La edil no adscrita Nerea Belmonte tras prestar declaración en Fiscalía.ALICANTE. La Audiencia Provincial de Alicante da carpetazo definitivo a la causa seguida contra el exsenador e histórico dirigente del PSOE, Ángel Franco, por el supuesto intento de compra del voto de la edil no adscrita, Nerea Belmonte, en el pleno de investidura del pasado 19 de abril, en el que debía elegirse a un nuevo alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. En esa sesión, la exconcejal de Guanyar se decantó por una abstención, lo que posibilitó que el popular Luis Barcala fuese elegido nuevo primer edil, como cabeza de la lista más votada en las elecciones municipales de 2015, puesto que ninguno de los candidatos logró los 15 votos necesarios para acceder al cargo por mayoría absoluta.
En un auto fechado el 10 de abril, la Sección Primera de la Audiencia desestima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción frente al archivo de las diligencias, dictado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante el pasado 19 de octubre. La resolución se sometió a votación y fallo en enero, pero no se había dictado auto hasta este mes, lo que ha llevado al investigado, ahora candidato al Senado por el PSOE, a permanecer un año bajo el foco de la Justicia.
La investigación se inició a instancias de una denuncia presentada en Fiscalía por dos activistas vecinales y militantes de Podemos, José Luis Valdés y Francisco García, después de que Belmonte asegurase en un pleno que había recibido una oferta por parte de representantes de alguno de los grupos municipales de la izquierda para que votase a favor de la investidura de su candidata, Eva Montesinos, a cambio de un sueldo de 3.500 euros al mes y la posibilidad de figurar en las listas electorales. En su declaración ante el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, tanto Belmonte como su amiga y persona de su máxima confianza, la exdirectora general de Ciudad de la Luz, Elsa Martínez, precisaron que ese ofrecimiento partió de Franco.
Por su parte, el aludido negó haber expresado esa oferta, aunque sí admitió conversaciones para tratar de posibilitar que Montesinos fuese investida nueva alcaldesa. Eso sí, en su testimonio le dio la vuelta al argumento de Belmonte y Martínez y sostuvo que fueron ellas quienes pidieron un sueldo a cambio de su voto y que no si se les prometió ni se les concedió. De hecho, subrayó que se pudo comprobar que Belmonte no dio su apoyo a la investidura de Montesinos.
A la vista de esas declaraciones, el fiscal presentó denuncia ante los juzgados contra Franco sin precisar posibles delitos y solicitó la práctica de nuevas pruebas como informes de geolocalización del teléfono móvil de Franco y de Martínez en los días en los que, supuestamente, se habían producido las conversaciones. El juzgado rechazó esas nuevas diligencias al considerarlas innecesarias y la Fiscalía recurrió el sobreseimiento provisional en apelación ante la Audiencia. Ahora, la Sección Primaria ratifica el archivo al no hallar indicios de delito.
En concreto, en una resolución de ocho páginas, la Audiencia considera que "la falta de denuncia de los hechos, como la posible existencia de intereses políticos y personales en las manifestaciones finalmente vertidas por Nerea Belmonte en el pleno de investidura, ulteriormente por Elsa Martínez Portero, significado miembro del Partido Popular que ha desempeñado cargos públicos relevantes como tal, hacen dudar de la objetividad de los testimonios emitidos". Y añade: "Finalmente tampoco existe corroboración periférica alguna de dichos testimonios, pues resultaría ingenuo considerar tal, el mensaje de WhatsApp que la señora Martínez remitió a José Muñoz", el secretario de Organización del PSPV, "el día 19 de abril de 2018". Según las fuentes consultadas, en dicho mensaje, leído por Muñoz pero no contestado, Martínez lamentaba el contenido de su conversación con Franco.
Los magistrados de la Sección Primera son especialmente duros contra el intento del fiscal Anticorrupción, a través de su recurso, de intentar incluir como investigados en el supuesto intento de compra a Muñoz y al secretario de Relaciones Institucionales del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, a partir de los testimonios ofrecidos por Belmonte y Martínez. Así, subrayan que en la denuncia que la Fiscalía remitió al juzgado para su reparto no se dirigía contra esos dos cargos del PSPV. Además, añade que el juez instructor no tuvo en cuenta esa parte de las declaraciones por su "inconsistencia", ya que se basan únicamente en los testimonios de Belmonte y Martínez y que, además, incurren en contradicciones en sus respectivos relatos.
Así, el auto concluye que "todo ello impide afirmar de forma mínimamente sólida la existencia de los indicios de criminalidad que el fiscal reclama". "Por todo ello entendemos que el auto de sobreseimiento es ajustado a derecho y debe ser confirmado". En dicha resolución dictada por el juzgado se ponía de manifiesto que "no se encuentra medio que permita objetivar la realidad de lo manifestado por cada uno de los intervinientes en las conversaciones mantenidas".
Respecto a las pruebas solicitadas sobre la geolocalización de los teléfonos móviles, la Audiencia ratifica igualmente que son inútiles puesto que el hecho de que se hubiesen producido llamadas y reuniones "resultaría insuficiente para acreditar la realidad de la reunión que niega el denunciado".
