La ex alcaldesa de Dénia, entre los cuatro imputados por el 'caso Fitur' de la Diputación de Alicante 

ALICANTE. Los exdirectores económicos del Patronato de Turismo Costa Blanca Ana Kringe y Miguel Juan Baldó y dos empresarios comparecerán ante un juez como investigados por un delito contra la Administración por supuestas irregularidades en los contratos para el montaje del expositor de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Se da la circusntancia de que Kringe también puede ser imputada en el caso Púnica tras el último informe de la UCO de la Guardia Civil.

Así consta en un comunicado de prensa remitido este lunes  por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tras conocerse que el juzgado de Instrucción 7 de Alicante ha abierto diligencias por estos hechos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

La causa se abrió el pasado septiembre, siete meses después de que el grupo de Compromís en la Diputación de Alicante denunciara los hechos ante la Fiscalía.
El magistrado José Luis de la Fuente ha practicado diversas diligencias y ha citado ahora a declarar como investigados (término que sustituye al de imputado tras una reforma legal) a Baldó, Kringe (que fue también alcaldesa de Dénia por el PP) y a los administradores de las empresas adjudicatarias.

 La investigación se centra en las adjudicaciones del Patronato de Turismo Costa Blanca, un organismo dependiente de la Diputación de Alicante, para Fitur en los años 2007 y 2008, cuando la corporación provincial estaba presidida por José Joaquín Ripoll (PP).

Las empresas que se hicieron con estos contratos son Equipamiento Integral para Stands Molinos SL y Exporiggin SL, regentadas por el matrimonio compuesto por Javier Molinos y Mercedes Lasa, ambos investigados en esta causa. Hace un año, en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, Compromís presentó setenta facturas y cifró este presunto fraude en 3,2 millones.

Los denunciantes sostienen que hubo fraccionamiento ilegal de contratos, "manipulación" de concursos públicos abiertos y "sobrecostes" no justificados. Las dos empresas adjudicatarias están administradas por un matrimonio del País Vasco que ha sido encausado en otro procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para Fitur, junto a la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja Pepa Ferrando.

Las adjudicaciones del Patronato de Turismo Costa Blanca bajo sospecha se realizaron cuando la Diputación de Alicante estaba gobernada por José Joaquín Ripoll, quien se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación por distintos delitos en el marco del 'caso Brugal'.

 La investigación que ha abierto ahora el juzgado de Instrucción 7 de Alicante se circunscribe a los años 2007 y 2008, pues los presuntos delitos cometidos en anteriores ejercicios habrían prescrito. Al mismo tiempo, a petición de la propia Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha acordado remitir una parte de la causa a los juzgados de Benidorm y Dénia para que investiguen las adjudicaciones a las mismas empresas de los ayuntamientos de Benidorm, Altea, Benissa, El Vergel y Teulada. E