MADRID (EFE). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra este lunes la vista por la triple cuestión prejudicial planteada por un magistrado español sobre la validez de las hipotecas referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Aunque la sentencia se conocerá, previsiblemente, en la segunda mitad del año, la banca seguirá con atención desde mañana las novedades procedentes de Luxemburgo donde se dilucidará un proceso que, de declarar nulo este índice, podría acarrear al sector un coste de entre 7.000 y 44.000 millones, según Goldman Sachs.
En su informe, el banco de inversión extrapola el impacto que tendría un fallo favorable al consumidor desde las entidades cotizadas a las que cubre -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter y Unicaja- al resto del sistema financiero español. A excepción de Bankinter, al que no afectaría la factura, los otros seis tendrían que asumir un coste antes de impuestos de entre 4.600 y 29.249 millones, dando por hecho que todos los afectados -en torno a medio millón- reclamarían su dinero.
En términos absolutos, CaixaBank sería la más expuesta a la posible anulación del IRPH, lo que le costaría entre 1.775 y 11.250 millones. Por su parte, Santander y BBVA tendrían que devolver ambos entre 1.014 y 6.428 millones; Bankia, entre 406 y 2.571 millones; Sabadell, entre 355 y 2.250 millones, y Unicaja, entre 51 y 321 millones, en virtud de las estimaciones de Goldman Sachs.
Para los expertos consultados por Efe, la exposición de determinados bancos constata la concentración geográfica del IRPH. "Más que comercializarse entre un determinado perfil de cliente, la venta de estas hipotecas dependió de la comunidad autónoma", señala el director general de reclamapormi.com, Adrián San Martín.
En concreto, cita a Andalucía, País Vasco y Cataluña como aquellas que registran una "densidad mayor" de casos en préstamos suscritos "sobre todo con Kutxabank, UCI y CaixaBank" pero también por cajas que tras la reestructuración se integraron en grupos bancarios. En opinión de San Martín, muchas de estas extintas entidades fomentaron el IRPH pues es "mucho más controlable que el euríbor", por lo que optando por este índice se habrían cubierto de cualquier posible abaratamiento de las hipotecas.
Los aspectos que deberá aclarar Europa son si el IRPH es nulo o ilegal, si tiene que estar sometido a los mismos controles de transparencia que otros productos y si, de ser contrario a los bancos, cabría la posibilidad de conceder la retroactividad.
En este contexto habría que ver además qué otro índice sería el escogido para referenciar las hipotecas de los perjudicados, cuyo perjuicio estaría en torno a los 20.000 euros por cada 200.000 euros de hipoteca, indica la presidenta de la asociación de consumidores Asufín, Patricia Suárez. Suárez destaca la importancia de la cita de este lunes, a la que está previsto que acudan eurodiputados y en la que intervendrán los letrados del banco, del consumidor, de España, del Reino Unido, el abogado general de la UE y el de la Comisión en turnos de 15 minutos.
Tras las intervenciones, el abogado general comunicará a la sala, reunida en pleno, la fecha de publicación de su informe, lo que podría oscilar entre las dos semanas y los tres meses; una vez desvelado el contenido de ese documento, la sentencia se demoraría dos o tres meses más, posiblemente hasta septiembre. Del dictamen del TJUE depende la consolidación de una doctrina clara por parte de los jueces, divididos entre quienes consideran el IRPH un índice manipulable y los que avalan su utilización.
