Gabriel Echávarri y Luis Barcala conversan en un pleno. Foto: ALICANTE (EFE). La Fiscalía ha decidido interrogar al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV), como investigado por un presunto delito de prevaricación el próximo día 25 por despedir a la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, una funcionaria interina de la Concejalía de Cultura, según fuentes próximas al caso. La denuncia por dicho despido fue presentada por dos dirigentes vecinales y desembocó en la apertura de unas diligencias de investigación en la Fiscalía de la Audiencia de Alicante.
Estas pesquisas se suman a otras abiertas por el juzgado de Instrucción 9 de Alicante por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, hechos por los que Echávarri y dos asesores suyos, Eduardo Díez y Pedro de Gea, declararon el pasado día 6 como investigados (antes imputados) por un presunto delito de prevaricación.
La funcionaria, una técnica interina adscrita a la Concejalía de Cultura, fue despedida a finales del pasado mes de abril, días después de que su cuñado y líder del PP en la corporación municipal, Luis Barcala, denunciase al alcalde en fiscalía por las contrataciones de Comercio. Con posterioridad, el consistorio readmitió a la trabajadora a instancias del acuerdo adoptado por el pleno del ayuntamiento con las abstenciones de los socios del PSPV en el tripartito que gobierna la ciudad, Compromís y Guanyar Alacant.
El teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, que dirige la investigación por el cese de la interina, ha interrogado en las últimas semanas al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, como investigado, y a varios técnicos municipales, en calidad de testigos. El acusador ha recibido recientemente un informe municipal que detalla las funciones que ejercía la trabajadora y constata la existencia de varios interinos en una situación laboral idéntica a la suya que no han sido despedidos.
El fiscal Llor ha decidido ahora tomar declaración al regidor socialista como investigado antes de determinar si archiva las diligencias o las envía a un juzgado de Instrucción de Alicante para que abra el correspondiente proceso penal, según las fuentes consultadas.
