VALÈNCIA. El Hotel SH Valencia Palace acogió este martes un desayuno informativo organizado por Valencia Plaza para debatir sobre las licencias de actividad y los retos a abordar en esta materia, especialmente en lo referente a la agilidad en su tramitación y a una posible colaboración entre la administración y entidades privadas y colegios profesionales.
Ante la próxima cita electoral para las municipales del domingo, representantes políticos pusieron encima de la mesa sus propuestas ante empresarios del sector del ocio, abogados y arquitectos que aportaron su visión. En torno a este tema reflexionaron Carlos Galiana, actual concejal de Comercio en el consistorio valenciano y número siete en la lista municipal por Compromís; Borja Sanjuán, portavoz del PSPV en la ciudad de València y número 8 de la lista municipal; Juan Giner, número 6 por el PP y Julián Larraz en representación de Cs. Podem-EUPV declinó la invitación de Valencia Plaza.
Asimismo, participaron el arquitecto Málek Murad Mateu; Jorge Ramírez, abogado socio de Salvatierra Abogados; Antonio Calero, empresario propietario del Marina Beach Club; Víctor Pérez, presidente de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat (Fotur); Juan Carlos Sanjuán, CEO y fundador de Casual Hoteles, y Nacho Romero, del restaurante Kaymus.
Juan Carlos Sanjuán, de Casual Hoteles, arrancó el debate haciendo hincapié en el principal escollo en la concesión de licencias: la lentitud en su tramitación. En este sentido, señaló que mientras en ciudades como Cádiz en ocho meses se obtiene, en València llevan año y medio a la espera y “sin respuesta”. “Esperar seis u ocho meses es coherente. Un año y medio es una tomadura de pelo”, subrayó.
A su juicio, los ayuntamientos no deben “entrometerse” en esta cuestión a excepción de los casos que afecten a patrimonio protegido. “Los arquitectos saben qué hacer, hay que pasarles a ellos la responsabilidad porque los técnicos municipales están saturados”, señaló. De hecho, señaló que hace dos semanas grupos inversores le trasladaron su negativa a instalarse en Cataluña, por el conflicto político, y en València precisamente por la demora de las licencias.
Otro de los puntos que varios de los asistentes coincidieron en señalar fueron las trabas administrativas y vecinales para la puesta en marcha de un negocio. Antonio Calero, dueño del Marina Beach Club, puso el acento en la necesidad de cambiar la actual mentalidad y actitud “contra el ocio” tanto por parte de vecinos como de funcionarios.
“Puedo tener una ley maravillosa pero poner palos una y otra vez. Un vecino con la palabra ‘molestia’ puede parar un local sin tener en cuenta si ‘cumple o no’ la ley”, lamentó para criticar, por otro lado, que se ha encontrado situaciones en las que estaba a punto de concluir un proceso y días antes desde la administración le exigían nueva información. En este punto, el abogado Jorge Ramírez, apuntó que en muchos casos, el problema reside en las propias trabas que puede poner el funcionario y en “lo neurótico que sea el vecino” a la hora de protestar por un negocio. Señaló que el Ayuntamiento debe marcarse objetivos para cumplir los plazos que marca la ley.
Víctor Pérez, de Fotur, puso en valor el binomio turismo y ocio y la necesidad de resolver con agilidad la tramitación de licencias, a la que vez que lamentó “parece que solo se hacen inspecciones a los locales legales”, mientras que a los que no cumplen con la normativa “ni se les visita”.
Málek Murad consideró positiva la solución que incluye la Lotup para que los ayuntamientos se acojan a un sistema de colaboración con Organismos de Certificación Administrativa (OCAS) y afirmó que el colectivo de arquitectos puede avalar un proyecto para minimizar el volumen de trabajo de los técnicos municipales. Pero avisó de que “hay tanta normativa que sólo la administración tiene posibilidad de acceder a los expedientes”. De este modo, insistió en recuperar el convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos para agilizar la tramitación.
Carlos Galiana de Compromís, negó que en la ciudad haya 3.000 licencias de actividad paralizadas, como se es ha recriminado por parte de la oposición a lo largo de la legislatura. “Es falso. Lo que hay son expedientes entre denuncias de vecinos, traspasos, pero no todo son nuevos negocios”, remarcó para incidir en que cuando en 2015 llegó a la concejalía se encontró un tapón de 7.000 expedientes.
Aseguró que con el desarrollo de la Lotup la situación cambiará y abrió la puerta a incorporar a los profesionales de la arquitectura en la comisión de unificación de criterios, encargada de evaluar las diferentes licencias de actividad. Galiana se marcó el reto de mejorar la relación del ayuntamiento e inversores con “mentalidad de apertura para que vengan a invertir a la ciudad”.
Desde el PSPV, Borja Sanjuán destacó el trabajo realizado en la legislatura para conseguir que “el ayuntamiento sea menos lento de lo que es”. Y es que explicó que el consistorio cuando llegaron contaba con “escasez” de medios y estaba “intervenido por el Ministerio de Hacienda”, lo que dificultó su capacidad de maniobra en materia de personal. Ahora, señaló, la situación ha cambiado y se ha pasado de 49 funcionarios en este ámbito a 60. “Es insuficiente, pero es una mejora”, admitió.
El portavoz municipal del PSPV cree que la posibilidad que ofrece la Lotup aportará “claridad” y se mostró a favor del convenio con los arquitectos y en unificar criterios en cuanto a la concesión de licencias de actividad. Además, mostró el compromiso de los socialistas con la creación de una Oficina del Inversor que sea “proactiva” y no solo capitalice inversiones, sino que las busque.
Juan Giner, PP, puso el foco en tres puntos para enmarcar el fondo del problema: "la hipertrofia legislativa de regularlo todo, la judicialización de la vida administrativa que lleva aparejado un miedo a firmar cualquier cosa y la auténtica ausencia de políticas en recursos humanos". En este punto, incidió en poner al frente a personal "solvente y con experiencia".
La apuesta de los 'populares' pasa por la colaboración público-privada para conseguir la reducción de los tiempos de tramitación y por dar "certeza y seguridad" en los departamentos de licencias municipales.
Julián Larraz de Cs manifestó que cuando hay un problema y un proceso no funciona adecuadamente, es necesario analizarlo para ver cómo mejorarlo y, de esta forma, defendió la digitalización en los trámites para evitar duplicidades en la documentación, así como en la colaboración público-privada para agilizar y llegar al objetivo de cumplir con los plazos que marca la legislación.