VALÈNCIA. Asume con ganas el importante reto de dirigir la concejalía de Vivienda en el Ayuntamiento de València. Isa Lozano (València, 1974) conoce muy bien lo que es la gestión municipal. En la pasada legislatura fue concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas e Inserción Laboral, un área que le permitió conocer y detectar los problemas habitacionales que había en la ciudad. "Llevaba el exiguo parque de vivienda municipal. Empezamos con 93 viviendas en 2015 y acabamos con 130. Veía la realidad más dura de los deshaucios y la vivienda precaria", recuerda.
Ahora, no solo estará al frente de Bienestar y Derechos Sociales, sino que tendrá que lidiar con uno de los principales problemas de la ciudad: la vivienda, un departamento que gestionará recogiendo el testigo de María Oliver (València en Comú). Lozano señala que durante las negociaciones su partido Compromís siempre tuvo claro que quería gestionar este área. La búsqueda de soluciones a la subida de precios del alquiler o la escasa oferta del parque público serán algunas de las cuestiones que centrarán su acción de gobierno. "Cuando entramos en 2015 no era el tema estrella, pero ya hemos visto que ahora la vivienda es el gran problema. Es un reto potente", admite.
Entre sus propuestas están la creación de una empresa mixta entre ayuntamiento con entidades privadas para la promoción de nuevos inmuebles o la cesión de suelo público a promotoras o cooperativas para desarrollar nuevos proyectos. Y es que la colaboración público-privada asegura que es "necesaria para todo". "El esfuerzo por mejorar la sociedad debe ser colectivo porque si no nos quedamos predicando en el desierto. Papá Estado no lo va a solucionar todo", subraya.
-Tras un largo periodo de negociaciones finalmente se ha conseguido cerrar un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de València.
-Sabíamos que iba a ser complicado porque había aspiraciones legítimas por parte de ambas organizaciones, pero no esperábamos que fuera tan largo el proceso. Nosotros (Compromís) teníamos muchas ganas de llegar a un acuerdo y ponernos a trabajar. Las posibles tensiones que haya podido haber en este tiempo creo que se diluyen en el objetivo común que tenemos y los retos que nos hemos marcado para los próximos cuatro años y que están recogidos en el Acord del Rialto. Ahora lo que tenemos en la cabeza es trabajar lo mejor posible para poder alcanzar estas medidas.
-¿Es un buen acuerdo para València?
-Yo creo que es bueno y refleja las retos que tenemos para los próximos años en cuestiones como la vivienda, que es el problema social más transversal a todos los colectivos y, por tanto, uno de los ejes fundamentales de este mandato, junto al tema del empleo y los planes urbanísticos que tienen que completar la ciudad. Vamos a poner toda la carne en el asador para intentar contener el incremento de los precios del alquiler.
-Durante la negociación, ¿Compromís siempre tuvo claro que quería el departamento de Vivienda?
-Sí. Siempre estuvo claro.
-Vivienda y Urbanismo son dos áreas que están muy relacionadas. ¿Por qué acordaron separarlas en lugar de hacer una única concejalía conjunta?
-Yo no creo que sea tan asimilable Vivienda a Urbanismo. El urbanismo tiene una mirada más global de la configuración de la ciudad, del modelo y de las necesidades a muchos niveles de la ciudadanía, mientras que la vivienda es la concreción de cómo garantizar ese derecho a todos los niveles. Yo siempre he visto Vivienda en la parte social. Si yo hubiera podido decidir la estructura hubiera puesto Vivienda en la parte de Derechos y de Bienestar porque creo que tiene que ver mucho más con un derecho social que con planificar o estructurar una ciudad. No creo que fuera adecuado que se asimilara dentro de Urbanismo.
-La empresa Aumsa tiene previsto levantar 340 viviendas esta legislatura. ¿No hubiera tenido sentido haberla integrado en Vivienda en vez de Urbanismo?
-Aumsa puede funcionar de muchas maneras y no únicamente para la construcción de vivienda. ¿Podía haber estado en Vivienda? Pues también. Fórmulas hay muchas no hay una estructura rígida.
-Su antecesora en el cargo en la pasada legislatura María Oliver admitió que si la empresa hubiera dependido de Vivienda hubiera habido mayor capacidad de acción.
-Seguramente. Era nuestra aspiración que pudiera estar en Vivienda, pero se queda como está en Urbanismo. El marco de la negociación fue partir del escenario de 2015 y, por tanto, esas posibilidades de jugar y hacer cambios en la composición de las concejalías quedaba apartado.
-¿Cuál es su hoja de ruta?
