, los clientes en su mayoría británicos, fueron "engañados por los constructores", pero con la necesaria "colaboración de la mayoría de los miembros del pleno", ya que era "indudable" que los miembros del Ayuntamiento de Llíber investigados "conocían las irregularidades que estaban cometiendo al otorgar las licencias". Es más, destaca que el propio alcalde o concejales eran los que podrían haber llevado la operación de venta de las parcelas en cuestión.
Pese a la trascendencia de la decisión judicial, en el PP no hay nerviosismo por el procesamiento de José Juan Reus. Ni por las decisiones que tuvieran que adoptar sobre su persona, ni tampoco por lo que pueda afectar a la figura de César Sánchez, candidato del PP por el Ayuntamiento de Llíber -para ser concejal y optar al cargo de diputado provincial- y que puede ser objeto de críticas de otros partidos. Actualmente, el PP tiene los 9 concejales del consistorio porque en 2015 no se presentó ningún partido más. Esta vez, concurren Compromís y Centro Democrático. Sánchez figura en el tres de la lista y todo hace indicar que será concejal, pero el 26M debe decidir si otros grupos políticos acceden la corporación local.