ALICANTE. La polémica en torno a la regeneración de la playa del Portet de Moraira, considerada hasta hace poco la mejor playa de arena de la Comunitat, y las consecuencias que esta acción ha tenido sobre sus características (ancho de la franja de arena, tipo de grano, color del agua...) lleva camino de recrudecerse. Y hasta empieza a oler a aquellas antiguas controversias que protagonizaban hace una década, y casualmente en la misma zona, asociaciones vecinales a las que nadie hacía caso y administraciones que las ignoraban, hasta que llegó Bruselas. Por ejemplo, la campaña de Abusos Urbanísticos No y la expedición de europarlamentarios que logró traer a la Comunitat poco antes de que estallase la burbuja.
Cierto que lo que investigaban aquellos eurodiputados no era, como intentó hacer ver la entonces oposición de izquierdas, la depredación del territorio por el 'urbanismo del PP', sino la inseguridad jurídica a la que se enfrentaban los propietarios extranjeros de viviendas merced a la figura de la expropiación, o las estafas que habían cometido algunos promotores. Pero las quejas de una asociación vecinal lograron poner bajo la lupa de la Comisión Europea la gestión urbanística de la Generalitat y de decenas de ayuntamientos.
Algo parecido, aunque limitado a la coqueta playa del Portet, es lo que pretende hacer ahora la plataforma SOS Moraira, visto que ni el Ayuntamiento, ni la Dirección Provincial de Costas, ni la Delegación del Gobierno han atendido sus reclamaciones. La plataforma que lidera el abogado Javier Gimeno se las está apañando para armar bastante ruido en torno a la polémica: ha llevado a los tribunales a la directora provincial de Costas, Rosa de los Ríos, al alcalde de Moraira, Carlos Linares, y a la concejal de Medio Ambiente; va a manifestarse aún sin el visto bueno de la Delegación del Gobierno este sábado, y ya avanza que piensa pedir a la Comisión Europea que investigue la regeneración de la discordia. Y llegado el caso, que le quite la bandera azul al Portet.
Según anunciaron este jueves, tras negarles el subdelegado del Gobierno en Alicante la comunicación de la concentración de protesta prevista para el sábado, SOS Moraira llevará el asunto a la Comisión Europea (CE) para que investigue lo sucedido, y solicitarán que, por parte del organismo medioambiental competente, se proceda a la inspección de la playa e incoación de expediente de retirada de la distinción de la bandera azul. A su vez, la plataforma anuncia que "se procede a formular denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente" (en la misma Dirección General de Costas a la que ha denunciado ante los tribunales) sobre el "uso irregular de los fondos asignados para llevar a cabo el plan de actuación de 9/01/2017, fondos que lo fueron exclusivamente para reparar los daños ocasionados por los temporales, pero nunca para otros fines", como entienden que ha sucedido en la playa del Portet.
El quid de la cuestión estriba en que SOS Moraira sostiene que el Portet, a salvo de temporales por su peculiar morfología, no precisaba de la actuación que se llevó a cabo, con un aporte de 8.000 toneladas de sedimentos que modificó el perfil de la playa y la línea del litoral, que consideran "extralimitado". Por ello, la plataforma sospecha de un presunto delito urbanístico, al temer que el aporte de arena busque en realidad convertir la cala en una playa urbana (técnicamente, se consigue al lograr que el ancho de la franja mida 50 metros), lo que alteraría su consideración y permitiría al Ayuntamiento otorgar nuevas concesiones, como chiringuitos.
En la misma línea se ha pronunciado la geógrafa de la Universidad de Alicante (UA) Concha Bru, quien señala desde la página web del Instituto Interuniversitario de Geografía que tras la actuación existiría un interés por "ensanchar la playa" previo a los temporales, que se usaron para justificarla. La experta, que asegura que siguió de cerca el proceso de regeneración, critica que para llevar a cabo este ensanchamiento se habría optado por "la solución más rápida y económica", con el empleo de un material que no reuniría la calidad adecuada.
La plataforma tenía previsto concentrarse este sábado, de 18:30 a 19 horas, en la misma playa, "en defensa de la posidonia marítima y el resto de flora y fauna marina, así como de la claridad del agua, que han sido atacadas de plano por el vertido reciente de 8.000 toneladas de tierra y grava sin lavar". Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno en Alicante no la ha autorizado, al considerar que la comunicación llegó fuera de plazo. La consecuencia práctica es que no habrá efectivos de los cuerpos de seguridad ni de emergencias, y que los participantes en el acto podrían ser sancionados si hay incidentes. La plataforma acusa al subdelegado del Gobierno de posicionarse "en favor del Ayuntamiento de Teulada, dejando desprotegidos a los ciudadanos que acuden en su ayuda".
La plataforma que lidera Gimeno critica las "amenazas de sanción" por parte de la Subdelegación si la concentración se lleva a cabo (que se llevará), y destaca que el colectivo ciudadano se ha quedado solo como "los únicos defensores frente a la hecatombe ecológica llevada a cabo por la Dirección Provincial de Costas de Alicante, en contubernio con el Ayuntamiento de Teulada". Desde la plataforma señalan que la protesta sigue adelante: en lugar de convocar una manifestación, quedarán para tomar un baño. "La gente se va a bañar igualmente en la playa mismo día y hora, con o sin la protección solicitada al Ayuntamiento y este a Delegacion de Gobierno".
El Consistorio, por su parte, defiende la actuación realizada porque se siguió el criterio de Costas (la aportación de arena se hizo para recuperar la playa tras el temporal del pasado invierno), señala que solo se aportaron 7.000 toneladas porque los técnicos las consideraron suficientes, y niega que se haya afectado a la posidonia.