La ampliación que 'ahogó' a IFA: impulsada personalmente por Camps, frustrada por el IVF

ALICANTE. La ampliación de las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina (IFA) que terminó ahogando a la entidad con la crisis fue un empeño personal del expresidente Francisco Camps, que la impulsó en un patronato celebrado en 2004. Y el IVF, el banco público del Consell, fue el encargado de frustrar la finalización del proyecto en 2012, en lo más duro de la crisis, con Enrique Montes como director general. El IVF negó a IFA los algo más de 600.000 euros que necesitaba para inscribir la reparcelación del suelo en el Ayuntamiento de Elche, lo que habría permitido a la feria refinanciar deuda y acudir a los bancos con una garantía real, cargar la primera cuota de la urbanización al resto de propietarios, o rescatar un aval de 3,4 millones del Consistorio (por el proyecto de urbanización). 

Este es el inicio y el final del relato de los hechos desplegado este jueves en la comisión de investigación de Les Corts sobre el rescate de las ferias por el que fuera director general de IFA entre 2005 y 2016, Antonio Galvañ. A preguntas de los distintos grupos, Galvañ defendió su gestión y el proyecto de ampliación y urbanización de la institución, y atribuyó al estrangulamiento de las finanzas de la Generalitat (principio y fin del proyecto, según su relato) en la etapa de Alberto Fabra el bloqueo que sufrió una institución incapaz de ser viable por sí misma.

Galvañ llegó a IFA con el proyecto de ampliación ya definido, con el protocolo de intenciones que firmó Camps y el contrato con el IVF (en 2005), en quien "se delegaron todas las decisiones financieras". No obstante, el exdirector de la feria defendió en todo momento que el proyecto que se encontró al llegar era "razonable". El modelo de negocio de las ferias empezaba a virar, e IFA apostaba en ese momento por dedicarse a los eventos (llegó a organizar conciertos), congresos e incluso citas deportivas. De ahí el Arena que nunca ha llegado a construirse. La clave, según explicó Galvañ, era la gestión del suelo: decidir qué y cómo se instalaba, y generar las plusvalías necesarias para "viabilizar la institución". "No se trataba de especular, el negocio de las ferias es el suelo", defendió.

El quid de la cuestión, a juicio del exdirector, es que "IFA no era viable". Ni con la llegada de la crisis, cuando estuvieron hasta dos años sin poder pagar a los proveedores (la marcha de la empresa de seguridad del recinto y el corte del suministro eléctrico planearon sobre las instalaciones) "hasta que llegó el FLA", ni antes. "La Generalitat avaló en el 91 la compra del suelo y la construcción de los pabellones, por 30 millones de euros, y en el 98 asumió la deuda financiera a través de una subvención nominativa anual en el entorno del medio millón, que sigue figurando hoy día. "Hasta 2003 IFA no tuvo ningún excedente positivo, era imposible reducir o refinanciar la deuda".

La solución en la que todos estaban de acuerdo (también el alcalde socialista de Elche Alejandro Soler, hoy en el Sepes, como se puso de manifiesto durante la comisión) era la ampliación. Pero llegó la crisis, la Generalitat se quedó sin liquidez, y el IVF cerró el grifo. "Teníamos mucho suelo (IFA realizó diversas operaciones bajo la dirección de Galvañ para convertirse en propietario mayoritario de la zona, con compras y permutas), un proyecto de reparcelación aprobado, y no podíamos inscribirlo", lamentó Galvañ. En 2012, el precio del suelo terciario comenzó a recuperarse, pero IFA seguía sin poder rentabilizar el suyo. El valor actual de ese suelo, según los precios de Pimesa que Galvañ utilizó como referencia, sería de 40 millones de euros.

Mollà "torpedea" la comisión

Al margen del relato de Galvañ, que en ocasiones se perdía en las contextualizaciones, provocando alguna protesta, la comparecencia puso de manifiesto el 'pique' entre el técnico y la portavoz de Compromís en la comisión, la ilicitana Mireia Mollà. Hasta el punto de que el presidente de la mesa, el popular Vicente Casanova (que sustituía a Rosa García, de Cs), tuvo que llamar al orden en dos ocasiones a la diputada, para pedirle "respeto" al compareciente, primero, y acusarla de "torpedear la comisión", después. Mollà, que lamentó que el exdirector general no contestase directamente a sus preguntas, buscó las cosquillas a Galvañ con los gastos de consultoría de Jordi Vallverdú (asesor del proyecto de IFArena) o los contratos por encima del límite de gasto que firmó en 2015. "Había un plan de viabilidad vigente, teníamos que tomar decisiones urgentes", se defendió.

La actual directora general, Esther Guilabert, fue la siguiente en comparecer, para asegurar que "sería bueno" para IFA que, en lugar de tener unos terrenos anexos sin actividad, se pudiera concluir esa urbanización y desarrollar una actividad, más ligada a eventos que al negocio del recinto ferial (es decir, el plan de la anterior dirección una vez descartado el arena). Guilabert relevó a Galvañ en mayo de 2016, momento desde el cual, defendió, ha impulsado un modelo "transparente" y "colaborativo" con los órganos de gobierno, y "se ha alcanzado el equilibrio en las cuentas".

En este sentido, cabe recordar que las cuentas de IFA para 2019 apuntan un resultado de 11.000 euros positivos, que depende de que se cumplan las previsiones con las que se han elaborado (y de la subvención de 567.000 euros consignada, que Guilabert explicó que corresponde a la amortización de una ayuda recibida hace diez años). En su opinión, en esta época hay que ser "tremendamente prácticos" y poner "al 100% el recinto ferial", en lugar de retomar el proyecto de ampliación de 2004. "Hay margen de mejora y de crecimiento", señaló Guilabert, para quien hay que "rentabilizar" las instalaciones con más eventos.

Entre los problemas afrontados desde 2016, destacó el juicio con el arquitecto del IFArena que pedía una cantidad "millonaria" por el proyecto básico, al que hubo que pagar 1'8 millones más intereses (que conllevó un embargo de las cuentas), las deficiencias en el pabellón 1, que no cumplía "las condiciones mínimas de seguridad"; la deuda con el Ayuntamiento de Elche por el IBI (que motivó el embargo del pabellón); una plantilla afectada por sucesivos EREs o los impagos a proveedores, aunque "se ha ido normalizando".