-Tenemos tres grandes líneas. La base de la que partimos es absolutamente precaria no solo en la ciudad de València, sino en todo el Estado español porque han sido muchas décadas en las que no se ha apostado por políticas de vivienda potentes. Se calcula que en todo el Estado harían falta en los próximos 15 años 1,5 millones de viviendas, lo que supone a nivel económico 100.000 millones de euros, algo que es inasumible para las administraciones públicas. La apuesta y el camino más efectivo es hacer acuerdos público-privados para aumentar el parque de vivienda social que es absolutamente inexistente y tenemos alrededor de unas 200 viviendas para la ciudad.
Por tanto, la primera actuación es la creación de una empresa mixta entre el ayuntamiento con una promotora, entidad bancaria y algún tipo de empresa de gestión de arrendamientos para la construcción de vivienda. El consistorio cedería suelo municipal para que esas entidades construyan unas 600 viviendas. Es la fórmula más ágil y rápida, pero con una serie de condiciones en el pliego de contrato como unos precios tasados máximos según la zona donde se ubique la construcción y los metros cuadrados para garantizar el alquiler asequible que es el gran objetivo de este mandato.
La segunda línea son las 340 viviendas que Aumsa prevé construir gracias al crédito recibido del Banco Europeo de Inversiones (BEI) previstas y la tercera es la cesión de suelo con una serie de condiciones a promotoras o cooperativas de vivienda que quieran invertir y construir en la ciudad de València. También está la vía de trabajar con la Conselleria de Vivienda la cesión de suelo para que ellos construyan. La colaboración con el Evha debe ser muy estrecha.
-Habla de una situación precaria y un parque público absolutamente inexistente, ¿Cree que no se hizo suficiente en la legislatura pasada?
-Se podía haber avanzado más, pero es cierto que las políticas de vivienda son a largo plazo. El origen de todo es no disponer de un parque social suficiente. La media europea está en alrededor de un 20% de vivienda social y eso es un colchón muy potente para proteger a los colectivos más vulnerables. Aquí estábamos a pelo y la crisis arrasó. En estos cuatro años se han puesto las bases para trabajar. Se puso en marcha las ayudas al alquiler que es un elemento que ayuda, pero que es una especie de paliativo puntual porque no soluciona el problema e incluso puede inducir a subidas en B de los alquileres.
El primer mandato fue de desescombrar y poner los cimientos y este debe ser el de las políticas efectivas para contener y garantizar mínimamente el derecho a la vivienda en la ciudad. Esta debe ser una legislatura de acción y resultados. Vamos a poner toda la carne en el asador para que esto funcione.
-Ha comentado que uno de sus ejes es la constitución de la empresa mixta en materia de vivienda, pero se han olvidado de incluirlo en el acuerdo de gobierno. ¿Por qué?
-Es verdad que no está. No sé cuál es el motivo, pero la empresa mixta va adelante. Eso lo tengo clarísimo y está hablado con el alcalde. De hecho ya se ha hablado con entidades y hay posibilidades y voluntad de colaboración.
-¿Con quiénes?
-Prefiero no comentarlo.
-¿Cuál será el porcentaje que tendrá cada uno?
-Está por determinar.
-¿Cómo será su funcionamiento?
-Se lanzarán una serie de promociones con unos precios máximos tasados, que aún tenemos que determinar, y la gestión de las viviendas sería a través de la empresa mixta. Serán viviendas con un alquiler asequible que puede ir en diferentes franjas, dependiendo de la situación de cada colectivo. Tendremos que ver cómo ajustamos eso a los diferentes perfiles. En estos momentos que parece que se reactiva el sector de la construcción creemos que habrá propuestas, pero está todo por hacer y desarrollar. La empresa mixta tiene la ventaja de que no supone un coste para el ayuntamiento.
-En los pliegos para la cesión de suelo a entidades privadas para construir ¿exigirán un porcentaje para vivienda pública?
-Sí, eso se puede determinar. Habrá que estudiarlo. Se puede hablar de precios, reservar un porcentaje para jóvenes, para vivienda compartida o personas mayores, pero sin crear barrios guetos como se ha hecho en otras décadas. Tenemos clarísimo que tiene que haber diversidad en la composición familiar de las viviendas públicas.
-El pacto de gobierno incluye recargos en el IBI a bancos con más de 10 viviendas vacías. ¿De cuánto sería la subida de este impuesto?
-Todavía no lo tenemos. Para movilizar vivienda vacía el ayuntamiento se puede postular como un agente intermediario entre quienes alquilan y arrendatarios y promocionar por ahí. Se calcula que hay alrededor de 60.000 viviendas vacías en la ciudad. Evidentemente no vamos a movilizar ese 100%, pero hay propietarios que se animarían si tuvieran una serie de condiciones y unas garantías como la exención del IBI o un seguro por impagos o desperfecto en la vivienda. Se trata de ofrecer ventajas para que la gente pierda el miedo y la reticencia a alquilar porque eso perjudica a la oferta y hace que suban los precios.
