Fábrica de baterías de Jonhson Controls en Guardamar del Segura. Foto: JOHNSON CONTROLSALICANTE. La multinacional americana Johnson Controls, dedicada a la fabricación de componentes electrónicos para el sector del automóvil o de soluciones de eficiencia energética para edificios, entre otras ramas industriales, quiere crecer en España, donde fabrica baterías para automóvil en su planta de Guardamar del Segura. La planta alicantina de la firma es la más productiva de las ocho que posee en Europa (cuentan con un segundo centro en España, en Burgos), pero la multinacional necesita incrementar la producción de baterías para atender la demanda creciente en países de África y Oriente Medio.
El proyecto de ampliación de la capacidad productiva, que no implicará un crecimiento de las instalaciones, está pendiente de obtener la modificación sustancial con evaluación de impacto ambiental y la revisión de la autorización ambiental integrada de las instalaciones. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el pasado 24 de octubre el anuncio de tramitación del expediente, que está en fase de información pública y alegaciones. Si bien la planta no va a ganar metros, la mayor capacidad de producción implicará también mayores emisiones, por lo que el proyecto necesita el visto bueno previo de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.
Un portavoz de la oficina de la compañía en Hannover explicó este viernes, a preguntas de Alicante Plaza, que Johnson Controls "está constantemente invirtiendo en todas nuestras instalaciones europeas en las más avanzadas tecnologías, para estar siempre preparados ante futuras necesidades". En este sentido, señaló que "en estos momentos estamos tramitando el permiso para incrementar la capacidad de la planta de Guardamar hasta 10 millones de baterías al año". En estos momentos, la capacidad de la planta permite fabricar unos 7,5 millones de baterías anuales.
Según los datos ofrecidos por este portavoz, en la planta de Guardamar trabajan más de 300 empleados, que producen las baterías SLI (de arranque, iluminación e ignición), "como, entre otras, la conocida marca VARTA". En 2016, cuando la planta alicantina de la multinacional celebró su 40 aniversario, comenzó la producción de la nueva gama de baterías MEA para altas temperaturas de la citada marca, "que es la solución para países con temperaturas más altas, como Turquía, Oriente Medio y África", explicó. "Desde entonces, se ha notado un aumento aún mayor en la demanda de nuestros productos, por lo que solicitamos el permiso de aumento de la producción".
La planta de Guardamar, una de las ocho que tiene el grupo en Europa, ha fabricado más de 100 millones de baterías desde que inició la producción en 1976, y sus productos se venden a toda España, el resto de Europa, Turquía y Oriente Medio. La facturación anual del grupo Johnson Controls supera los 37.000 millones de euros, y uno de cada tres vehículos de todo el mundo tiene una batería fabricada por esta multinacional, líder en cuota de mercado. Si bien la evolución del parque móvil hacia los vehículos híbridos y eléctricos está llevando a los fabricantes a virar hacia las baterías de litio, las de ácido plomo (que son las que se fabrican en Guardamar) son aún muy demandadas en países con temperaturas más altas como los anteriormente citados.
El proyecto de ampliación de Johnson Controls ha puesto en alerta al colectivo Ecologistas en Acción, que ha presentado una decena de alegaciones al considerar que las emisiones de plomo autorizadas a la planta ya son demasiado altas, y que aumentarán aún más con la ampliación de su capacidad productiva. El colectivo señala en sus alegaciones que los estudios presentados para la evaluación ambiental no recogen el impacto de la contaminación por plomo en la salud humana y los ecosistemas, y advierte de que la empresa no contempla el control de este contaminante en su entorno. Así, solicita que se amplíen estos estudios, se requieran medidas para controlar los niveles de contaminación por plomo y se fijen unos valores límite de emisión por debajo de los que propone la empresa.
"En el proceso de fundición del plomo, necesario para fabricar las baterías, se emiten partículas de este metal y de otras sustancias, que precipitan en los suelos colindantes y por el régimen de vientos alcanzan a la población", señalan desde Ecologistas en Acción. Asimismo, alertan de que "la parcela donde se ubica la planta está próxima a espacios naturales protegidos y a cultivos y granjas para alimentación humana. Está rodeada de cultivos de cítricos y hortalizas, en el frente litoral hay granjas de doradas y lubinas y limita con el espacio protegido de desembocadura del río Segura".
Además de estos estudios y controles, Ecologistas en Acción también solicita en sus alegaciones que los valores máximos de emisión (VLE) para el plomo y las partículas sean inferiores a 1 mg/Nm3 y 2 mg/Nm3, respectivamente. Esta propuesta recoge la legislación actual sobre las mejores técnicas disponibles y la empresa tiene tecnología para adaptarse a ellos, a juicio del colectivo. "Con lo que los riesgos para la salud disminuirían".
