Miguel López abandona los juzgados de Alicante tras escuchar el veredicto, en noviembre. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE (EP). "Especial" o "peculiar" son algunas de las expresiones que ha utilizado la Fiscalía para denunciar indefensión y vulneración de derechos en el conocido 'Caso Sala', en el que una magistrada de la Audiencia de Alicante absolvió a Miguel López del asesinato de su suegra, Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, en aplicación del veredicto de un jurado popular.
El ministerio público ha calificado de "parcial" a la magistrada presidenta del jurado que juzgó el procedimiento y que devolvió el acta en el que se consideraba al acusado culpable del asesinato. En una segunda acta, el criterio cambió y el veredicto fue de no culpabilidad, según ha expuesto durante la exposición de su recurso a la sentencia absolutoria, en una vista celebrada este jueves en la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Los argumentos de las acusaciones han sido similares y se han fundamentado en dos aspectos. El primero, indefensión por no haber tenido acceso al primer acta dictada por el jurado y que luego fue destruida; y segundo, han cuestionado las "instrucciones" dadas por la magistrada presidenta al jurado, que han calificado de "parciales".
En concreto, el fiscal ha expuesto, respecto al primer punto, que la Sala no ha llegado a tener acceso al acta del primer veredicto emitido por el jurado porque no figura en las actuaciones al haber sido destruida. De esta forma, la Sala "tiene problemas para saber si la decisión de devolución adoptada por la magistrada fue ajustada a derecho", ha manifestado.
"Es un caso especial", ha afirmado, para agregar que también es "peculiar" que "en principio un veredicto condenatorio se transforme 48 horas después, tras unas instrucciones que se dan al jurado, en otro absolutorio". El ministerio público ha justificado su queja en que no se cumplió con la ley al no dar traslado a las partes de esta acta, por lo que, a día de hoy, desconoce si el veredicto emitido inicialmente estaba bien fundamentado.
La magistrada justificó la devolución, en una vista con las partes, en que faltaba motivación, pero el acta no fue trasladada. En ese instante, la presidenta se dirigió al jurado, según ha expuesto, y les dio una serie de "instrucciones" en un acto que sufrió varias "interrupciones" por las quejas de las acusaciones. "Llegó a decir al jurado que le hicieran caso a ella porque era la que tenía que dictar sentencia", ha criticado.
Otra de las frases que ha lamentado de la magistrada al jurado fue: "El silencio del acusado --que no declaró en la vista-- tiene un valor cero". Y ha reproducido otra manifestación suya, cuando trasladó al jurado que había muchos crímenes sin resolver. "¿Qué quiere decir eso?; ¿A qué cuento venía eso cuando hablaba de valoración de la prueba?", se ha preguntado. "Son comentarios totalmente desafortunados y fuera de lugar", ha apostillado.
Así, sus instrucciones, ha añadido, "adolecieron de parcialidad": "No digo que fuera intencionada, pero da la impresión de que ella hizo una valoración de la prueba y entendía que el jurado debía hacer una valoración similar". Al respecto ha lamentado que la jueza pidiera al jurado que valorasen los "contraindicios" que había en la causa y las pruebas policiales, las de descargo.
En esta línea, la acusación particular ha criticado la ausencia de esa primera acta en las actuaciones, así como su destrucción, y ha afirmado que decir que la misma es un borrador, como manifestó la magistrada, "no es cierto y carece de fundamento legal o jurisprudencial".
"El acta no está en los autos y no es posible que nadie determine si la devolución fue conforme a ley. Una decisión así, la de devolución, no puede quedar exenta del control jurisdiccional. ¿Cómo esta decisión puede ser secreta, que nadie la pueda controlar?", se ha preguntado. "Es un acto violento contra la ley el hecho de destruir un acta", ha insistido.
Por su parte, la defensa ha negado indefensión hacia las acusaciones y ha criticado que no presentaran una queja sobre la no devolución del acta "en el momento en el que tuvieron ocasión de hacerlo", ha dicho. "Esto ahora no vale si no se deja como protesta en el momento", ha reiterado.
"Las acusaciones pretenden que se repita el juicio de un mes de duración por una cuestión que cuando sucedió, ni se quejaron ni pidieron el acta cuando estaba inicialmente en la mesa de la magistrada. Y claro, una vez con la sentencia absolutoria, empiezan a moverse y se acogen a eso para recurrir", ha criticado.
La indefensión, a su juicio, hubiera sido si ellos hubieran reclamado el acta en su momento, en la vista, y la magistrada se la hubiera negado. "El asesinato está juzgado y hay un acta, que es la que cuenta", ha manifestado.
En relación con las instrucciones de la magistrada, el letrado ha señalado que se pide una mayor motivación, pero no hay parcialidad. Así mismo, ha cuestionado que el primer veredicto fuera de culpabilidad, puesto que "no hay prueba de ello", lo que pondría en tela de juicio la base de lo que mantienen las acusaciones, ha dicho.
Por todo, las acusaciones en el procedimiento han insistido en que se declare nula la sentencia y se repita el juicio, mientras que la defensa se ha mantenido en que el procedimiento fue correcto y en que ya existe una resolución acorde a derecho.
