ALICANTE. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha notificado este martes el auto por el que da por concluida la instrucción del llamado Caso Comercio y acuerda la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Se trata de un paso previo a la apertura de juicio contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y sus dos asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, por un delito de prevaricación por la adjudicación directa de 25 contratos menores pero por un importe global de más de 189.000 euros. A los asesores, además, se les imputa un delito de usurpación de funciones. El auto es recurrible: desde su notificación se abre un plazo de tres días para que se presente recurso de reforma (ante el propio juzgado) y de cinco días en el caso de que se opte por recurrirlo en apelación ante la Audiencia Provincial. Al mismo tiempo, el auto da 20 días de plazo a la Fiscalía y a la acusación popular, ejercida por el PP, para que solicite el seobreseimiento o la apertura de juicio oral, "formulando escrito de acusación". O, en su caso, que soliciten la práctica de nuevas diligencias.
En un su resolución, la instructora mantiene que, entre los meses de noviembre y diciembre "se concertaron para eludir la convocatoria de concurso público y adjudicar de manera directa al menos 14 contratos sirviéndose para ello del fraccionamiento de los mismos y adjudicándolos como contratos menores". La instructora ha dictado, además, una segunda resolución en la que rechaza la petición de los dos asesores investigados para incorporar a la causa los expedientes de las Galas de Comercio de los años 2013 y 2014 porque "no son objeto de investigación en el presente procedimiento". Fuentes jurídicas señalaron este lunes que es escrito sí se había llegado a incoporar al proceso.
La decisión de la jueza ha trascendido justo un día después de que la instructora tomase declaración a cuatro de los seis últimos proveedores de servicios contratados, cuyo testimonio se había fijado para este lunes. Y justo después de que la defensa de Díez y De Gea solicitase la declaración de otros dos testigos que, en realidad, ya habían comparecido en el juzgado: los máximos responsables técnicos de la Concejalía de Comercio. Como ha informado este diario, la jueza denegó esa petición. En esa segunda resolución, la instructora argumenta que las partes ya tuvieron "facultad y posibilidad de realizarle todas las preguntas y aclaraciones que tuvieron por conveniente en la fecha en la que se les tomó declaración en la sede de este juzgado".
Las reacciones políticas no han tardado en sucederse. Primero, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha apuntado al conocer la noticia a través de los medios de comunicación que el auto complica todavía más la situación del alcalde, a quien ha instado a ser coherente con la posición defendida en el pasado respecto a la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, o incluso sobre la exedil de Guanyar Nerea Belmonte. Con todo, ha insistido en que el PP no solicitará su dimisión hasta que se dicte el auto de apertura de juicio. Eso sí, ha instado a los socios de Gobierno del PSOE, Guanyar y Compromís, a posicionarse para poder desbloquear el funcionamiento de la ciudad. "Ni se quedan, ni se van, se están yendo, y eso no permite avanzar", ha dicho Barcala.
Por su parte, el alcalde ha hecho declaraciones a los medios minutos antes de que trascendiera la decisión de la juez, en las que reiteraba su tranquilidad al respecto. A primera hora de la mañana y antes de inaugurar las Jornadas de Tráfico Marítimo organizadas por la Fundación Proport Alicante, que se celebran en el Auditorio de la Fundación Caja Mediterráneo, el alcalde aseguraba que no había ninguna novedad sobre su escenario judicial. "Yo soy abogado, las sensaciones no influyen, influye luego la decisión final", aseveraba.