Pero para sancionar, primero deberíamos definir qué es vivienda vacía con una ley nacional para exigir un cumplimiento a grandes tenedores y propietarios con más de 10 viviendas vacías y reclamar que las pongan en alquiler social. Ahí sí que tendríamos capacidad y una herramienta para ejercer ese procedimiento sancionador para poner a disposición de las familias las viviendas vacías. Pero todavía no existe ese mecanismo de presión y ahora lo que tenemos que dar son incentivos a particulares.
-¿Prevé el consistorio compra de suelo?
-Eso es más complejo a nivel presupuestario, pero en algún momento puntual se podría hacer. De hecho, hay ya una propuesta para construir en Quatre Carreres cien viviendas.
-Pero con el parque público y las parcelas que tienen, ¿hay capacidad para dar una respuesta habitacional a la falta de oferta pública en la ciudad?
-El problema es tener capacidad para construir, por lo que tienen que ser fórmulas de colaboración público-privadas. No hay otra. No podemos construir directamente tanta vivienda pública como se necesita.
-¿Qué medidas tiene pensadas para poner freno a la subida del precio del alquiler en la ciudad?
-Crear más vivienda pública con precios limitados. Conseguir más oferta asequible en el mercado hace de contención. Toda la vivienda vacía de propietarios particulares que se pueda sumar también contiene. Se habla también de la posibilidad de regular a nivel estatal unos precios máximos que sirvan de referencia para exigir a las promotoras, pero a mí no me parece una solución ideal porque puede crear distorsiones, picaresca y efectos no deseados, pero al igual que las ayudas al alquiler, es un paliativo más que dificulta la subida indiscriminada de precios. Hoy por hoy no lo podemos hacer de manera directa porque falta una ley estatal, pero en la Conselleria de Vivienda ya tienen unos datos para tener una referencia a la hora de pactar unos precios con la empresa mixta o la cesión de suelo. El precio del alquiler no puede estar sujeto únicamente a la ley de la oferta y la demanda. Eso es una aberración porque la vivienda es un derecho fundamental, constitucional y humano y debe estar protegido por la administración.
-¿Qué le parece la medida adoptada en Berlin de congelación de precios durante un periodo de tiempo?¿Podría ser una solución en la ciudad?
-En España no tenemos ningún mecanismo legal para poder hacerlo. Esa es una de las reivindicaciones al Gobierno de España como también la definición de vivienda vacía o los precios de referencia.
-¿Sería entonces el modelo de Viena, que cuenta con una larga experiencia en vivienda social y asequible, su ejemplo a seguir?
-Viena tiene casi el 30% de vivienda pública. Es una envidia. Tenemos que fijarnos en ese modelo de gestión y ver cómo lo han hecho otros. Está claro que la realidad socioeconómica de cada ciudad es diferente, pero en estos momentos el presente y el futuro es el alquiler de vivienda. No sé si llegaría otro ciclo en el que se vuelva a plantear la compra como opción de vida, pero hoy por hoy no hay crédito y es inasumible para la gran mayoría de población. En Europa por ejemplo es así: hay un porcentaje altísimos de personas que viven toda su vida en alquiler y yo creo que vamos hacía ese modelo. Ahora se está hinchando esa burbuja del alquiler y por eso es el momento de hacer medidas contundentes con un objetivo muy claro para que no reviente. Todas las administraciones estamos en alerta.
-¿Es partidaria de seguir urbanizando para conseguir más oferta de vivienda?
-La ciudad ya está consolidada. Los límites son los límites y no nos vamos a comer huerta que ya ha dejado de ser un solar en el cual especular y, por lo tanto, hay que ir acabando la ciudad en las zonas donde es posible. Creo que es positivo siempre que el modelo de proyecto urbanístico sea el que queremos de ciudad amable, que fomente el comercio de proximidad y la vida de barrio. A Compromís no nos gustan esos modelos de torres que tienen los servicios hacía dentro y no generan barrio por mucha zona verde que puedan incluir. Eso es lo que tenemos que trabajar en los PAIs.
-En el pasado mandato se les criticó la ralentización en los procesos de rehabilitación de viviendas en El Cabanyal. ¿Se les va a dar un impulso?
-En la última parte del mandato se empezaron a licitar las ayudas a la rehabilitación y tiene que seguir fluyendo. Se está haciendo un gran esfuerzo porque había una situación de degradación y ahora se están viendo los resultados. Tenemos un total de 18 inmuebles en diferentes fases del procedimiento de rehabilitación.
-¿Habrá a finales de legislatura un nuevo Cabanyal?
-Sí. Por supuesto.