La Generalitat reclama al Gobierno el 70% del IVA para garantizar sanidad y educación

VALÈNCIA. La Generalitat, a través de la Consellleria de Hacienda, ha remitido al Ministerio de Hacienda su Informe para el Comité Técnico Permanente de Evaluación de la financiación autonómica, posicionándose respecto a las conclusiones del Informe emitido en julio por el Comité de Expertos creado por iniciativa de la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017, y formulando propuestas de cara la reforma del sistema de financiación.

El modelo planteado por el Gobierno valenciana se basa en tres principios, suficiencia de las comunidades para atender los servicios públicos fundamentales, reequilibrio vertical en el reparto de recursos entre la Administración central y las comunidades, y sostenibilidad financiera, con el fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un nivel de calidad homologable en los servicios básicos de sanidad, educación y protección social con independencia de la comunidad en la que residan.

El documento, que se ha elaborado de forma consensuada con los expertos designados por las Corts Valencianes, constata que el informe de los expertos confirma las deficiencias que la Comunitat Valenciana viene señalando respecto al modelo de financiación de 2002, modificado en 2009, y realiza propuestas en línea con las que el Parlamento Valenciano y la sociedad civil valenciano respaldaron en octubre de 2015.

El texto subraya que el funcionamiento del modelo y la política de estabilidad presupuestaria durante la crisis hasta la actualidad ha supuesto que las comunidades no hayan podido proteger su gasto en sanidad, educación y protección social, que se ha reducido en términos reales por habitante ajustado un 14,2%, mientras el Estado sí ha incrementado el gasto en sus competencias del Estado de Bienestar (Seguridad Social y políticas pasivas de empleo). Las autonomías no gastan demasiado en servicios públicos fundamentales, ya que están un 23% por debajo de la Euro Zona, y las comunidades de régimen común invierten un 30% menos que las forales.

Tal como señala el documento, las comunidades gestionan el 67% del gasto del Estado del Bienestar, que es financiado con impuestos. Por ello, para lograr la sostenibilidad del mismo, es imprescindible que la participación de las autonomías en los principales ingresos tributarios (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) sea proporcional al gasto que gestionan. La valoración valenciana coincide con el informe de los expertos en que la insuficiencia de recursos del modelo para que las comunidades pudieran atender sus competencias en el Estado de Bienestar fue de 16.484 millones en 2015.

Reequilibrio vertical

Así, para garantizar la suficiencia en la prestación de los servicios básicos, es necesario cumplir con el equilibrio vertical, que requiere asignar a cada nivel de administración (central, autonómica y local)una base tributaria capaz de aportar los recursos necesarios para atender adecuadamente sus funciones. El reequilibrio vertical tributario del Estadoa utonómico hace necesario que la cesión y la participación en determinados tributos que se asigne a cada subsector de las administraciones refleje la participación del gasto de cada uno de ellos en el conjunto del gasto público.

Por ello, la Comunitat Valenciana propone en el nuevo sistema de financiación reordenar la participación de las comunidades de régimen común en las diferentes figuras tributarias, manteniendo la participación del50% en el IRPF, alcanzando el 70% de participación en el IVA y los ImpuestosEspeciales (actualmente, el 50% y el 58%, respectivamente), y ampliando las figuras de tributos cedidos. En concreto, se plantea la cesión de impuestos medioambientales y del impuesto sobre primas de seguros. 

Estructura del modelo e instrumentos extra

La Comunitat Valenciana propone adoptar la estructura del modelo propuesto por el informe de los expertos con algunas variaciones para fortalecer la suficiencia y la equidad, y simplificar su funcionamiento. Así, se estructura en tres tramos, un Fondo Básico de Financiación para los servicios públicos fundamentales, un tramo para el resto de competencias y un Fondo Complementario para las transferencias no homogéneas.

El Fondo Básico de Financiación sería el garante de la suficiencia en la cobertura de los servicios públicos fundamentales de competencia autonómica y se nutriría con la totalidad de la recaudación normativa del tramo autonómico del IRPF (50%) y la totalidad de la recaudación real (no territorializada) que corresponda a las CC AA de régimen común de los tramos autonómicos del IVA (70%) y de los IIEE (70%). Las comunidades forales aportarían a este Fondo para asegurar una prestación equitativa en servicios básicos.

Para financiar el resto de funciones de gasto en condiciones de igualdad para todas las comunidades en el año base, se cederían a las comunidades los actuales tributos cedidos, más el Impuesto sobre primas de seguro y los Impuestos medioambientales estatales. Los tributos cedidos sobre los que las CC AA no tienen capacidad normativa constituirían un Fondo de Nivelación Vertical, que se distribuiría anualmente en proporción a la población de cada Comunidad Autónoma.

En tercer lugar, con el fin de financiar el gasto de las CC AA de régimen común en las competencias transferidas no homogéneas, se dotará el Fondo Complementario de Financiación (FCF) mediante la correspondiente aportación estatal, en sustitución de la que se realizaba actualmente a través del Fondo de Suficiencia. Además, coincidiendo con el informe de los expertos, la Comunitat Valenciana defiende promover fondos de reserva en las autonomías para asegurar que los vaivenes de la economía no afecten a sus competencias del Estado de Bienestar.

Equidad y statu quo

En su documento, el Consell recalca que la aplicación del criterio de equidad es de base constitucional y exige que todos los ciudadanos españoles -residan donde residan- puedan acceder a los mismos niveles de provisión de los servicios públicos, al menos en los fundamentales. De este modo, se aboga por la supresión del statu quo, que ha sido una de las causas de la histórica discriminación de los valencianos en el reparto de recursos. Dada la insuficiencia global de todas las comunidades para prestar los servicios encomendados, este criterio permitiría corregir las actuales inequidades y, al mismo tiempo, respetar el statu quo en términos nominales en el año base.