Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Las empresas que actualmente prestan el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana llevan meses pidiendo reunirse con la Conselleria de Economía Sostenible para abordar el futuro del modelo ante la intención de revertir la gestión a la Generalitat a través de una empresa pública de nueva creación a partir de 2023. Un diálogo para tratar esa reversión que, según lamentan estas empresas, continúa sin abrirse pese a que el plazo para comunicarles formalmente la intención de no prorrogar sus contratos está cada vez más próximo.
Ante el "silencio" del departamento que dirige Rafa Climent, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) busca la mediación de la patronal autonómica CEV para que presione y se convoque esa mesa de diálogo y trabajo que las empresas solicitan ante la futura reversión. Según explica la asociación, ya se han mantenido reuniones y contactos con la organización que preside Salvador Navarro para encontrar apoyo a su causa.
El objetivo es que la CEV, que en el pasado ya se ha posicionado ante la administración en defensa del modelo de colaboración público privada a raíz de la reversión de algunos departamentos sanitarios, formalice ahora en nombre de las ITV la solicitud de reunión para que la cita finalmente se produzca.
Aecova defiende que existen varios frentes abiertos que se deben abordar antes de que expire la concesión. Su objetivo es buscar nuevas fórmulas para evitar el final del modelo concesional de las ITV, aunque la hoja de ruta de Economía está prácticamente trazada porque se trata de un compromiso asumido en el Pacte del Botànic por los tres partidos que integran el Consell. La Conselleria se basa en un informe externo, elaborado por Nuve Consulting, que concluye que la recuperación a la gestión pública del servicio es la opción más ventajosa económicamente para la Generalitat. Pero las empresas concesionarias sostienen que la cifras en las que se basan las conclusiones dibujan un escenario más optimista del real.
Asimismo, su intención es poner encima de la mesa una prórroga de la concesión como mínimo de tres meses antes de la finalización del actual contrato por la parálisis del servicio durante la crisis sanitaria. Según explican, durante el estallido del estado de alarma en marzo de 2020, los negocio se vieron obligados a permanecer cerrados, lo que repercutió en el negocio de las compañías que prestan el servicio.
Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con un parque de 25 estaciones fijas de ITV y seis móviles, distribuidas en las tres provincias. Son siete las empresas concesionarias que hoy en día prestan el servicio de ITV.
Por tanto, el objetivo es recuperar ese tiempo en el que las estaciones estuvieron paralizadas y que causó un perjuicio económico a las compañías, que tuvieron que reforzar sus plantillas para atender el pico de demanda tras el estado de alarma. Este escenario obligaría a postergar unos meses la reversión, pero compensaría las pérdidas del cierre forzoso, explican.
Otro de los aspectos que quieren abordar las ITV valencianas es el de las tarifas. A pesar de que aseguran que se encuentran por debajo de la media nacional, las concesionarias consideran que es "justa" una revisión, dado que llevan años congeladas, con el fin de "incrementar aquellas que no llegan a cubrir el coste del servicio". Por tanto, su intención es analizar la situación para valorar escenarios de futuro. "Las tarifas se podrían reducir considerablemente con decisiones consensuadas, como por ejemplo si se elimina el canon de 3 euros que se paga a la Administración", recalca Francisco Llopis, vocal de Aecova y CEO de ITV Levante.
Además, las ITV plantearán al Ivace la amortización de las inversiones realizadas en las estaciones de los concesionarios. "Esta mesa de trabajo constituye un paso más en nuestra pretensión de abrir una vía de diálogo para comenzar un proceso de concertación en la búsqueda de una forma de gestión más eficaz y eficiente para los intereses de toda la ciudadanía", insiste Llopis.
De acuerdo con esta hoja de ruta, se creará una empresa pública, liderada por el Ivace, que asumirá las estaciones y a sus empleados. Según sus previsiones, obtendrá unos beneficios netos anuales de 39 millones de euros, muy por encima de los 7,6 millones que se obtendrían con la prórroga de la concesión actual o de los 19 millones que se captarían con una nueva licitación para renovar la concesión.
Unas cifras "sesgadas", según Aecova que busca quemar un último cartucho. A su juicio, este estudio debería ser de un ente competente en la materia como la Sindicatura de Comptes. Y es que, a su juicio, el documento de la consultora en el que fía su futuro Economía no tiene en cuenta el coste de la subrogación de empleados, un 33% más de los que contempla el informe, ni contempla sus costes reales.
Además, las empresas defienden que actualmente las ITV que operan en la Comunitat generan más de 20 millones a las arcas públicas, muy por encima de los 7,6 millones de euros de ingresos por cánones en los que se basa el informe para concluir que la reversión del servicio es la opción más beneficiosa para la administración. "Son más veraces y realistas las cuentas anuales auditadas que los concesionarios entregan a la Conselleria que este hipotético informe independiente que demuestra no conocer la fotografía real de las ITV", subraya Llopis, para quien tomar una decisión "de esta transcendencia con un informe tan poco riguroso es una temeridad".
