Las hermanas Mar y Antonia Sala Martínez, enfrentadas a su hermano Vicente, durante el juicio. Foto: EFEALICANTE. La junta extraordinaria de accionistas de Samar Internacional y Compañía Española de Resinas del 16 de septiembre de 2016 abrió la 'caja de Pandora' en la familia Sala Martínez. La desafortunada (o afortunada) expresión es de Francisco Ruiz Marco, abogado de la acusación particular que ejerce Vicente Sala en el juicio por el asesinato de la matriarca del clan, Carmen Martínez, y por el que está acusado su yerno Miguel López, en cuyo concesionario, Novocar, sucedió el crimen el 9 de diciembre de ese año, tres meses después. La juez que preside el tribunal del jurado censuró al letrado por apostillar con la famosa 'caja' una de las respuestas de la testigo que estaba declarando, la que durante años fue abogada del consejo de administración de las empresas. Pero en realidad, fue lo que sucedió.
Las hostilidades por el control de las empresas que se desataron a finales de 2015 se plasmaron a lo largo del segundo semestre de 2016, en los meses previos al crimen (al que fiscal y acusación particular atribuyen, precisamente, el móvil empresarial), en numerosas decisiones cruzadas, destituciones, disoluciones de consejos, intentos de modificación de estatutos, recursos y pleitos. Movimientos todos ellos de los que Alicante Plaza informó con profusión antes del crimen, en los días posteriores al asesinato y tras la detención de Miguel López como sospechoso. La testigo, que era la abogada del consejo de administración hasta su disolución por parte de Carmen Martínez, trazó el relato del distanciamiento de la familia este miércoles con todo lujo de detalles.
"Al morir Vicente Sala padre se creó un consejo de administración con los cuatro hijos y la madre, y retomamos el pacto de socios que se había iniciado en vida de Vicente", explicó. En esas fechas, el trato entre las dos facciones de la familia (Vicente Sala hijo, su madre y su tía, por un lado; las tres mujeres y Miguel López, por otro) era todavía cordial. "Una piña". Todo se torció a finales de 2015, cuando la matriarca quiso traspasar a su hijo su derecho de voto privilegiado (conocido popularmente como 'acción de oro') para que pudiera gobernar las empresas sin el 60% del voto que tenían sus hermanas. "Los estatutos no permitían ceder el derecho a terceros, la madre quería cambiarlos y las hermanas consideraban que tenía que hacerse por unanimidad".
El conflicto, según esta testigo, no estuvo originado por los hermanos y socios de Samar, sino por los abogados "de parte" que empezaron a representarlos a partir de ese momento. "Las posiciones se enfrentan a partir de finales de 2015 cuando entran los abogados de parte", defendió, "esto no ha sido un conflicto de socios, sino de abogados". Curiosamente, en la junta ordinaria (la de septiembre, la de 'Pandora', fue extraordinaria y convocada por la víctima para deshacer los cambios que habían aplicado sus hijas en julio, al cesar al hermano varón como presidente) de Samar y Compañía Española de Resinas se celebraron por la mañana con un fuerte enfrentamiento, abogados, y sin permitir la entrada de la testigo y el asesor jurídico habitual de la empresa, pero por la tarde a la junta de Novocar se les permitió asisitir y se aprobó todo por unanimidad. Concretamente, las pérdidas del ejercicio 2015.
Tras la junta ordinaria, el consejo convocó una extraordinaria en julio, con un orden del día que consistía en cesar a Vicente Sala como presidente y consejero delegado. En su lugar se nombró a Mar Sala como presidenta de Samar, y a Antonia en Compañía Española de Resinas. Fuensanta, la mujer del acusado, no asumió ningún papel. Luego, la junta de septiembre se convocó a requerimiento de un socio, Carmen Martínez, para deshacer los cambios. El primer punto era situar de nuevo a Vicente como presidente, con la 'acción de oro'. Los abogados comenzaron a discutir y los Sala pidieron a la testigo que abandonara la reunión, porque se iba a discutir el informe jurídico sobre el voto privilegiado.
Como quiera que el artículo 9 de los estatutos no se podía cambiar sin unanimidad, según el informe y según el registrador mercantil que impidió la inscripción, la víctima resolvió disolver el consejo y cambiar el órgano de administración: Vicente Sala pasaba a ser administrador único de Samar, y ella misma de Resinas. Un movimiento desvelado por Alicante Plaza. En cambio, a Miguel López no se le tocó en Novocar, pese a sus temores (plasmados en un whatsapp con su mujer que, como siempre, Francisco Ruiz Marco intentó leer y la juez inadmitió porque aún no ha sido ratificado en el proceso). "A finales de 2015 había un acercamiento para firmar el pacto de socios, pero las posturas se radicalizaron con los abogados de parte", lamentó la abogada del consejo.
En este clima de enfrentamiento, con requerimientos notariales que las hermanas interpretaban como la ruptura definitiva (de ahí el whatsapp de los nietos para intentar "ablandarle el corazón"), e intentos de inscribir cambios unilaterales de estatutos, con los abogados hablando en los consejos y juntas por los hermanos que antes celebraban las reuniones en el comedor familiar, se llega al momento del crimen. ¿Se extinguía la acción de oro de Carmen Martínez con su muerte?, pregunta el fiscal. "Sí". No se habían cambiado los estatutos, y ella había muerto sin traspasarla a su hijo. Ya no había derecho privilegiado de voto, y las hermanas, aún antes de la herencia, tenían el 60% del voto, lo que les daba el control de las empresas para la mayoría de decisiones (para la mayoría cualificada les faltaba un 6%).
Las hermanas tenían miedo de que la situación con el voto privilegiado se reprodujese de nuevo, si su madre la transmitía a su hermano mayor, y que este aprovechase para volver a poner en situación de privilegio a su propio hijo en el futuro frente al resto de primos de la tercera generación familiar. Así lo explicó la testigo, que luego mantuvo relación personal con dos de las mujeres (y recibió un burofax de Vicente y su madre expresándole su decepción al creer que se había decantado en la 'guerra'), a preguntas ya de la defensa. ¿Cómo cambiaba el control de las empresas la muerte de la víctima? "Hasta donde yo se, la resolución del Registro Mercantil se iba a recurrir".
El abogado de Miguel López intentaba demostrar que, al contrario de lo que sostiene el fiscal, la muerte no otorgaba a las mujeres un control extra, puesto que la acción de oro no se había podido traspasar y se seguía discutiendo, viva o muerta (hubo un pleito posterior entre los hermanos por la cuestión, del que desistieron al cerrar el pacto para repartirse el imperio empresarial). Pero en realidad, es una cuestión irrelevante: la muerte sí frustró el cambio de estatutos previsto para enero, en el que no se iba a transmitir la acción de oro, sino a elevar el porcentaje de voto para que el 60% de las hermanas no pudiera tumbar al varón. Es decir, que la 'caja de Pandora' seguía abierta.
